Al igual que ocurre con el debate sobre el control de armas, el problema no desaparece: quienes quieran cometer delitos seguirán haciéndolo; solo que ahora, todos los demás estarán bajo vigilancia.
Aunque la Comisión Europea haya retirado formalmente la controvertida propuesta de Control de Chats, el proyecto de vigilancia digital más ambicioso de la historia de la Unión Europea sigue muy vigente. Bajo la presidencia danesa del Consejo, el plan ha resurgido con un nuevo pretexto de «voluntariedad»: los gobiernos o las plataformas que lo deseen podrán aplicar sistemas de escaneo de mensajes en nombre de la «mitigación de riesgos». Para los expertos en privacidad, esta fórmula supone abrir la puerta a la vigilancia masiva en Europa.
El Control de Chats se presentó inicialmente como una medida para combatir el abuso infantil en línea. La idea era obligar a las plataformas de mensajería —desde WhatsApp y Telegram hasta Signal o Messenger— a analizar automáticamente todos los mensajes, imágenes y vídeos de los usuarios en busca de contenido ilegal. La oposición fue inmediata. Miles de abogados, ingenieros y eurodiputados advirtieron que dicha medida violaba el derecho a la privacidad, la presunción de inocencia y el principio mismo de proporcionalidad consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE .
Debido a la falta de consenso político, la propuesta fue retirada oficialmente este otoño . Sin embargo, el texto revisado presentado por Dinamarca mantiene intacto su espíritu. Bajo el concepto de «implementación voluntaria» y «medidas de mitigación de riesgos», las plataformas tienen la opción de activar herramientas de escaneo «para proteger a los usuarios». En la práctica, esto crea un vacío legal que permite monitorizar las comunicaciones privadas sin una orden judicial.
En términos técnicos, esto significa introducir una puerta trasera : un mecanismo que permite leer o analizar los mensajes antes de cifrarlos. El cifrado de extremo a extremo está diseñado para que solo el remitente y el destinatario puedan leer lo que se envía. El análisis previo al cifrado anula por completo esa protección.
Los delincuentes no serán los afectados.
Más allá del debate político, el verdadero problema es técnico. Los delincuentes a quienes esta ley pretende perseguir quedarán impunes. Cualquiera con conocimientos básicos de informática puede sortear fácilmente estos sistemas utilizando VPN, redes Tor o servicios de mensajería alternativos fuera de la jurisdicción de la UE.
Chat Control no está dirigido a delincuentes, sino al ciudadano común: aquellos con pocos o ningún conocimiento técnico que usan las aplicaciones más comunes y confían en que el sistema los proteja. En realidad, el sistema los estará vigilando .
Las herramientas de inteligencia artificial utilizadas para el escaneo automatizado de mensajes también presentan altas tasas de error: entre un 5 % y un 30 % de falsos positivos , especialmente al analizar imágenes y vídeos. Esto significa que millones de conversaciones legítimas podrían ser marcadas, bloqueadas o incluso revisadas por error. Y una vez que existe una infraestructura de vigilancia de este tipo, nada impide que se extienda a otros fines: control político, censura o la simple recopilación masiva de datos.
Quienes apoyan la medida insisten en que se trata de “seguridad”. Pero vulnerar el cifrado es como dejar la puerta entreabierta y confiar en que solo entrarán “los buenos”. Cada puerta trasera o sistema de escaneo introduce nuevas vulnerabilidades que pueden ser explotadas por hackers, mafias o gobiernos extranjeros. En nombre de la seguridad, la UE está socavando su propio ecosistema digital.
Además, este supuesto enfoque “voluntario” crea un riesgo adicional: incentiva a las plataformas a competir por parecer “seguras” realizando aún más escaneos, privatizando de facto la vigilancia. Bajo presión política y mediática, las empresas privadas terminan asumiendo funciones que corresponden al poder judicial.
Un instrumento contra el ciudadano común
En esencia, el Control del Chat nunca tuvo que ver con la protección infantil, sino con el poder. Un sistema de supervisión masiva presentado como un escudo moral, pero diseñado para controlar el comportamiento de millones de ciudadanos.
La comparación con el control de armas es inevitable. Las leyes más severas rara vez disuaden a los asesinos decididos; solo restringen a quienes cumplen la ley. Lo mismo ocurre en el ámbito digital: quienes desean cometer delitos seguirán haciéndolo, mientras que los ciudadanos comunes pierden su privacidad, libertad y confianza en el sistema.
El verdadero objetivo no es detener el crimen, sino domesticar al usuario: mantener a todos bajo vigilancia constante «por el bien común», hasta que se lo piensen dos veces antes de expresar una opinión incómoda. La cuestión ya no es si la Unión Europea adoptará una ley de vigilancia masiva, sino cuándo y con qué pretexto.
Javier Villamor es un periodista y analista español | europeanconservative.com
