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El panorama político en Ceuta evidencia una preocupante sumisión institucional ante las estrategias de desmantelamiento de la soberanía española. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del Partido Popular, protagoniza un nuevo episodio de la puesta en escena del bipartidismo PP-PSOE al fijar un plazo de 30 días para que el Gobierno de Pedro Sánchez actúe ante la crisis migratoria en la ciudad autónoma. Esta medida, lejos de constituir un órdago real frente a la Moncloa, opera como un burdo artefacto de distracción masiva para consumo de su electorado. En la práctica, la pasividad y los plazos artificiales de Vivas solo sirven para blanquear la negligencia del Ejecutivo socialista y la pasiva complicidad con los intereses expansionistas de Marruecos.
La ciudadanía asiste a un simulacro de confrontación institucional mientras la realidad sobre el terreno desborda las capacidades locales. El anuncio de acudir al Poder Judicial, al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional tras un mes de espera – y 18 días de invasión consolidada- delata la naturaleza del pacto no escrito entre el PP y el PSOE. Un verdadero líder comprometido con la defensa nacional no concedería prórrogas arbitrarias de 30, 60 o 90 días a una administración central que consiente la violación sistemática de sus fronteras terrestres. La vía judicial inmediata y la exigencia de responsabilidades criminales por omisión del deber constituyen la única respuesta legítima frente a una gestión que deja desprotegido el territorio nacional.
El viejo chiste que retrata a Vivas
El intento de ultimátum que ha escenificado Juan Jesús Vivas evoca de manera inevitable aquel célebre chiste popular de hace muchas décadas, en el que una mujer sufría los tocamientos no deseados de un hombre en la penumbra de una sala de cine. La reacción de la afectada, lejos de zanjar la agresión de inmediato, consistió en una advertencia surrealista: «Si en treinta minutos no deja usted de tocarme, llamaré al acomodador». De la misma forma que el personaje del chiste postergaba de manera absurda la defensa de su propia integridad, el presidente de Ceuta concede plazos burocráticos artificiales a un Ejecutivo central que permite de forma continuada el asalto a la soberanía nacional, sustituyendo la contundencia inmediata que exige la gravedad de una invasión fronteriza por una amenaza inofensiva y programada para el mes siguiente.
El simulacro de los plazos y la inacción ante la presión migratoria
La estrategia de Juan Jesús Vivas consiste en estirar el calendario para amortiguar el descontento popular mientras cumple escrupulosamente su rol en el engranaje del régimen bipartidista. El presidente ceutí formaliza sus exigencias apenas unas horas antes de mantener una reunión en el Palacio de la Asamblea con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, tal como recoge Voz Populi. Este encuentro, publicitado como una cumbre de alta tensión institucional, busca legitimar la política de parches y la dotación de medios policiales o judiciales insuficientes que jamás resolverán el problema de fondo. La llegada de recursos burocráticos solo maquilla una capitulación fronteriza permanente.
Los datos de la crisis desmienten los discursos oficiales de normalidad y cooperación bilateral. La invasión de Ceuta comenzó el pasado 30 de julio, cuando más de 70.000 marroquíes invadieron Ceuta de manera ilegal desde Marruecos en un desafío explícito a la integridad de España. Semanas después del suceso permanecen en la ciudad unas 11.000 personas – otros estiman más-.
El blanqueamiento de las políticas de Sánchez y la sumisión a Rabat
Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez insiste en mantener y financiar una supuesta cooperación con el reino de Marruecos, Vivas limita su papel a emitir quejas de cara a la galería sin cuestionar el marco global de negligencia y sumisión internacional de Sánchez. La verdadera oposición exigiría de manera inmediata el despliegue permanente de las Fuerzas Armadas en el perímetro fronterizo para combatir y repeler militarmente las entradas masivas. La renuncia del Partido Popular a exigir el uso del Ejército para sellar el espacio soberano convierte sus declaraciones en un ejercicio de complicidad con la Moncloa.
La política migratoria de la Ciudad Autónoma de Ceuta se reduce a la petición constante de solidaridad interregional para trasladar la presión demográfica a la península, asumiendo los hechos consumados que impone Marruecos. El presidente Vivas ampara un modelo de sustitución demográfica progresiva donde Marruecos utiliza los flujos de su población como una herramienta de presión geopolítica indiscutible. El bipartidismo PP-PSOE cumple su función histórica al fragmentar la respuesta nacional, transformando una agresión directa a las fronteras españolas en un mero debate administrativo sobre el reparto de cuotas y el presupuesto de acogida.
Un ultimátum de cartón piedra frente al desafío demográfico
El denominado ultimátum de Vivas no es más que un paripé político diseñado para salvar los muebles de su formación en las urnas. Cada día que el Ejecutivo local concede de tregua al gobierno se traduce en un incremento de la población marroquí asentada de forma permanente en las calles ceutíes. De hecho, hoy el Gobierno ha anunciado 1.500 nuevas plazas para acoger a los inmigrantes ilegales que siguen en Ceuta 18 días después de la invasión. El llamamiento a la cordura institucional y la apelación a los tribunales de Madrid solo buscan dilatar la respuesta hasta que el foco mediático se desplace, consolidando la pérdida efectiva del control de la frontera.
Cincuenta años de turnismo político demuestran que las estructuras del PP y del PSOE comparten la misma hoja de ruta globalista en general, y en particular, en materia de extranjería. La sumisión a los dictados de Marruecos y la desprotección de Ceuta y Melilla forman parte de una estrategia consentida donde los barones regionales actúan como apagafuegos del descontento ciudadano. La rendición de cuentas ya no puede esperar los plazos de cortesía que Vivas otorga a los destructores de la unidad nacional. La supervivencia de las ciudades españolas de Ceuta y Melilla exige la liquidación inmediata de este teatro político y la aplicación de una defensa fronteriza total, sin concesiones diplomáticas ni complejos institucionales
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