Ayer martes entró en vigor una reforma del reglamento de extranjería que permite esta regularización masiva
Cataluña: ¿laboratorio del fraude electoral?
El 20 de mayo de 2025 ha marcado un nuevo paso en el proceso de ingeniería social impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Con la entrada en vigor de una reforma del reglamento de extranjería, el Ejecutivo activó una regularización masiva de inmigrantes. El objetivo: entregar 200.000 autorizaciones de residencia en Cataluña antes de las elecciones de 2027.
No se trata de una política humanitaria. Se trata de una estrategia electoral encubierta. El PSOE ha entendido que su supervivencia depende del voto de quienes han entrado ilegalmente en España. Y lo está consiguiendo a través de decretos y pactos con separatistas.
Más papeles, más votos: la lógica del clientelismo globalista
El gobierno no disimula su intención. Desde Moncloa justifican esta maniobra asegurando que la inmigración es «una oportunidad, un activo irrenunciable para la sostenibilidad del sistema económico y social». Pero los hechos revelan otro propósito: captar electores entre quienes deben agradecimiento al régimen.
Entre 2024 y 2025, se han resuelto más de 344.000 expedientes en Cataluña. A esa cifra se suman otros 200.000 casos que se prevén resolver antes de 2027. Este operativo ha incluido el aumento del 40% en personal en las oficinas de Extranjería catalanas.
Todo el proceso se dirige a transformar el mapa electoral catalán, imponiendo una nueva base de votantes: inmigrantes africanos e islamistas a quienes el PSOE considera “estratégicos”. Sobre todo, los marroquíes.
Junts, ERC y PSOE: una alianza para desmantelar España
El acuerdo entre PSOE, Junts y ERC para delegar competencias migratorias en la Generalitat pone en evidencia la connivencia entre separatismo e izquierda globalista. Cataluña decide ahora quién obtiene papeles y quién no. El criterio incluye el «grado de conocimiento del catalán», una herramienta de discriminación étnica y política.
La cesión de competencias no fue gratuita. A cambio, Junts entregó sus siete votos para aprobar la reforma de la Ley de Extranjería. También logró excluir a Cataluña del reparto de menores extranjeros no acompañados (menas), lo que demuestra que el reparto de inmigrantes no es igualitario, sino calculado.
Inmigración como arma electoral y herramienta de ingeniería social
El objetivo no es solucionar un problema demográfico, como finge el PSOE, sino alterar el cuerpo electoral. La supuesta preocupación por el “envejecimiento poblacional” es una coartada ideológica. La realidad es más cruda: quieren garantizar una base de votantes fieles a través del clientelismo asistencial y la legitimación legal.
Los delitos cometidos por extranjeros aumentan en Cataluña. A pesar de eso, el Ejecutivo no protege a los ciudadanos, sino a los delincuentes. Las políticas migratorias actuales fomentan la impunidad y desprecian a las víctimas.
Control institucional: Indra, Correos y la sombra del fraude
La estrategia no se limita a regularizar inmigrantes. El gobierno ha consolidado un control institucional alarmante sobre empresas clave del proceso electoral, como Indra y Correos.
Indra gestiona el escrutinio provisional de votos. Correos distribuye el voto por correo, que fue protagonista de múltiples escándalos en los últimos comicios. Diversos expertos han alertado sobre posibles irregularidades y fraude, silenciados por los medios dominados por el progresismo.
Este control del proceso electoral permite al PSOE construir un escenario “democrático” a medida. Cuando el sistema electoral queda en manos del poder político, se rompe la confianza pública.
Sánchez camina hacia un modelo chavista
La receta de Sánchez sigue patrones conocidos. Regularización masiva, clientelismo identitario, compra de voluntades, discurso victimista y control institucional. Es la misma táctica usada en regímenes dictatoriales de izquierda en Hispanoamérica.
No se busca cohesión nacional. Se busca la fragmentación étnica y cultural para garantizar el dominio político. Esta estrategia rompe la unidad de España, destruye el estado de derecho y construye una sociedad dividida, dependiente y vigilada.
