Un equipo de 15 expertos ha instalado un laboratorio forense en la Basílica.
Familias contrarias a esta operación están «intentando pararlo».
Ya el pasado 24 de abril los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera salieron del Valle de los Caídos, donde permanecían desde el año 1959, rumbo al cementerio de San Isidro. Asimismo, los restos del general Gonzalo Queipo de Llano y del auditor de guerra Francisco Bohórquez Vecina fueron exhumados del templo de la Hermandad de la Macarena de Sevilla el 3 de noviembre de 2022, merced al requerimiento que le había formulado el Gobierno central por la reforma de la Ley estatal de Memoria Democrática.
Las familias no han sido informadas de las labores.
Una intervención «ilegal»
El Gobierno ha informado que las exhumaciones se pueden realizar en virtud de un fallo judicial de 2016 y el dispositivo va a atender 128 reclamaciones.
La sentencia judicial de 2016 hablaba de «la alta probabilidad» de tener localizados los restos de los Lapeña en una cripta del piso tercero, en la capilla del Santo Sepulcro, y, para ADVC, sólo autorizaba a «verificar» si eran ellos y no a su «exhumación» y «mucho menos a la de 128 personas», por lo que califica la operación de «ilegal».
Además, parece ser que los trabajos no se van a limitar a este tercer piso, sino que han empezado por el primero «y luego seguirán por el segundo».
Según el portavoz de esta asociación «de los 128 que se ha propuesto exhumar el gobierno» hay «unos 70 aproximadamente que pueden estar en los osarios donde se han iniciado los trabajos», en la capilla del Santo Sepulcro, pero «los otros 58 están en el resto de la Basílica, por ahí dispersados, es decir, están dando falsas expectativas hasta los propios peticionarios».
Por otra parte, aquella sentencia obligaba a los descendientes de los hermanos de Zaragoza a correr con todos los gastos, cosa que al parecer no está sucediendo.
El derecho de terceros
Por ello, esta asociación y otras familias «por su cuenta» van a emprender acciones legales contra el gobierno para «intentar pararlo», «es una ignominia». Van a pedir «responsabilidad penal» porque es de «primero de Derecho», «lo que no puede hacer es meterse en un cementerio a saco». «Van a delinquir a la hora del procedimiento y van a delinquir a la hora de llevárselos», denuncia la ADVC.
Estas familias se sienten «ninguneadas», nadie por parte de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que dirige el ministro Félix Bolaños se ha puesto en contacto con ellos, ni para decirles «que tendrán cuidado con los restos de sus familiares».
Otra vez el comodín del Valle. Y es que falta algo más de un mes para las elecciones generales. Es la cuarta o quinta que abren los medios con «por fin comienzan las exhumaciones en el Valle». Como los trabajos se alargarán más allá del 23 de julio su continuidad dependerá del próximo gobierno.
Pero los muertos no les importan. Lo que quieren es arrasar el Valle de los Caídos, porque no pueden soportar la presencia de la cruz y lo que ella significa. La emprendieron contra la tumba de Franco y de José Antonio y ahora prosiguen con los restos de quienes yacen en este recinto sagrado.
