Sigue la dictadura LGTBI: El Gobierno obligará a las empresas a contratar a personas LGTBI

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Yolanda Díaz activa un registro «voluntario» y «confidencial» con la orientación sexual de los parados

El pasado 16 de febrero, el Congreso de los Diputados aprobaba una nueva Ley de Empleo que pretende incorporar una «modernización de políticas activas de empleo» para dar oportunidades a los millones de parados que hay en nuestro país. La nueva ley entraba en vigor el 1 de marzo, después de su publicación en el BOE. Una ley que, como todas las que hace este gobierno de ideología sectaria, aprovechaba para meter su ideología LGTBI en la redacción.

Apoyo y promoción de la ideología y colectivos LGTBI

Una de las más importantes novedades que presenta el texto legal – y que casi nadie conoce- es que se amplían los colectivos de atención prioritaria: «Entre otros colectivos considerados de atención prioritaria se encuentran las personas LGTBI, en particular trans, las personas de mayores de cuarenta y cinco años, las personas migrantes, las personas beneficiarias de protección internacional y solicitantes de protección internacional en los términos establecidos en la normativa específica aplicable, las mujeres con baja cualificación, las mujeres víctimas de violencia de género, las personas en situación de exclusión social, las personas gitanas, o pertenecientes a otros grupos étnicos o religiosos, así como las personas trabajadoras provenientes de sectores en reestructuración, las personas afectadas por drogodependencias o las víctimas del terrorismo».Tal y como se puede leer en la web oficial del Servicio Público de Empleo Estatal, todos estos colectivos se verán favorecidos por la entrada en vigor de la nueva ley. Eso significa que aquellas personas que se declaren parte del colectivo LGTBI tendrán a partir de ahora prioridad en el SEPE para conseguir un empleo.

Trabajo registrará de forma confidencial a quienes se declaren LGTBI para priorizar su búsqueda de empleo sobre otros candidatos

Yolanda Díaz confirma que ha activado un registro «voluntario» y «confidencial» con la orientación sexual de los parados para dar «prioridad» a la comunidad «LGTBI» a la hora de buscar empleo.

La idea de que los servicios públicos de empleo fueran a atender antes a personas que se declaren gais o lesbianas que a heterosexuales no es nueva. La ministra de Trabajo la incluyó en la Ley de Empleo de 2022, que recogía lo siguiente: La atención a 1.600.000 de trabajadores con discapacidad será prioritaria, así como a otros colectivos con dificultades de inserción, permanencia y consolidación en el mercado de trabajo, como las personas LGTBI, los mayores de 45 años, las personas gitanas o de otra minoría étnica y las mujeres víctimas de violencia de género.

Yolanda Díaz lo confirmaba en su cuenta de Twitter:  «Seguimos ganando derechos para quienes más lo necesitan. La nueva Ley de Empleo da prioridad de atención de los servicios públicos de empleo a colectivos que tradicionalmente han sufrido más desigualdad a la hora de encontrar trabajo» .

¿Esto no es injusticia y discriminación?

La medida, según el gobierno, está destinada a acabar con la desigualdad que sufre este tipo de personas a nivel laboral. Pero la inclusión de esta figura en la nueva ley puede provocar más de un problema legal. Ni la Unión Europea ni la Constitución Española permiten ningún tipo de discriminación por la orientación sexual

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha fallado en varias ocasiones que no permite la discriminación positiva que trata de incluir el Gobierno en la aprobación de la normativa. Es más, ningún documento público en España puede incluir la orientación sexual de un ciudadano. Por un lado, se trata de información privada que puede dar lugar a la discriminación antes apuntada; pero, por otra, esa orientación sexual tampoco es demostrable, por lo que la ley podría acabar ante el Tribunal Constitucional.

Pero a este gobierno sectario le da igual. Quieren promocionar al colectivo lgtbi aunque suponga discriminación e injusticia con el resto.

Fuente. Mediterráneo Digital | Libertad Digital

 

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