Desde Sumar aseguran que estos medios «ponen riesgo las instituciones democráticas»
Esta misma semana, el Gobierno ha anunciado que extenderá el derecho de rectificación a los ‘influencers
La formación Sumar, liderada por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, la comunista Yolanda Díaz, ha dado una vuelta de tuerca al ya plan represivo de Sánchez y ha instado al Ejecutivo ahora a imponer «sanciones elevadas» a los medios de comunicación que publiquen lo que el Gobierno determine como desinformación. Según Sumar, estos medios ponen en riesgo “las instituciones democráticas” y deberían ser castigados económicamente.
Los comunistas se quitan la careta
El diputado de Compromís-Sumar, Alberto Ibáñez, presentó el pasado 2 de diciembre una pregunta parlamentaria que se publicó recientemente en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. En ella, insta al Ejecutivo a tomar medidas más estrictas contra los llamados «pseudomedios». Según Ibáñez, medios críticos con el Gobierno «ponen en riesgo las instituciones democráticas».
La paradoja es clara: quienes más erosionan la democracia con estas propuestas se erigen como sus falsos defensores.
“En esos momentos [los de la DANA] se vio cómo influencers y pseudomedios de comunicación arrastraban sus teorías conspiranoicas de desgaste de la democracia”, asegura Ibáñez, quien exige sanciones económicas “con cuantías elevadas” para las acciones que el Gobierno considere desinformación.
Ibáñez va más allá. Reclama «sancionar económicamente con cuantías elevadas» a los medios que propaguen informaciones que el Ejecutivo clasifique como desinformación. Concretamente, señala que los bulos pueden «poner en riesgo la seguridad de la población y de las instituciones democráticas». Este lenguaje, ambiguo y peligroso, otorga al Gobierno un poder desmedido para decidir qué voces acallar.
Un control más estricto también sobre las redes sociales
El Consejo de Ministros aprobó este martes un anteproyecto de ley que es un paso más en el control de la información aplicado a los llamados “usuarios relevantes” de redes sociales, es decir, aquellos que acumulen más de 100.000 seguidores en una plataforma o más de 200.000 en total.
Con esta medida, cualquier ciudadano con gran influencia en redes sociales que publique información que el Ejecutivo considere falsa podrá ser obligado a rectificar o enfrentar posibles consecuencias legales. Según fuentes del Ejecutivo, esta normativa busca evitar la propagación de bulos que puedan afectar a la seguridad de la población y a las instituciones democráticas.
Bajo el pretexto de combatir la desinformación, el Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz pretende convertir las redes en un espacio amordazado, donde cualquier crítica pueda ser reprimida.
Medidas propias de un estado represor
Las propuestas de Sumar y las nuevas medidas del Ejecutivo han suscitado un fuerte rechazo por parte de la sociedad y expertos. Denuncian que estas iniciativas no son más que un intento de imponer la censura y la represión así como silenciar a los medios críticos con el Gobierno.
El pasado mes de abril, el Ejecutivo ya lanzó el llamado Plan de Acción por la Democracia, un paquete de medidas para luchar contra los denominados “pseudomedios” que, según la oposición, buscaba amordazar a la prensa crítica. Ahora, con las nuevas propuestas, las críticas se han intensificado, especialmente ante lo que califican como un ataque directo a las libertades fundamentales.
La verdadera cara del comunismo: censura y represión
El comunismo, allí donde ha echado raíces, ha mostrado siempre su rostro más autoritario: represión, censura y finalmente eliminación de cualquier disidencia. España no es una excepción. Durante la Guerra Civil, ya vivimos cómo la izquierda más radical actuaba con criminalidad, y hoy, en pleno siglo XXI, el comunismo representado por Yolanda Díaz y su formación Sumar, vuelve a quitarse la careta.
La última ofensiva del Gobierno liderado por el PSOE, con Díaz como una de sus principales figuras, es un ataque directo a la libertad de prensa y expresión. Sumar ha propuesto que se sancione económicamente a los medios que difundan lo que ellos consideren «bulos». Es decir, que el propio Ejecutivo decidirá qué es verdad y qué no lo es, mientras castiga con multas elevadas a quienes no sigan su discurso. Una medida digna de los regímenes más totalitarios que recuerda las fases históricas del comunismo: primero la censura, luego la represión y finalmente la cárcel o la desaparición.
El comunismo: censura como ADN político
Históricamente, el comunismo siempre ha funcionado de esta manera: primero establece la censura, luego la represión, y finalmente, la eliminación de los opositores. Lo vimos en la Guerra Civil, donde las milicias comunistas no dudaron en asesinar a religiosos, intelectuales y civiles por no compartir su visión ideológica. Hoy, la censura se moderniza, pero el objetivo sigue siendo el mismo: silenciar a quienes piensen diferente.
Las declaraciones de Alberto Ibáñez son un claro ejemplo de esta tendencia autoritaria. «Influencers y pseudomedios de comunicación arrastraban sus teorías conspiranoicas de desgaste de la democracia», afirmaba el diputado de Sumar, justificando así sus medidas represivas. Lo irónico es que un Gobierno que ha propagado innumerables bulos se declare ahora como defensor de la verdad.
La libertad de prensa en peligro
El Plan de Acción por la Democracia de Sánchez, lanzado meses atrás, ya apuntaba en esta dirección, pero lo que propone ahora Yolanda Díaz va mucho más allá. Las «sanciones elevadas» a la prensa crítica son solo un paso más hacia la consolidación de un régimen donde solo la voz oficial tenga cabida.
La censura es el recurso de los débiles, de aquellos que no tienen argumentos para convencer y necesitan imponer por la fuerza sus ideas. España, bajo este Gobierno, se enfrenta a una amenaza real contra sus libertades.
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