¿Qué entiende el Gobierno por mensajes de odio? Esta tendrá que ser a partir de ahora la pregunta obligada antes de emitir cualquier opinión en redes sociales. Y para encontrar la respuesta ya nos han dejado alguna pista: los homenajes a los asesinos de la banda terrorista ETA, o los actos de enaltecimiento de los crímenes de ETA, no se consideran mensajes de odio.

Este lunes el Congreso de los Diputados ha aprobado, con los votos en contra de PP y Vox, una iniciativa de Unidas Podemos por la que se insta al Gobierno a adoptar medidas para supuestamente prevenir la propagación de mensajes de odio en las redes sociales mediante la vigilancia y eliminación inmediata de los mismos.

Los de Pablo Iglesias justificaron la iniciativa asegurando que la pandemia ha generado «una creciente polarización» en la opinión pública. Para Unidas Podemos es intolerable que la opinión pública emplee «el espacio digital» para señalar a algunos individuos o grupos específicos como causantes y responsables de la crisis sanitaria.

La iniciativa de los comunistas no busca señalar a aquellos que manifiestan amenazas públicas en redes sociales, algo que ya está perseguido y penado, sino que quiere perseguir opiniones que apunten a culpar al Ejecutivo de la crisis sanitaria. Dicen en su iniciativa que «el dolor colectivo derivado del coronavirus se ha instrumentalizado con fines ideológicos», lo que, a su juicio, ha puesto «en riesgo la seguridad física y la integridad moral de quienes han sido objetivo de estos linchamientos digitales».

Así las cosas, Unidas Podemos, por boca de su diputado Ismael Cortés, ha pedido que España elimine los discursos de odio que circulan en el espacio digital, y adopte las medidas necesarias en este sentido.

24 horas para retirarlos de la Red

En concreto, el grupo confederal insta al Gobierno a garantizar que los usuarios de las empresas tecnológicas dispongan de la información necesaria sobre cómo denunciar los contenidos que inciten al odio. En concreto, plantean que se simplifiquen los mecanismos para denunciar este tipo de mensajes, que se reduzca el tiempo de procesamiento de los contenidos y que los operadores de las empresas dispongan de 24 horas para eliminarlos de la red, y de solo una cuando las víctimas sean menores.

Un atentado contra la libertad de expresión

Esta proposición de ley ha sido respaldada tanto por el PSOE como por Esquerra Republicana (ERC) mientras que el PP, Vox y Ciudadanos han cargado contra la misma acusando a los de Pablo Iglesias de pretender «atentar» contra la libertad de expresión. «Quieren implantar una Inquisición laica contra todo aquello que rompe sus esquemas ideológicos», ha manifestado el diputado de Vox Manuel Mariscal.

En el PP Eloy Suárez ha tachado de «disparate» que los adalides de «lo público» pretendan que las empresas tecnológicas privadas, y no los jueces, decidan sobre lo que está bien o mal en las redes sociales y que además sea Podemos, el partido que «ha señalado domicilios de jueces y diputados para escraches», los que promuevan ahora esta iniciativa. «Ustedes pueden criticarlo todo pero a ustedes no se les puede decir la mínima palabra», se ha quejado Suárez, apuntando que su partido defenderá la libertad de expresión «hasta el último momento».

El objetivo son las críticas al Gobierno

Por último, el diputado de Ciudadanos Pablo Cambronero ha dicho que su partido no podía estar en contra de la propuesta de la formación morada pero ha apuntado la necesidad de prohibir todos los discursos de odio, no sólo uno, y singularmente le ha preguntado si en ese listado de discursos de odio se incluyen las aseveraciones de los ministros de Podemos contra el Rey.

Rechazo a la iniciativa de Vox

Por otro lado, el Congreso ha rechazado una iniciativa de Vox que instaba al Gobierno a prohibir los actos que entrañen un enaltecimiento del terrorismo y/o justificación de los asesinatos terroristas y sus autores, así como de los que conlleven «descrédito» y «humillación» a las víctimas del terrorismo y sus familiares.

«Etarras, no; víctimas, sí», ha resumido la secretaria general de Vox, Macarena Olona, quien ha acusado al Gobierno de actuar con «permisividad» con este tipo de actos «ignominiosos» como «concesión» al PNV y Bildu, de cuyos votos depende su permanencia en el poder.

Así las cosas, Vox pide al Gobierno que inste a sus delegados de gobierno en País Vasco y Navarra a llevar a cabo las actuaciones necesarias para impedir la celebración de este tipo de actos proetarras, a modificar la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo para incluir un régimen sancionador para quienes incumplan esta norma, y a atender las Recomendaciones del Informe sobre las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial de Terrorismo del Parlamento Europeo de 21 de noviembre de 2018.

La propuesta de los de Abascal ha sido respaldada tanto por el PP como por Ciudadanos, quienes también han criticado la «pasividad» del Ejecutivo para con estos homenajes, que han cifrado en torno al centenar en los últimos años, y han exigido poner fin a la «indefensión» de las víctimas

Uso partidista

Ante esto PSOE, Unidas Podemos y Esquerra Republicana (ERC) han censurado la propuesta de Vox y le han acusado de continuar utilizando de forma «partidista» a las víctimas de ETA para la confrontación política, como así ha verbalizado el diputado socialista Felipe Sicilia.

En la misma línea se ha expresado el diputado Enrique Santiago, en nombre de Unidas Podemos, quien entiende que se pueda «empatizar» con las víctimas pero no «patrimonializarlas». «Toca normalizar la situación en Esukadi y no vivir de la rentabilidad del dolor», ha llegado de decir Santiago, quien también se ha dirigido a la izquierda abertzale a abandonar «las ostentaciones públicas» en esta materia.

Y desde ERC María Carvalho ha criticado la «obsesión interpretativa» del terrorismo debido al uso, a su juicio, «torticero» e «interesado» que han venido haciendo el PSOE y el PP y para con la banda terrorista ETA, y que algunas de sus víctimas ya han denunciado.

(Libertad Digital)

Por Redaccion

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