¿Podría Salvador Illa suceder a Pedro Sánchez? El camino constitucional y las implicaciones políticas | Alfonso P. Sanz

En un contexto de creciente incertidumbre política, los rumores sobre una posible sucesión en la presidencia del Gobierno de España han situado a Salvador Illa, actual presidente de la Generalitat de Cataluña, en el centro del debate. Mientras Pedro Sánchez enfrenta presiones por escándalos de corrupción que salpican al PSOE, como el caso de Santos Cerdán, algunos sectores especulan con la posibilidad de que el líder socialista impulse a Illa como su relevo al frente del Ejecutivo.

Pero, ¿qué pasos debería seguir Sánchez para hacer realidad este escenario? ¿Tendría Illa que abandonar su cargo en Cataluña? Desde un análisis riguroso de la Constitución Española, desgranamos el procedimiento y sus implicaciones, en un momento crítico para la estabilidad política del país.

El procedimiento constitucional: un camino sin atajos

La Constitución Española de 1978, en sus artículos 99 y 101, establece un procedimiento claro y sin ambigüedades para la elección del presidente del Gobierno. Contrariamente a lo que algunos podrían imaginar, Sánchez no tiene la potestad de designar directamente a su sucesor. Para que Illa asumiera la presidencia, el actual jefe del Ejecutivo debería dar un paso al lado, presentando su dimisión ante el rey Felipe VI. Esta renuncia, conforme al artículo 101, implicaría el cese inmediato de todo el Gobierno, dejando al Gabinete en funciones hasta la elección de un nuevo presidente.

Una vez formalizada la dimisión, el rey iniciaría una ronda de consultas con los líderes de los grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados, tal como establece el artículo 99.1. El objetivo de estas consultas es identificar al candidato con mayores posibilidades de obtener la confianza de la Cámara. Aunque el PSOE, como principal partido del Gobierno, podría proponer a Illa, la decisión final recae en el monarca, quien, en la práctica, suele respetar la voluntad del partido con más apoyos. Felipe VI propondría entonces a Illa como candidato, comunicándolo al presidente del Congreso.

El siguiente paso sería la sesión de investidura, regulada por el artículo 99.2. Illa debería comparecer ante el Congreso, exponer su programa de Gobierno y someterse a un debate parlamentario. Para ser investido, necesitaría una mayoría absoluta (176 votos de los 350 escaños) en la primera votación. De no lograrlo, se celebraría una segunda votación 48 horas después, en la que bastaría con una mayoría simple (más votos a favor que en contra). Si Illa no obtuviera la confianza, el rey podría proponer otros candidatos tras nuevas consultas. En caso de que ningún aspirante prospere en un plazo de dos meses, el Congreso se disolvería y se convocarían elecciones generales, como indica el artículo 99.5.

Tras una investidura exitosa, el rey nombraría a Illa presidente del Gobierno mediante un Real Decreto, y este juraría o prometería el cargo, asumiendo plenas funciones. Illa tendría entonces la prerrogativa de formar su propio Consejo de Ministros, dando inicio a una nueva etapa en la política española.

¿Debe Illa renunciar a la Generalitat?

Un aspecto crucial de este hipotético escenario es la compatibilidad entre los cargos de presidente del Gobierno y presidente de la Generalitat. La respuesta es clara: Illa no podría mantener ambos puestos. Aunque la Constitución Española no prohíbe explícitamente esta dualidad, el Estatuto de Autonomía de Cataluña (artículo 67) y la Ley del Consell Executiu (artículo 4) exigen que el presidente de la Generalitat se dedique exclusivamente a su cargo, salvo excepciones como ser diputado autonómico. Más allá de la letra de la ley, la lógica institucional y los conflictos de interés entre el Gobierno central y la Generalitat hacen inviable compatibilizar ambas responsabilidades.

Si Illa fuera investido presidente del Gobierno, debería renunciar a la presidencia de la Generalitat.

Su dimisión desencadenaría un proceso en Cataluña para elegir un nuevo presidente, conforme al artículo 67.7 del Estatuto. El Parlament tendría dos meses para investir a un sucesor, con el vicepresident o un conseller asumiendo interinamente las funciones. De no lograrse un acuerdo, se disolvería el Parlament y se convocarían elecciones autonómicas, un escenario que podría complicar aún más la estabilidad política en Cataluña.

Un cálculo político arriesgado

La posibilidad de que Sánchez impulse a Illa como su sucesor no está exenta de obstáculos. En primer lugar, Illa necesitaría replicar la compleja coalición que permitió la investidura de Sánchez en 2023, que incluye a Sumar, ERC, Junts, PNV, EH Bildu, BNG y Coalición Canaria. Aunque Illa cuenta con una relación fluida con ERC, clave para su investidura en Cataluña en 2024, negociar con Junts podría ser un desafío. Los independentistas catalanes, que han condicionado su apoyo al PSOE a avances en la agenda secesionista, podrían exigir nuevas concesiones, como ocurrió con la ley de amnistía.

Además, fuentes internas del PSOE, citadas por medios como E-Notícies, consideran que Illa es un activo demasiado valioso en Cataluña como para arriesgarlo en una transición nacional. Su papel como presidente de la Generalitat ha consolidado al PSC como primera fuerza en la región, un logro que podría peligrar si abandona el cargo. La ausencia de un sucesor claro en Cataluña, sumada a la polarización política, podría debilitar al PSOE en un feudo estratégico.

Por otro lado, las especulaciones en redes sociales, como las recogidas en X, reflejan un escepticismo generalizado. Algunos usuarios califican la idea de que Illa combine ambos cargos como un “disparate sin precedentes”, mientras otros advierten que su salto a Madrid podría interpretarse como una maniobra de Sánchez para desviar la atención de los escándalos que lo acorralan. Sin embargo, el propio Sánchez ha reiterado su intención de agotar la legislatura hasta 2027, lo que hace improbable este escenario a corto plazo.

Un escenario de incertidumbre

La hipotética sucesión de Sánchez por Illa pondría a prueba los resortes institucionales de la democracia española. El procedimiento constitucional es claro, pero su ejecución dependería de un delicado equilibrio de apoyos parlamentarios y de la capacidad del PSOE para gestionar las tensiones internas y externas. Para Illa, asumir la presidencia del Gobierno implicaría renunciar a su liderazgo en Cataluña, un sacrificio que podría tener un alto coste político.

En un momento en que la confianza en las instituciones está erosionada, cualquier maniobra de este calibre debería manejarse con máxima transparencia y respeto a la legalidad. Los ciudadanos, cada vez más vigilantes, exigen que los cambios en el liderazgo nacional respondan al interés general y no a cálculos partidistas. Mientras Sánchez resiste las embestidas, Illa permanece como una figura en la sombra, cuyo destino podría marcar el rumbo de la política española en los próximos años.

Alfonso P. Sanz | Jurista