La DANA que ha devastado el Levante: La catástrofe que ha desnudado la ineptitud del Estado de las Autonomías | Albert Mesa Rey

Posiblemente, este no será mi mejor artículo para «Adelante España«; escribo desde la tristeza y la rabia. Una vez más, la naturaleza nos ha mostrado su fuerza desatada y nuestra pequeñez. A veces es el fuego (en forma de volcanes o incendios), otras la tierra (terremotos y deslizamientos), el aire (huracanes y vendavales), y en esta ocasión, ha sido el agua en forma de inundaciones y crecidas.

Todos hemos visto imágenes dantescas: la destrucción, la desesperación, el dolor. También hemos presenciado la heroicidad de personas anónimas que, poniendo en riesgo sus propias vidas, han salvado a otros a quienes ni siquiera conocían. Una ola de solidaridad ha recorrido la nación. Parafraseando un titular del diario digital «20minutos»: “Solo el pueblo salva al pueblo; miles de voluntarios se movilizan para ayudar a los más afectados por la DANA”. Pero, ¿y nuestras autoridades políticas? Perdidas entre protocolos ineficaces que, en lugar de prever mecanismos de alerta o mitigar el daño, solo sirven para justificar procesos burocráticos.

Todo era mucho más sencillo si hubiera habido una verdadera voluntad de servicio a la comunidad y no malvados cálculos políticos. Hay una Ley que regula los estados de alarma, excepción o sitio (Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. Publicada en el BOE núm. 134, de 05/06/1981), que fue promulgada con carácter de urgencia el 1 de junio de 1981, dos meses más tarde del golpe de estado de los generales Milán del Bosch y Armada contra nuestra democracia. En dicha ley se establece que el Gobierno podrá declarar el estado de alarma en todo o parte del territorio nacional «cuando se produzcan alteraciones graves de la normalidad, tales como catástrofes, calamidades o desgracias públicas, inundaciones, incendios o accidentes de gran magnitud, crisis sanitarias, paralización de servicios esenciales o desabastecimiento de productos de primera necesidad» (sic).

Este es un ejemplo claro de la ineficacia de quienes, con los impuestos que nos cobran, deberían actuar con diligencia (o dimitir por incapaces). En estos días, da asco y vergüenza ver la propaganda de la Agencia Tributaria afirmando que “los impuestos vuelven a nosotros.”

La segunda derivada de esta situación es la inutilidad manifiesta del «Estado de las Autonomías” o, mejor dicho, de las “Autonosuyas” y de sus políticos. Decir, como ha hecho el Gobierno, que España es un Estado autonómico para evadir responsabilidades es de una bajeza absoluta, propia de personajes incompetentes y dañinos.

Ahora vemos a los políticos justificándose y lanzándose la culpa unos a otros, mientras los efectivos que podrían actuar esperan la activación burocrática. Hemos visto lo mejor y lo peor de la condición humana: por un lado, una riada de solidaridad ciudadana volcándose en ayuda de quienes lo han perdido todo; por el otro, personas desalmadas y miserables aprovechando la catástrofe para saquear.

Escuchar al “Equipo de Opinión Sincronizada” capitaneada por García Ferreras causa náuseas. Cargar las tintas únicamente contra el presidente de la Generalitat Valenciana es una falacia injustificada, con la misma intención con la que atacan a Isabel Díaz Ayuso y a cualquier otro que no comulgue con la ideología woke a la que esta izquierda se ha vendido.

Muchos se preguntaban dónde estaba el Rey cuando la incompetencia de las administraciones local y central comenzaba a verse como un peligro público. La respuesta la tuvimos este domingo, cuando S.M. el Rey y el presidente de la Generalitat Valenciana aguantaron los insultos y el bombardeo de barro de los afectados, sin retirarse como sí lo hizo Sánchez. Felipe VI hizo lo que estaba en sus manos: puso a disposición de Interior y Defensa a su Servicio de Seguridad y a la Guardia Real para colaborar en las labores de rescate. Estuvo con las víctimas a pie de calle, y eso le honra tanto como deshonra a quienes, ante una catástrofe de tal magnitud, prefieren cuidar su imagen antes que servir a los ciudadanos.

¿Queremos culpar ahora al Rey? Tristemente, votamos —yo lo hice por mi edad— una Constitución en la que aceptamos vaciar la monarquía de contenido. Esto comenzó a degradarse con Zapatero; Rajoy no hizo nada para enmendar la deriva destructiva, y Sánchez ha completado la “obra”. Poco podemos exigirle al Rey lo que muchos no somos capaces de hacer por nosotros mismos.

Los ciudadanos, expoliados con impuestos abusivos, han tenido que organizarse y se preguntan, con razón: “¿Para qué sirve un estado elefantiásico si en una emergencia solo sirven para tirarse los trastos a la cabeza y escurrir el bulto?” Ciertamente, “Solo el pueblo salva al pueblo”.

Tengo constancia de la frustración de miembros del Ejército (del cual formo parte como Reservista Voluntario Honorífico), de la Guardia Civil (con la que mantengo contacto desde mi etapa como director de «Benemérita al Día»), de la Policía Nacional, y de Protección Civil, los Bomberos… Todos deseaban actuar, pero los protocolos políticos los han mantenido inactivos, esperando la orden “por conducto reglamentario”.

Los bomberos, policías, militares y enfermeros, protagonistas de actos de auténtico heroísmo, claman desesperadamente por ayudar, al igual que los ciudadanos. Sin embargo, el Gobierno no responde, se muestra incapaz de reaccionar y de auxiliar a las miles de personas que atraviesan un infierno comparable a un conflicto bélico.

Si “solo el pueblo salva al pueblo”, ¿para qué sirve la casta política que gestiona los recursos que nos obligan a pagar? ¿Para que cada político mediocre tenga coche oficial? ¿Para que se suban el sueldo mientras cualquier trabajador lucha por mantener su empleo? ¿Para que algunos vivan con privilegios fiscales que no aplican al resto? ¿Para que les pagamos sus latisueldos?

Nuestra patria está en manos de una casta política desaprensiva y parasitaria, cuyo único fin no es el “bien común”, un concepto que aprendimos en la antigua asignatura Formación del Espíritu Nacional (FEN) quienes cursamos aquel bachillerato con “las reválidas” y “el Preu”.

¡No es esto, señores! Si la democracia surgida de la Transición ha servido para llegar a una situación en la que el Gobierno del Estado, por intereses partidistas, no declara el estado de emergencia ni activa sus recursos, estamos ante un Estado fallido.

España es una gran nación, y sus servidores en el Ejército, en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, bomberos y Protección Civil han demostrado su patriotismo y humanidad en múltiples misiones, tanto dentro como fuera del país. Salvando algunas excepciones, el problema es que no estamos gobernados por los mejores. Aquellos que conservamos el sentido común y no nos hemos dejado vencer por el “relato” deberíamos actuar en consecuencia. A los otros, a quienes el sectarismo no les permite ver más allá de lo que sus “profetas” les dictan, poco se les puede decir. Como “el tonto y la linde: se acaba la linde y el tonto sigue”. Tal vez sería más elegante hacer una analogía y recordar la Parábola del Sembrador (Mateo 13, Marcos 4, Lucas 8): muchos son como la simiente que cae en el camino o en el pedregal, otros son como la que cae entre la cizaña, nunca darán fruto. Una vez más, gracias por leerme.

Albert Mesa Rey es de formación Diplomado en Enfermería y Diplomado Executive por C1b3rwall Academy en 2022 y en 2023. Soldado Enfermero de 1ª (rvh) del Grupo de Regulares de Ceuta Nº 54, Colaborador de la Red Nacional de Radio de Emergencia (REMER) y Clinical Research Associate (jubilado). Escritor y divulgador.