España se propone cultivar el 20% de sus tierras agrícolas utilizadas con agricultura ecológica de aquí a 2030.
El Gobierno trabaja ya «en los cambios legales que acompañan al Plan Estratégico: 18 reales decretos y una ley, para que la nueva Política Agraria Común (PAC) entre en vigor el 1 de enero de 2023». Se trata de la versión oficial del Ejecutivo, que prepara toda una lluvia de nuevas exigencias y costes para el campo español en medio de uno de los momentos más críticos de la agricultura en los últimos tiempos. Y uno de los propósitos de esta batería burocrática es lograr que el campo español tenga que adecuarse a los criterios de cultivo de la Agenda 2030 y como consecuencia de ello, que muchos desaparezcan.
Objetivos ocultos
Lo cierto es que esos planes de la PAC esconden una amplia batería de intervenciones estatales que van a permitir al Gobierno alterar por completo la dinámica tradicional del campo. «Diseñados en consonancia con un nuevo enfoque orientado a los resultados y al rendimiento, su objetivo es obtener resultados tangibles en relación con los objetivos específicos de la PAC a nivel europeo, contribuyendo al mismo tiempo al Pacto Verde Europeo», destacan desde el Gobierno.
«La agresión rusa contra Ucrania y el actual aumento de los precios de los productos básicos ponen de relieve el vínculo profundo entre la acción por el clima y la seguridad alimentaria. En este contexto, la Comisión ha invitado a los Estados miembros a revisar sus planes estratégicos de la PAC para aprovechar todas las oportunidades: reforzar la resiliencia del sector agrícola de la Unión, reducir su dependencia de los fertilizantes sintéticos y aumentar la producción de energías renovables sin comprometer la producción de alimentos, y transformar su capacidad de producción en consonancia con métodos de producción más sostenibles», destaca el plan estratégico español.
Pero entre las píldoras de ese plan figura, por ejemplo, el «control del consumo de energía y la producción autónoma de energía«, que, según la versión oficial, «son esenciales para la competitividad de las explotaciones agrícolas y de las industrias agroalimentarias». Y figura toda la agenda ecologista: «España se enfrenta a importantes retos en relación con los objetivos medioambientales y climáticos. La lucha contra la desertificación y la erosión y la mejora de la estructura del suelo y del contenido orgánico del suelo son de suma importancia».
La gestión del agua es también «una prioridad, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. España está reforzando su marco de medidas de carácter reglamentario, impulsado por el Plan Estratégico, para garantizar mejores sinergias entre los distintos instrumentos, con el fin de alcanzar los objetivos medioambientales».
Y la imposición es obvia: «más del 86% de la superficie agrícola utilizada tendrá que cumplir las buenas condiciones agrarias y medioambientales y las regiones reservarán 6.000 millones de euros para los agricultores que se comprometan a adoptar medidas más ambiciosas (como la captura de carbono y el mantenimiento de elementos paisajísticos)».
Y, como guinda, «para ayudar a revertir la pérdida de biodiversidad y en consonancia con las ambiciones del Pacto Verde Europeo, España se propone cultivar el 20% de sus tierras agrícolas utilizadas con agricultura ecológica de aquí a 2030″.
(Con información de Libre Mercado)
