Una DEMOCRACIA FALLIDA y una organización presuntamente criminal | Eusebio Alonso

Se entiende por democracia al sistema político en el que la soberanía reside en el pueblo. Soberanía que la ejerce el pueblo directamente o por medio de representantes. Esta característica, tal vez, la haga la mejor forma de gobierno. Sin embargo, esta definición es tan solo una declaración de intenciones que puede plasmarse en infinidad de maneras con estéticas variopintas. Quizás, el ejemplo más notorio de democracia participativa sea el de Suiza. País en el que casi todo se somete a referéndum consultivo. En el otro extremo se encontrarían “democracias” como la española en las que se llega a alterar la Constitución, norma fundamental de convivencia, sea en contenido, o en interpretación, sin que el pueblo apenas se aperciba de ello.

Cualquier democracia que se precie debe velar por la independencia de sus poderes. Poderes que, como todos ustedes saben, son: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Para evitar la aparición de cualquier deriva anti-democrática, todas las democracias deben dotarse de instituciones y de una oposición seria y fiable que garantice esa independencia de poderes. Una prensa libre e independiente, no sometida exclusivamente a la financiación gubernamental, desempeña también un papel fundamental para asegurar el futuro de una democracia saludable.

El funcionamiento de las instituciones precisa ser independiente, y todas ellas deben estar sometidas, de forma exclusiva, al propósito que les asigna la legislación vigente, y nunca a los intereses del gobierno de turno al que deben controlar sin temor alguno. Por otra parte, la oposición, además de proponer proyectos de ley con el propósito de mejorar el bienestar de los ciudadanos, tiene la obligación de vigilar a los que desempeñan la acción de gobierno para asegurarse de que éstos realizan su labor de acuerdo a la ley, sin excesos.

Al día de hoy, hay pocas instituciones independientes en España. Tal vez la Guardia Civil, a pesar de tener mandos políticos, y buena parte de la judicatura, que también los tiene. Para ser justos, no hay que ocultar que la falta de independencia alcanzada por los poderes del Estado y por las instituciones se ha producido de forma progresiva, y es corresponsabilidad tanto del PP como del PSOE, que han aprovechado sus oportunidades de gobierno para pervertir su funcionamiento con arreglo a sus intereses.

Para que un sistema pueda considerarse auténticamente democrático, los detalles resultan siempre fundamentales. Por esta razón, puede ser de utilidad hacerse algunas preguntas para detectar posibles fallos y vulnerabilidades del sistema que puedan convertirlo con el paso de tiempo en una tiranía encubierta, o puedan contaminarlo de una forma irreversible.

¿En una democracia debe valer igual el voto de todos los ciudadanos?

Si la respuesta adecuada para el lector fuese sí, convendría plantearse algunos interrogantes más, derivados del anterior, para darse cuenta que esto no es realmente así en España. Por ejemplo…

1. ¿Por qué los ciudadanos menores de edad, o los que han sido judicialmente incapacitados, no pueden ejercer su derecho al voto? Supongo que la respuesta tiene que ver con la percepción de que los aludidos no disponen de la madurez adecuada. Si esta excepción se ve socialmente con buenos ojos ¿tendría sentido aplicar este criterio también a los que no hayan demostrado una mínima capacidad crítica que les permita, simplemente, distinguir las opciones potencialmente peligrosas, o a los que no contribuyen con sus impuestos a satisfacer las cargas del Estado? Es curioso que la sociedad no conceda un permiso de armas a cualquiera, pero sí le ofrezca la capacidad de intervenir en el destino del país. Volveremos al controvertido punto de la capacidad crítica más adelante. Ahora, imagínense lo que pasaría si un gobierno estúpido o malintencionado abriera las fronteras de nuestro país a una inmigración descontrolada que el país no pudiese asimilar ni laboral ni socialmente, y les proporcionara a todos ellos la ciudadanía y una paga para que pudiesen vivir, o malvivir, sin tener que recurrir a la delincuencia. ¿Cuál sería el resultado? Pues que, además de producirse un efecto llamada, se crearía una bolsa de población agradecida, cada vez más grande, que parasitaría a los pocos que se esfuerzan en crear riqueza, manteniendo en el poder, por su peso electoral, a aquellos gobernantes que les permiten preservar sus privilegios. A la larga, los que se esfuerzan se verían obligados a emigrar, si todavía se les permite hacerlo, allá donde su esfuerzo fuera adecuadamente recompensado. Y los que no se esfuerzan, verían degradarse progresivamente su calidad de vida porque ya no habría de dónde sacar para mantener sus prebendas. No crean, cualquier parecido con lo que viene sucediendo en nuestro país será, sin duda, una mera coincidencia.
2. ¿Por qué, al estar dividida la elección de representantes por demarcaciones en España, el voto de ciudadanos de diferentes regiones tiene un peso electoral diferente? Téngase en cuenta que para obtener un diputado por Madrid se necesitan alrededor de 96.000 votos por escaño, mientras que un diputado por Soria solo necesita alrededor de 23.000 votos. Es decir, la cuarta parte. Esta peculiaridad electoral tan solo permite crear la ficción de que el ciudadano elige representantes cercanos. Sin embargo, de nada sirve que así sea, ya que los representantes elegidos están sometidos a la disciplina de voto del partido al que pertenecen, en lugar de estarlo a los intereses de los ciudadanos de la demarcación a los que dicen representar. Esta peculiaridad hace que el voto independentista, que suele hacer de bisagra cuando ningún partido tiene una mayoría absoluta, tenga mayor representación que la que la que corresponde a una proporcionalidad, haciendo más difícil la gobernabilidad del país.
3. ¿Por qué, si el voto es un derecho, pero no un deber, se menosprecia y se rentabiliza la abstención, aprovechándola los partidos más votados para rellenar, de forma fraudulenta, las cámaras con sus representantes? Parece una postura farisea la que ofrece la sociedad a los electores que deciden libremente abstenerse, mercadeando, de forma inmoral, con su libre elección en beneficio de partidos que no han sido votados por los que se han abstenido. Si la abstención tuviera una representación parlamentaria proporcional, se mostraría el desencanto de los ciudadanos, que han decidido no votar o votar en blanco, con las opciones políticas existentes en cada momento.

¿Consideran ustedes, como yo también lo hago, que ya es hora de cambiar la ley electoral para corregir todas estas chapuzas?

Formación democrática para la ciudadanía

Un Estado preocupado por la supervivencia de la democracia debe educar la capacidad crítica de sus ciudadanos para garantizar una democracia estable y de calidad. Toda democracia debe respetar la libertad de elección de las personas que tengan derecho al voto. Pudiendo votar cualquier opción en el marco de lo establecido por un Estado de derecho. Sin embargo, al igual que a un futuro conductor se le exige una mínima formación antes de ponerle delante de un volante, un elector debería superar, dentro del sistema educativo obligatorio, un examen de madurez antes de poder ejercer su derecho al voto. En ningún caso este examen debe entenderse como una forma de adoctrinamiento, sino tan solo como una forma de asegurarse de que cada elector adquiere un mínimo de espíritu crítico y es consciente de lo que realmente vota.

Los objetivos de esta formación democrática podrían ser, entre otros:

1. Conocimiento de la Constitución: sus límites, derechos y deberes ciudadanos.
2. Desarrollo de habilidades para identificar falacias en los mensajes políticos. Esto permite capacitar al elector para reconocer las falacias y contradicciones de los representantes de los partidos políticos con objeto de atraer el voto mediante engaños.
3. Saber hacer seguimiento del cumplimiento de los programas electorales. Dado que no está tipificado el delito electoral, consistente en no cumplir con los programas electorales llevados a las elecciones, debería ser el elector quien supiera identificar el engaño y obrar, en consecuencia, en futuras votaciones. Si la mentira no tiene su merecido castigo, el sistema democrático estará inevitablemente herido de muerte.
4. Saber hacer seguimiento de los indicadores de bienestar social (los-indicadores-de-bienestar-social). Hasta donde yo sé, los representantes políticos son elegidos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. No para beneficiarse de una posición de privilegio. El bienestar se puede medir por un número de indicadores a los que cada uno dará la importancia relativa que considere oportuno. Estos indicadores son, entre otros:
   • Salud democrática: independencia de poderes, instituciones eficaces e independientes, mecanismos para detectar y castigar la corrupción, eficiencia del gasto público, transparencia en el ejercicio del poder, cumplimiento de los programas electorales, etc…
   • Salud social: casos de corrupción, número de abortos, casos de acoso escolar, suicidios, etc…
   • Bienestar ciudadano: Facilidad para encontrar un trabajo, facilidad para adquirir una vivienda, facilidades para el emprendimiento, igualdad de oportunidades, presión fiscal justa, porcentaje de familias por encima del umbral de la pobreza, calidad del sistema público de educación y de sanidad, servicios públicos, etc…
   • Salud económica: PIB, evolución de la deuda pública, evolución del déficit público, inflación acumulada, etc…

Existen algunos organismos independientes que permiten cuantificar muchos de estos indicadores. Por otro lado, no se debe descartar nunca la percepción personal de cada individuo comparando, por ejemplo, la presión fiscal a la que está sometido, la evolución de su poder adquisitivo y sus libertades. Tener la capacidad de valorar la evolución de los indicadores mencionados a lo largo de cada legislatura, proporciona al elector datos objetivos y argumentos racionales para ejercer coherentemente su derecho al voto.

España bajo la involución democrática liderada por el PSOE

Aparte de las deficiencias mencionadas, que ya de por sí nos convierten en una democracia de calidad muy cuestionable, el actual gobierno está decidido a rebasar todos los límites éticos en el ejercicio de su función, perpetrando un auténtico golpe de Estado con la complicidad mayoritaria del parlamento nacional y con la previsible aprobación de buena parte de su base electoral.

El partido socialista, con Pedro Sánchez a la cabeza, ha conseguido gobernar en minoría con el apoyo de partidos enemigos de España que justifican la rebelión y la violencia terrorista, renunciando a cualquier límite ético, a cambio de prebendas que cuestionan la igualdad de derechos y deberes de todos los españoles.

Durante los dos años que llevamos de legislatura, se ha procedido, sin el mínimo rubor, a:

• Indultar a los condenados encarcelados por el intento de secesión catalana.
• Condonar 17.000 millones de euros de la deuda de la comunidad autónoma catalana.
• Colonizar políticamente las instituciones más relevantes como la Fiscalía General (bajo imputación), el Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Abogacía del Estado, Tribunal de Cuentas, etc… Todas estas instituciones se han alejado de su obligada independencia al servicio de los ciudadanos, para ponerse al servicio de los intereses del PSOE.
• Crear una red de fontaneros de cloacas, al más puro estilo de la mafia, que investigan las vidas de cualquier persona que suponga un obstáculo, o fabrican escándalos para controlar, mediante amenazas y chantajes, la acción independiente de éstos.
• Pervertir la legislación para pagar fidelidades, neutralizar a los jueces independientes y acallar la libertad de opinión:
  
  
  • Ley de amnistía considerada inconstitucional por todas las opiniones jurídicamente autorizadas, tanto españolas como europeas, salvo por los 6 miembros puestos a dedo por el PSOE en el Tribunal Constitucional, que han sancionado favorablemente su aplicación.
  • Reducción de penas por el delito de malversación.
  • Reforma del acceso a la carrera judicial, lo que desvirtúa el proceso de entrada a la carrera judicial por oposición para que pueda ser el poder político el que influya, sea directamente o a través de órganos controlados por éste, en el proceso de selección de nuevos jueces mediante la libre designación.
  • Reforma judicial que permitirá poner un organismo, hasta ahora independiente como la UCO que ha investigado de forma eficaz, entre otros, los escándalos de corrupción del PSOE y allegados, bajo la dirección de la fiscalía que ya sabemos todos de quien depende. ¡Sánchez dixit!
  • Se pretende crear un marco legal para restringir la libertad de expresión de los medios de comunicación con la excusa de proteger al ciudadano de la desinformación. Una modalidad nueva de censura disfrazada, por razones estéticas, de protección del ciudadano. ¡Eduquen en pensamiento crítico y no necesitarán proteger al ciudadano de las opiniones libres!

Aparte de eso, surgen a diario múltiples casos de corrupción que salpican, entre otros, a la familia de Sánchez: esposa y hermano, y a la cúpula del partido socialista. Corrupción que afecta incluso hasta la limpieza del proceso electoral de primarias donde Sánchez fue elegido secretario general de su partido. Cuando se es capaz de hacer trampa en lo poco, no hay argumento válido que descarte una trampa a mayor escala. Recuérdese que el proceso electoral español es, sobre el papel, muy vulnerable, tanto en el voto por correo, exento de cadena de custodia, como por la ausencia de verificación rigurosa, a posteriori, mediante el cotejo de las actas electorales.

Estos comportamientos encajan a la perfección con la definición que arroja el diccionario sobre el concepto de organización criminal: «Agrupación con carácter estable, o por tiempo indefinido, formada por más de dos personas que, de manera concertada y coordinada, se reparten diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos«.

¡No me digan que no vamos por buen camino para convertirnos en la Venezuela de Europa!

Radiografía del votante socialista en España

El gran problema de todo lo que está pasando en España no es que exista un partido como el PSOE corrompido hasta la médula, con una historia criminal sin parangón y que al día de hoy, como en tantas otras ocasiones a lo largo de la historia, no exhibe ningún límite ético para conseguir sus objetivos. El gran problema es que este partido tiene una base electoral nada menos que de 7 millones de personas y, muy posiblemente, al alza.

Sería interesante hacer un análisis sociológico documentado de este apoyo. Puesto que el presente artículo es un artículo de opinión, no quiero cerrarlo sin dar mi análisis particular que ustedes libremente juzgarán si es, o no, acertado.

A mi modo de ver, existen, al menos, 5 diferentes perfiles en el votante actual del PSOE. Estos son:

• El radical. Este no actúa por engaño y es el que representa mejor el estilo de gobierno del PSOE. No tiene límites éticos ni talante democrático, y considera que el fin justifica los medios. Todo está permitido si favorece a la causa. El modelo a imitar es el de la república venezolana en donde se ha subvertido la democracia a través del asalto a las instituciones, la perversión de las leyes el falseo de los resultados electorales.
• El que vota por ingenuidad, no exenta de una dosis importante de ignorancia. Ingenuidad porque sigue creyendo en la buena fe y eficacia de los políticos a los que vota. No sabe, ni le preocupa, que los modelos de izquierda solo hayan conseguido miseria y pérdida de libertades allí donde se han intentado implantar. Tampoco se interesa por el deterioro de los indicadores de bienestar social, antes mencionados, que se producen siempre que un gobierno de izquierdas llega al poder en España y en cualquier lugar del mundo.
• Aquel que sabe perfectamente que el partido al que vota no mejora nunca el bienestar del país cuando gobierna, sino todo lo contrario, pero lo da por bueno con tal de que no gobierne ninguna otra formación política. Este comportamiento está equidistante entre el sectarismo y la idiotez sin paliativos. Solo se justifica por el odio atávico que alguien ha inoculado en este tipo de votante. Odio que le impide cualquier forma de comportamiento racional a la hora de votar.
• El parásito. Si por algo se caracteriza el PSOE es por mimar con privilegios a determinados colectivos, así como por la creación de redes clientelares con objeto de alimentar el voto cautivo. Redes clientelares que se alimentan de los impuestos de todos, para gloria y beneficio del partido socialista. En consecuencia, estos chiringuitos se convierten en viveros de gente vulnerable que no puede admitir la posibilidad de que el PSOE deje de gobernar. Sin duda, este es el modelo de sociedad dependiente y carente de libertad que busca la izquierda. En este colectivo se encuentran, entre otros, muchos inmigrantes que no han conseguido trabajo, o no tienen interés alguno por conseguirlo, y viven de las ayudas sociales.
• El votante ocasional, muchas veces perteneciente a colectivos como el de funcionarios o pensionistas, que pueden sentirse beneficiados por alguna subida salarial ocasional y que no tienen capacidad crítica para considerar que hay otros factores como la presión fiscal y la inflación acumulada, que compensan frecuentemente, de forma negativa, cualquier cebo salarial.

Como ya he indicado en algún otro artículo, las sociedades sólo cambian por convicción o por compulsión. Veremos que opción escoge la sociedad española en el futuro. En cualquier caso, siempre nos quedará la posibilidad de escapar a la República Dominicana antes de que las cosas se pongan peor. Lástima que allí nos podamos encontrar, muy posiblemente, con una colección de indeseables que habrán buscado un destino tranquilo, sin posibilidad de extradición, después de haber usado sus cargos políticos en España para el enriquecimiento ilícito. ¡Que Dios proteja a nuestro país!

Eusebio Alonso | licenciado en ciencias Físicas. Subdirector de Adelante España desde 2022