Toda persona medianamente sensata está preocupada por la pensión que le quedará para vivir cuando llegue el día de su jubilación, supuesto, claro está, que este ansiado día llegue alguna vez. Esta preocupación está fundada en no pocas razones, entre las que quiero destacar unas cuantas:
- Reducción de la natalidad
- Envejecimiento de la población y mayor esperanza de vida
- Alto nivel de paro
- Éxodo de profesionales jóvenes bien preparados al extranjero
- Cotas de endeudamiento del estado muy elevadas
- Corrupción y políticas de derroche
- Penalización del ahorro individual
- Cargo de las pensiones no contributivas a la caja de pensiones de la Seguridad Social.
Pocos políticos, o tal vez ninguno, se preocupan de ayudar a la familia, aunque si de financiar privilegios a colectivos como el LGTBI, mucho menos numerosos, pero más afines a determinadas sensibilidades políticas. Además, cerca de 100000 no nacidos mueren cada año consecuencia lo que se llama “interrupción voluntaria del embarazo”. No tengo intención de entrar en este debate sobre el aborto en este artículo, tan solo quiero indicar que, si hubiese otras salidas como políticas de ayudas a la futura madre con dificultades, tal vez una parte de estos embarazos podrían llegar a término ayudando así a paliar el suicidio demográfico que está padeciendo nuestro país.
Parece que en un futuro próximo se aplicarán los coeficientes de sostenibilidad. La pensión de los nuevos jubilados estará influida por la esperanza de vida a los 67 años existente en el momento de su jubilación. Cuantos más años pueda vivir un jubilado según estimación estadística, más pequeña será la pensión que se le asigne inicialmente ¿Qué pasará con las pensiones de los que ya estén jubilados? ¿Se verán también afectadas por los coeficientes de sostenibilidad de alguna manera?
El sistema de pensiones español se basa en la solidaridad intergeneracional. Esto significa que los trabajadores sufragan con sus cotizaciones durante su vida laboral las pensiones de los jubilados. De igual manera que los que hoy son jubilados sufragaron en el pasado las pensiones de generaciones anteriores ¿El día en que no haya suficiente número de cotizantes que pasará? Posiblemente esta pregunta no se la hagan demasiados políticos en la consideración de que eso ocurrirá más allá de su mandato. Además, si no eliminamos sus privilegios, el asunto seguirá sin preocuparles porque todos ellos tendrán siempre su pensión garantizada.
Hace unos años, en octubre de 2016, un amigo mío publicó un interesante y razonado articulo con este enlace de lectura , en donde apoyado en datos del Instituto Nacional de Estadística y de la base de datos de población de las Naciones Unidas, evidenciaba, en base a la previsible evolución de la pirámide de población española y asumiendo una tasa de natalidad y mortalidad estables, que la relación entre el número de trabajadores y pensionistas en el año 2035 será de 1/1 o inferior. Respecto a lo que pasará más allá de esa fecha, los resultados son todavía más preocupantes ya que la tasa de natalidad (número de nacimientos por cada mil habitantes) y el índice de fecundidad (número medio de hijos por mujer) continúa reduciéndose paulatinamente. Por sólo citar un ejemplo, éstos han pasado de ser en 2015, 8,99% y 1,33% respectivamente, a 7,60% y 1,23% en 2018. Si a esto le añadimos el aumento progresivo de la esperanza de vida, que hace que un jubilado viva más años (reducción de la tasa de mortalidad), el panorama se complica aún más.
¿Qué hacen, en general, las Administraciones para paliar la previsible situación futura de las pensiones? Básicamente nada. No hay políticas que intenten revertir esta dinámica. Más bien todo lo contrario, creando cada vez más incertidumbre e intranquilidad en la población con dos dedos de frente. El largo plazo no da votos, aplicando así el estúpido lema de que el que venga detrás que arree.
El alto nivel de paro es otro factor que influye en la caja de las pensiones y, sin duda, obedece a muchos factores ¿Por qué el paro no es tan elevado en otros países? Pues tal vez porque en esos países se ayuda al emprendimiento, los impuestos a la creación de riqueza son más bajos, la energía más barata, el modelo productivo es más moderno, hay mayor confianza en el futuro del país, tal vez mayor seguridad jurídica, mayor eficacia en la gestión de los gobiernos, etc. Nos hemos acostumbrado durante demasiados años a ver como los políticos se dedican a crear problemas, que parece una quimera pensar que algún día se vayan a dedicar a resolverlos.
Otro factor de preocupación es la salida del país de profesionales preparados, que se marchan por falta de oferta profesional acorde con su valía. Se les quiere suplir con inmigración. Inmigración en su mayoría ilegal y poco cualificada. Muchos de estos ilegales ocuparán trabajos de economía sumergida que no cotizarán ni pagarán impuestos. Otros pertenecen a colectivos poco integrables por razones culturales, lo que fomentara problemas sociales a medio y largo plazo. También están los que solo buscan la subvención fácil. Con esta inmigración ilegal también se cuelan, en alguna medida, radicales islámicos y mafias internacionales que hacen crecer el número de delitos y obligan a incrementar el gasto de la Administración ampliando la necesidad de recursos policiales y centros penitenciarios. La entrada de una inmigración masiva descontrolada incrementa de forma exorbitada los gastos generales como los de sanidad, educación y atención social. En fin, habrá que ver si la inmigración tal como se contempla en España es una solución, o solo se trata de una cara más del problema. Yo me pregunto ¿Se ha preocupado alguien de hacer balance más allá del frío cálculo electoral de lo que aporta la inmigración ilegal? ¿Alguien se preocupa por aplicar la ley de extranjería a la inmigración ilegal? Supongo que son temas tabúes, y al que solo se atreva a sugerirlos se le tratará de xenófobo. Esto no significa que tengamos que desentendernos de los ciudadanos de los países pobres, pero creo que la ayuda al desarrollo hay que darla en el país de origen y con un control exigente del destino de los fondos, para que no sean las mafias las que los disfruten. La contribución a esta ayuda deberá estar en proporción con las posibilidades del país que la aporta.
Gracias a Dios, también existe inmigración legal e integrable a la que hay que aplaudir y agradecer su presencia. Entre ellos hay también un buen número profesionales cualificados. Sospecho, sin embargo, que la inmigración legal representa desgraciadamente una minoría en comparación con la inmigración ilegal. Los datos de la inmigración ilegal no los conoce nadie de forma precisa y tan solo puede estimarlos la Administración del Estado, lo que hace imposible evaluar el coste que le supone al Estado.
La corrupción, que se hace visible en los periódicos todos los días, afecta indirectamente a la sostenibilidad de las pensiones al reducir los recursos de Estado. Por desgracia, muchos partidos, tal vez todos, amparan veladamente a sus corruptos y presionan al poder judicial que no siempre actúa de forma independiente. Obviamente, el dinero que se va en corrupción no podrá ir destinado a atender las necesidades reales del país.
El derroche de la Administración en gastos innecesarios como es el lujo, viajes, comidas, dietas, duplicidad de administraciones, organismos inoperativos e innecesarios, excesivo número de cargos políticos y muchos otros, hacen que se disponga de menos dinero para lo realmente necesario como, por ejemplo, dar unas pensiones más justas y dignas y mantener su poder adquisitivo. La austeridad es una palabra cada vez más en desuso para la clase política y, por el contrario, de uso diario en muchos hogares españoles. Hogares de pensionistas y no pensionistas.
La deuda pública española tiene un coste que, solo en intereses, es de 29.301 millones de euros anuales. Esto supone un gran pellizco en los presupuestos del Estado. Algo más de la cuarta parte de lo que se paga anualmente en pensiones, cifra que alcanza los 111.100 millones de euros. Esta cantidad incluye todas las pensiones, tanto las contributivas como las que no lo son. Se puede entender que la actualidad, marcada por la pandemia ocasionada por el virus de Wuhan, no permita soñar con una estabilización de la deuda o reducción de ésta a corto plazo. Sin embargo, si cabe preguntarse ¿por qué el Estado no ha sido más previsor y responsable cuando podía? La responsabilidad de la deuda pública habrá de repartirla entre los partidos que han gobernado España desde la transición, en la misma proporción que cada uno de ellos haya estado presente en el gobierno.
Las pensiones no contributivas son aquellas cuya percepción no requiere haber cotizado a la seguridad social. Su propósito es dotar de un medio de subsistencia a un colectivo que no ha generado el derecho a una pensión contributiva. Su existencia se basa en el principio de solidaridad. Estas pensiones suponen actualmente entorno a un 23% del total dedicado a pensiones y se cargan también a la caja de las pensiones de la seguridad social en lugar de cargarlas a impuestos, a pesar de que éstas no han aportado ingresos a la caja de pensiones. Esta circunstancia provoca un desajuste añadido entre entradas y salidas de la caja de las pensiones de la seguridad social.
Aunque no fuésemos conscientes de ninguno de los puntos anteriores, a mi juicio existe una razón todavía de mayor peso para la preocupación, que es la escasa información y seguimiento que se suministra sobre la sostenibilidad de las pensiones y de lo que prefiere no hacerse eco la prensa, lo que hace sospechar que el tema es realmente muy grave y todos tienen miedo a despertarlo. Supongo que este comportamiento obedece al argumento irresponsable de que cuanto menos se sepa menos se pregunta.
Cuando la caja de la seguridad social no sea capaz por sí sola de satisfacer las pensiones de los jubilados habrá que atenderlas con más impuestos o más deuda. Ninguna de estas soluciones ofrece un panorama ni estable ni sostenible. Hay que proporcionar otras soluciones que den una respuesta total o al menos parcial al problema. Poder se puede. La seguridad social ha conseguido con políticas adecuadas tener superávit no hace mucho tiempo. ¿Por qué no se podría revertir la situación actual si consiguiéramos que hubiese políticos eficaces que pensaran más en el futuro de todos que en su propio presente? ¿Por qué no empezar intentando capitalizar al menos una parte de las contribuciones que los trabajadores hacen para su jubilación? ¿Por qué no hacer una gestión más eficaz y honrada de los recursos del Estado? ¿Por qué no crear incentivos al emprendimiento? ¿Por qué no ayudar a las familias primando la natalidad y haciendo compatible maternidad y vida laboral? ¿Por qué no contener la deuda pública acabando con el despilfarro político y autonómico? ¿Creen ustedes que sería pedir demasiado?
Lo que no parecería de recibo sería intentar paliar el problema de sostenibilidad de las pensiones aplazando por ley la edad de jubilación con el propósito de producir un abaratamiento de éstas, a sabiendas de que casi nadie aguantará hasta los 70 años al pie del cañón y la jubilación anticipada siempre supondrá una penalización en la cuantía de la pensión a percibir. Por otra parte, el que aguante podrá gozar de menos años su jubilación al empezarla más tarde. El aplazamiento de la edad de jubilación resulta aún más grotesco en un país en el que el paro juvenil alcanza en varias regiones de España el 50%. Cuesta trabajo creer que un político sea capaz de proponer esta medida y que no se le caiga la cara de vergüenza. Intentaré justificar esta última afirmación, aún más si cabe, en un próximo artículo sobre la justicia de las pensiones. Puestos a buscar soluciones disparatadas, espero que a nadie se le ocurra intentar reducir la esperanza de vida de los jubilados ahora que están tan de moda algunas vacunas y ya el poder del Estado alcanza a todas las instituciones y organismos hasta hace poco independientes. Perdóneseme, por favor, esta dosis humor negro, pero si no lo digo reviento.
Aunque resulte obvio, el problema de la sostenibilidad de las pensiones es algo que, tarde o temprano, afectará a todos aquellos que tengan la fortuna de alcanzar el status de jubilado. Si permitimos que el problema se siga aparcando en un cajón y se obvie el debate abierto y la aplicación de soluciones eficaces y justas, nos encontraremos en un mañana no muy lejano con que nos dirán que las pensiones ya no son sostenibles. Tengan por seguro que las pensiones serán las primeras sacrificadas cuando no salgan las cuentas. En ese momento ya será demasiado tarde y las explicaciones y los “mea culpa” no tendrán valor alguno.
