Así se recoge en el informe del llamado ‘Foro contra las campañas de desinformación’ del Ministerio de la Presidencia
El Gobierno de Pedro Sánchez sigue avanzando en su agenda para instaurar un estado policial y controlar la información que circula en España. El último movimiento se encuentra plasmado en un informe elaborado por el Foro contra las campañas de desinformación, un organismo auspiciado por el Ministerio de la Presidencia. En este documento, no solo se define el fenómeno de la «desinformación», sino que también se proponen medidas alarmantes, como la creación de un cuerpo de técnicos del Estado especializado en la vigilancia informativa.
Un comité gubernamental al servicio del control informativo
El Foro contra las campañas de desinformación fue creado bajo un acuerdo del Consejo de Ministros, presentándose como una herramienta para frenar las «noticias falsas».
Sin embargo, detrás de esta fachada aparentemente benigna se esconde un intento de acallar voces críticas y controlar narrativas que incomodan al Ejecutivo.
Este informe se publica en un contexto marcado por las denuncias de corrupción que rodean a Sánchez, como el caso Begoña Gómez, el caso David Sánchez y la trama Koldo.
Lejos de centrarse en combatir la desinformación de forma imparcial, el Gobierno aprovecha esta estrategia para silenciar a los medios que han sacado a la luz estas irregularidades.
Un ejército de censura al servicio del poder
El informe sugiere la creación de un cuerpo estatal de técnicos de comunicación, cuya misión sería combatir la difusión de «bulos». Según sus autores, este equipo estaría compuesto por profesionales formados en «técnicas avanzadas de comunicación y lucha contra la desinformación». Su actuación abarcaría:
- La comunicación exterior, a través de servicios diplomáticos y embajadas.
- La administración pública, desde ministerios hasta corporaciones locales.
Además, el informe insiste en que este cuerpo permitiría una «respuesta rápida y coordinada» ante amenazas informativas.
Una red que incluye al sector privado
El plan no se limita al ámbito estatal. También propone integrar a comunicadores del sector privado y del tercer sector, formando una red más amplia para combatir la «manipulación informativa». Según el documento, esta red cohesionada actuaría como una «barrera protectora frente a los bulos», supuestamente en favor de la estabilidad y la confianza en las instituciones.
Esta propuesta plantea un peligroso precedente, al subordinar no solo a los medios estatales, sino también a actores privados, a los intereses del Gobierno.
El control disfrazado de estabilidad
El lenguaje del informe no deja lugar a dudas sobre la intención del Ejecutivo. Afirma que la desinformación, si se convierte en un fenómeno estructural, puede transformar la percepción de la realidad. En consecuencia, se plantea que solo con un cuerpo especializado se puede garantizar una gestión eficaz de los contenidos comunicativos.
Frases como «una red cohesionada y proactiva» o «la estabilidad y confianza en las instituciones» buscan justificar un sistema de vigilancia que en realidad abre la puerta a la censura.
Un paso más hacia un estado represor
Lo más preocupante de esta propuesta es que consolida una estructura de control informativo al servicio del poder. En lugar de fortalecer la pluralidad mediática y proteger la libertad de prensa, el Gobierno de Sánchez busca concentrar el poder sobre la narrativa pública.
Esta estrategia es un ataque directo a la libertad de expresión. Como sociedad, no podemos permitir que se instaure un «ejército represor» que vigile y censure cualquier contenido crítico con el poder.
El futuro de la libertad de expresión en peligro
La creación de un cuerpo estatal encargado de supervisar la información es un nuevo paso hacia la instauración de un estado policial y represor. Lejos de combatir la desinformación, esta medida refuerza el control gubernamental sobre los medios y vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión.
El informe del Foro contra las campañas de desinformación, financiado con fondos públicos, no es más que otra maniobra del Ejecutivo para perpetuarse en el poder y acallar cualquier voz disidente. Es imprescindible que la sociedad reaccione ante este intento de manipular la información y coartar la pluralidad democrática.
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