La okupación ilegal en España se ha convertido en una plaga social que coloca a nuestro país como el líder absoluto de este fenómeno en la Unión Europea, según un reciente documento del Parlamento Europeo. La inacción del Gobierno y la falta de seguridad jurídica agravan un problema que ya amenaza la propiedad privada.
En efecto, el Parlamento Europeo ha emitido un informe que describe la okupación ilegal en España como la más grave de toda la Unión Europea. De hecho, «España es el país con más problemas de ocupación de la Unión Europea».
Y es que mientras otros países europeos garantizan la defensa de la propiedad privada, en España los delincuentes disfrutan de impunidad bajo el amparo de leyes laxas y de un sistema judicial saturado.
La inseguridad jurídica que viven los propietarios y la pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez frente a la oleada de ocupaciones es evidente. Muchos propietarios tienen miedo de poner sus viviendas en el mercado. Se enfrentan a procesos judiciales de dos y tres años si sus casas son ocupadas, lo que deja en evidencia el caos normativo que reina en el país.
La inseguridad jurídica, un caldo de cultivo para la okupación
La okupación ilegal en España crece año tras año porque el sistema protege más al delincuente que al ciudadano honesto. El propietario que denuncia una ocupación debe esperar meses o incluso años para recuperar su vivienda. Durante ese tiempo, paga impuestos, suministros y soporta la angustia de ver su propiedad convertida en refugio de mafias o traficantes.
Bruselas no entiende cómo un Estado miembro permite semejante aberración legal. Los eurodiputados reclaman reformas urgentes y la creación de un registro europeo de okupas que permita identificar patrones de delincuencia organizada.
La Comisión Europea deberá decidir en los próximos meses qué medidas aplicará para frenar este fenómeno que ya mina la confianza en el mercado inmobiliario y la seguridad jurídica de los ciudadanos.
Un Gobierno que protege al okupa y castiga al propietario
El Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha convertido la okupación ilegal en España en una industria tolerada. Mientras se endurecen las leyes contra el ciudadano común, se suavizan las sanciones para los delincuentes. El Ejecutivo incluso se niega a modificar la Ley de Vivienda, que en la práctica protege al okupa y castiga al propietario.
En España, un ladrón puede entrar en una casa y, si demuestra que vive allí más de 48 horas, el propietario debe iniciar un proceso judicial que puede prolongarse durante años. Durante ese tiempo, el Estado no solo no lo ayuda, sino que lo criminaliza si intenta recuperar su vivienda por sus propios medios.
Mientras tanto, la izquierda mediática y política presenta a los okupas como víctimas del sistema, ignorando que detrás de muchas ocupaciones se esconden mafias organizadas que extorsionan a familias y se lucran revendiendo viviendas.
El contraste con Europa: allí se protege al propietario
El informe europeo subraya la diferencia abismal entre España y otros países de la UE.
En Francia, Alemania o Italia, la okupación se castiga con penas de prisión inmediatas. En cambio, la okupación ilegal en España apenas recibe sanciones leves y las fuerzas del orden actúan con las manos atadas.
En Países Bajos, por ejemplo, la ley considera la ocupación un delito de usurpación y permite el desalojo en 72 horas.
En España, el sistema judicial se hunde en trámites burocráticos interminables que desalientan cualquier intento de defensa de la propiedad privada.
El coste social y económico de la okupación ilegal
La okupación ilegal en España no solo destruye la propiedad privada; también tiene un impacto devastador en la economía. Miles de viviendas quedan fuera del mercado del alquiler por miedo a los okupas, lo que dispara los precios y reduce la oferta. El propio informe europeo alerta de que este fenómeno degrada el mercado de vivienda y mina la confianza inversora.
Además, la okupación se vincula a redes criminales, narcotráfico y blanqueo de dinero. Detrás de muchos casos hay mafias que cobran cuotas a cambio de “proteger” las viviendas ocupadas, un negocio que florece ante la inacción política.
Mientras tanto, el Gobierno continúa culpando a la “crisis de vivienda” o al “mercado neoliberal”, excusas ideológicas que solo buscan ocultar su responsabilidad.
La okupación ilegal en España se ha convertido en el símbolo de un país que ha perdido el respeto por la ley y la propiedad. Europa observa con preocupación cómo el Gobierno socialista permite la degradación del Estado de Derecho, mientras los ciudadanos honestos viven aterrorizados por la impunidad.
