Un Gobierno criminal que no cumple con los más débiles: 600 enfermos de ELA han muerto sin ayudas pese a la ley aprobada

Unzué denuncia que 600 enfermos de ELA han muerto sin ayudas pese a la ley aprobada hace siete meses.

España ha normalizado la mentira institucional. El Gobierno aprueba leyes que se venden como conquistas sociales, pero luego las entierra sin vergüenza. La ley de apoyo a los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) se aprobó hace más de siete meses. Pero sigue sin implementarse por una simple y escandalosa razón: no hay dinero asignado.

El resultado es dramático. Más de 600 personas con ELA han muerto desde que el Congreso votó favorablemente aquella ley. La ayuda prometida no llegó. La atención adecuada nunca se financió. El Gobierno, lejos de actuar, miró hacia otro lado. Eso no es desidia. Es un acto criminal. Se sabía que los pacientes no podían esperar. Se sabía que el tiempo apremiaba. Y, aun así, los dejaron morir.

Una ley aprobada sin fondos es una farsa inmoral. El Congreso aprobó la ley entró en vigor el 1 de noviembre de 2024. Han pasado ya 7 meses. Se anunció con fanfarrias en medios afines. Se presentó como un paso adelante en materia social. Pero nunca se desarrolló económicamente. Ni un euro fue asignado para su aplicación real. ¿De qué sirve una ley sin recursos? De nada.

La política actual se ha vuelto espectáculo. Aplausos vacíos, titulares huecos y promesas sin cumplir. La ley ELA se convirtió en papel mojado, mientras centenares de enfermos fallecían esperando una atención básica. Este gobierno solo apoya y promociona la cultura de la muerte, ya sea el aborto o la eutanasia. Nunca la vida. Esa irresponsabilidad política debe tener consecuencias legales. No podemos seguir aceptando que el poder legisle sin ejecutar.

El clamor de los enfermos es un grito que nadie quiere oír. Los enfermos de ELA han denunciado esta situación una y otra vez. Han hablado en medios, han acudido al Congreso, han presentado documentos, testimonios, estadísticas. Pero el sistema sigue ignorándolos. La clase política prioriza sus pactos, sus cuotas de poder, sus debates ideológicos estériles.

El silencio mediático en torno a este escándalo es tan alarmante como revelador. Las televisiones, los grandes diarios, los canales izquierdistas callan. No se habla de los 600 fallecidos. No se investiga por qué no se aplica la ley. No interesa. Mientras tanto, los pacientes mueren sin apoyo, sin ayuda, sin consuelo.

El portavoz de la Confederación Nacional de Entidades de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ConELA), Juan Carlos Unzué, ha expresado su profunda decepción por la inacción política tras la aprobación de la Ley ELA cuya implementación sigue sin materializarse. Ha denunciado la falta de respuesta por parte de los responsables políticos. Más claro, agua.

Lo que debería ser una política pública urgente se ha convertido en un ejemplo de indiferencia institucional. El clamor de los enfermos no aparece en los telediarios, no interesa a los tertulianos, no encaja en las prioridades de los ministros.

Un Gobierno que incumple su propia ley es un Gobierno traidor. Cuando un Gobierno aprueba una ley para salvar vidas, y luego omite deliberadamente su ejecución, incurre en una forma superior de traición, es un gobierno criminal, al menos, políticamente hablando. Ya no se trata de mala gestión o incompetencia. Se trata de un crimen por omisión, donde la dejadez se cobra vidas.

600 pacientes de ELA han muerto desde la aprobación de la ley. Ninguno recibió el apoyo prometido. Ninguno fue escuchado por los responsables políticos. Esta cadena de muertes no puede quedar impune.

¿Dónde está la justicia ante este abandono masivo? La inacción del Estado no puede salir gratis. Es hora de que la justicia intervenga. Que los responsables respondan penal y administrativamente. Que se determine quién decidió no dotar económicamente la ley. Y que se apliquen las sanciones que correspondan.

No podemos aceptar que se aprueben normas de gran impacto social y luego se guarden en un cajón sin ningún tipo de control. Este caso requiere investigación judicial inmediata. No estamos hablando de retrasos técnicos. Estamos hablando de muertes evitables.

Esto no es ideología: es humanidad. Aquí no discutimos ideologías. No hablamos de izquierdas o derechas. Hablamos de enfermos terminales. De personas sin tiempo. De familias que sufren. Y de un Gobierno que les dio la espalda.

Este no es un tema político. Es una cuestión de humanidad básica. De dignidad. De respeto. De justicia. Y quienes hoy gobiernan, con mayoría parlamentaria y poder ejecutivo, tienen en sus manos la solución. Pero han elegido no actuar.

Basta de traiciones disfrazadas de leyes vacías. Los enfermos de ELA no pueden esperar más. Necesitan atención hoy, no dentro de seis meses. La ley aprobada debe financiarse ya. Y los culpables del retraso deben rendir cuentas ante la justicia. No se trata de ideología. Se trata de decencia política. De responsabilidad moral. De defensa de la vida.

Cada día que pasa sin dotación presupuestaria, es un día más de muerte y sufrimiento. Cada uno de esos fallecimientos representa un fracaso institucional absoluto. No son cifras. Son vidas humanas. Familias destrozadas. Pacientes que confiaron en un sistema sanitario, de un gobierno que, simplemente, los abandonó.