Entre el 1 y el 6 de noviembre de 2025, Bogotá está siendo la sede de la International Conference on Family Planning (ICFP 2025). Según su sitio oficial, se presenta como el encuentro científico más grande del mundo dedicado a la planificación familiar, con la participación de más de 4,000 delegados internacionales. Sin embargo, un análisis exhaustivo del Population Research Institute (PRI) revela que detrás de esta conferencia opera una compleja red de poder y financiamiento conocida como Family Planning 2030 (FP2030). Esta red incluye el aborto dentro de su modelo de “salud reproductiva”, lo equipara funcionalmente a la anticoncepción y trabaja activamente por su normalización en los marcos legales de planificación familiar de distintos países.
El informe del PRI demuestra, con abundante evidencia documental, que FP2030 ha incorporado el aborto como un componente esencial e innegociable de su modelo, aunque procura no reconocerlo de manera explícita.
Esta omisión deliberada responde a una estrategia cuidadosamente diseñada: en muchos países, el aborto continúa siendo ilegal o severamente restringido. Además, los consensos internacionales —especialmente en el marco de Naciones Unidas— excluyen expresamente el aborto como método de planificación familiar. Y finalmente, FP2030 ha recibido financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), organismo que, bajo las administraciones del Partido Republicano, mantiene vigente la normativa que prohíbe otorgar fondos a entidades que promuevan o realicen abortos fuera del territorio estadounidense.
FP2030 articula una red internacional de más de 140 miembros, entre ellos gobiernos, fundaciones y ONGs.
El informe documenta que en 2022 USAID otorgó 15 millones de dólares a FP2030 para fortalecer sus operaciones y financiar su estructura regional, incluyendo el hub de América Latina y el Caribe con sede en Panamá, dirigido por Profamilia Colombia, filial local de la International Planned Parenthood Federation (IPPF), uno de los organizadores de ICFP2025.
Aunque FP2030 eliminó posteriormente el registro público de USAID como donante, el vínculo fue verificado mediante archivos digitales y registros presupuestarios. La evidencia muestra que los fondos sirvieron para sostener la red institucional que impulsa, directa o indirectamente, la promoción del aborto.
A su vez, el informe detalla que FP2030 mantiene alianzas con FIGO, MSI Reproductive Choices, Pathfinder International, Fòs Feminista, Women Deliver, EngenderHealth y el Instituto Guttmacher, organizaciones que defienden el aborto como un “servicio de salud esencial”. Estas entidades integran la llamada “red de apoyo” de FP2030 y actúan como sus principales operadoras globales. En conjunto, constituyen lo que el PRI denomina un “network abortista”, es decir, un sistema estructurado y coordinado de incidencia política, financiamiento y presión normativa a escala internacional.
Colombia, epicentro de una contradicción
La elección de Colombia como sede de la ICFP 2025 no es casual. Según la web oficial del evento, la decisión responde a “su liderazgo regional en materia de salud y derechos reproductivos”. En la práctica, este reconocimiento coincide con el período en que la Corte Constitucional colombiana amplió el aborto libre hasta las 24 semanas, una de las legislaciones más permisivas de la región.
El gobierno de Gustavo Petro aparece como coanfitrión del encuentro, junto con Profamilia y la Fundación Valle del Lili. Este respaldo estatal ha generado un fuerte rechazo ciudadano. Para amplios sectores de la población colombiana resulta incongruente que un gobierno que se presenta como defensor de la vida y los derechos sociales patrocine un evento que promueve políticas contrarias a la protección del no nacido.
En los días previos al inicio de la cumbre, se han registrado manifestaciones espontáneas frente al hotel sede del evento y en diversos puntos de Bogotá, convocadas por plataformas como Unidos por la Vida y colectivos ciudadanos. Las imágenes difundidas en la red X muestran a cientos de personas portando pancartas con lemas como “Colombia defiende la vida” o “La familia no se negocia”.
Los manifestantes denuncian que el evento promovido por FP2030 busca consolidar la agenda internacional del aborto bajo el disfraz de la planificación familiar y la equidad de género. A ello se suma la indignación por el uso de recursos públicos y por el respaldo explícito del Ejecutivo colombiano a organizaciones vinculadas a IPPF y sus filiales regionales.
Estas protestas reflejan una realidad frecuentemente silenciada en los grandes medios: la mayoría del pueblo colombiano rechaza el aborto y defiende políticas públicas que protejan la maternidad, la infancia y la familia. Como señaló un líder local durante las marchas, “Colombia no necesita cumbres internacionales que vengan a enseñar a eliminar vidas, sino políticas que ayuden a sostenerlas”.
Un cambio de paradigma: los networks abortistas
El informe del PRI advierte que ya no basta con analizar actores aislados como IPPF o el Population Council. Hoy, la dinámica del lobby global por el aborto se organiza en redes transnacionales con estructuras complejas, coordinación política y fuentes de financiamiento compartidas. FP2030 representa el caso más visible de este nuevo modelo.
Su estrategia consiste en vincular instituciones multilaterales, fundaciones privadas y gobiernos nacionales para influir simultáneamente en tres frentes:
- legal, mediante litigios estratégicos y reformas normativas;
- político, mediante compromisos gubernamentales y foros internacionales como la ICFP;
- cultural, mediante campañas de comunicación y educación sexual integral con enfoque de género.
En este contexto, la ICFP 2025 no puede entenderse como un evento técnico, sino como una plataforma de legitimación política de ese network global que integra sistemáticamente el aborto en la planificación familiar y presiona para modificar las leyes nacionales.
Frente a ello, la respuesta ciudadana en Colombia —pacífica, organizada y multitudinaria— demuestra que la defensa de la vida sigue siendo un principio arraigado en el corazón de los pueblos iberoamericanos.
Carlos Polo es director de la Oficina para Iberoamérica de Population Research Institute y coautor del libro “Que Otros NO decidan por Ti. Hacer Política en la Era de la Posverdad”
