De nuevo tenemos elecciones, y los partidos políticos y los medios de comunicación vuelven a hablar de lo transcendentales que son, de la importancia de defender los valores más importantes, …. y, como siempre, entre esos valores, temas, medidas, etc. que debaten, propugnan, defienden, se olvidan clamorosamente de la familia y sus necesidades.
A veces, en la arena política surge algún tema relacionado directa o indirectamente con la familia y muchos políticos hablan de su importancia, pero a la hora de la verdad, se olvidan de ella. Y esta campaña no es distinta, aunque con sus matices. Así vemos que, si bien los partidos políticos hablan algo de la familia y sus necesidades, a la hora de la verdad se quedan tan, tan cortos que, aunque cumplieran lo que prometen (de las medidas positivas, porque hay otras que mejor que no las cumplan), sería completamente insuficiente.
Evidentemente, el PSOE y Podemos nos han demostrado su «aprecio» por la familia en estos cuatro años, amén de la ley Celaá, la ley trans, etc. especialmente por el proyecto de ley antifamilia que el adelanto electoral suspendió, donde aparte de redefinir la familia según sus delirios ideológicos, específicamente imponía que los padres no podían oponerse a la educación ideológica de sus hijos por las autoridades políticas.
Sigamos por el PP. Feijó acaba de presentar su gran propuesta familiar, donde se limita a ofertar algunas pequeñas mejoras, lejos de una auténtica política familiar, destacando más bien medidas destinadas sólo a pequeños grupos, como aumentar el permiso a 26 semanas para familias monoparentales o incluso con una carga ideológica como servicios de reproducción asistida. Está bien mejorar la prestación por hijo, aumentar las horas para crianza o llegar a la gratuidad de la educación infantil, pero siguen siendo sólo pequeños pasos e inconexos, cuando necesitamos una maratón. Y si revisamos el pobre cumplimiento de las propuestas familiares de anteriores gobiernos del PP, ya la falta de esperanza sería inmensa.
Vox tiene entre sus propuestas muchas ideas favorables a la familia y propone derogar muchas de las leyes más negativas. Sin embargo, parece simplemente una colección de medidas recogidas muchas veces como reacción a pasos dados por los gobiernos socialistas. Falta que se articulen como una auténtica política familiar y que sea una auténtica prioridad política. Al menos hasta ahora, tampoco en sus negociaciones políticas para componer gobiernos o ayuntamientos parece que el tema familiar haya sido prioritario, y muchas veces ni siquiera se ha tenido en cuenta.
¿Y qué decir de los nacionalistas (incluso de algún regionalista que todavía hay)? Pues, que gran parte de ellos comparten la visión antifamiliar que la ideología de género ha impuesto como dogma. ERC, Bildu, CUP, etc. han apoyado e, incluso, empeorado las leyes del último gobierno. Los otros (PNV, Junts, Coalición Canaria, PRC…) tampoco colocan a la familia como un valor a defender, priorizando sus anhelos identitarios a no colaborar en las leyes ideológicas, y así por ejemplo PNV, Junts y Coalición Canaria votaron la ley del “sí es sí” mientras el PRC se abstuvo.
En definitiva, unos partidos tienen un claro sesgo ideológico que les lleva a atacar a la familia de forma sustancial, otros se dejan llevar simplemente por el consenso mediático alrededor de la ideología de género aunque en el fondo no compartan muchas de sus consecuencias, y otros aunque se posicionen a favor de la familia, no terminan de darle la prioridad necesaria.
Por ello, debemos ser conscientes de que el juego político de los partidos no va a promover a la familia, y que es necesaria una acción social fuerte para hacer que la prioridad de la familia llegue a imponerse a los partidos y las autoridades.
Dentro de las acciones más necesarias, está el tema educativo. El nuevo gobierno debería no sólo cambiar y/o derogar la ley Celáa, sino asegurar el reconocimiento de los derechos de los padres. Es decir, no sólo quitar los aspectos de la ley que los atacan, sino establecer legalmente el desarrollo del artículo 27 de la Constitución que los reconoce.
Por otra parte, hemos visto cómo el último gobierno casi establece una ley antifamilia, entre otras cosas porque no existe una ley que desarrolle la protección de la familia y sus derechos. Parece muy significativo sobre el aprecio de los políticos de la familia que, de los derechos reconocidos en la Constitución, los de la familia sean los únicos que no se han desarrollado legislativamente hasta ahora, 45 años después. (Hay otra excepción, pero el derecho de huelga no está desarrollado precisamente por intereses espurios de los sindicatos).
Ejemplo clarísimo es el tema que la única medida familiar de los gobiernos Rajoy (complemento de las pensiones por maternidad) fue eliminada por el último gobierno de Sánchez y sustituida por un complemento para la igualdad de género, ante la indiferencia general.
En definitiva, la familia, célula de la sociedad, sigue abandonada políticamente en España y es triste ver que, encima, los hay detractores directos, y otros que diciendo defenderla, en el fondo dan dos pinceladas, que muchas veces incumplen porque “cuesta dinero”.
 Mariano Martínez-Aedo es Presidente del Instituto de Política Familiar (IPF) |
