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La complicidad del Gobierno de Sánchez en la entrega de Ceuta y Melilla
Los acontecimientos que golpean de forma recurrente a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla no admiten interpretaciones edulcoradas ni lecturas bienintencionadas por parte de la Moncloa. La entrada masiva de 80.000 marroquíes en Ceuta, la inmensa mayoría jóvenes en edad militar, constituye una agresión frontal contra la soberanía nacional de España. El Gobierno de Pedro Sánchez comete una gravísima irresponsabilidad al tratar estos episodios como meras crisis humanitarias o flujos migratorios espontáneos. La realidad es mucho más oscura y alarmante, ya que obedece a una hoja de ruta perfectamente planificada por el régimen de Marruecos, estructurada en tres fases implacables ante las cuales el Ejecutivo actual actúa como un cómplice activo por omisión.
Primera fase: La invasión planificada ante un Ejecutivo sumiso
La primera fase de este plan de anexión territorial se ha ejecutado mediante la técnica de la invasión masiva y controlada. El asalto a las fronteras terrestres de Ceuta por parte de una multitud que iguala en número a toda la población autóctona busca mandar un mensaje de fuerza al mundo. Marruecos demuestra de este modo que posee la capacidad de vulnerar el territorio nacional español en el momento, el lugar y de la forma en que lo decida.
La posterior retirada o el regreso de miles de estos ciudadanos a su país de origen no obedece a un éxito diplomático de Madrid, sino a la misma lógica de control absoluto por parte de Mohamed VI. Si las autoridades marroquíes pueden abrir la espita de la entrada a su antojo, también pueden ordenar el retorno cuando consideran que el primer aviso ya ha surtido efecto. Se trata de un nítido botón de muestra de que los asaltos fronterizos carecen de espontaneidad y responden a directrices estatales. Mientras tanto, el cómplice Gobierno de Sánchez no autoriza intervenir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y proyecta al exterior la imagen lamentable de una España arrodillada, incapaz de defender sus fronteras legítimas y sometida a los dictados del país vecino.
Segunda fase: La inestabilidad inducida para romper la resistencia ciudadana
Una vez superado el primer impacto, la permanencia obligada de entre 10.000 y 15.000 personas invasoras en situación ilegal dentro de Ceuta activa de inmediato la segunda fase de la hoja de ruta: la desestabilización interna. En esta fase es donde nos encontramos en la actualidad. La convivencia en esta ciudad española se deteriora a pasos agigantados debido al repunte de la delincuencia, las violaciones y agresiones sexuales, los robos, los problemas sanitarios y los altercados constantes en la vía pública. El miedo se instala en el día a día de las familias españolas que habitan este territorio, desamparadas por unas instituciones centrales que miran hacia otro lado.
Durante esta segunda fase de desestabilización inducida, el escenario se puede volver todavía más sombrío con la perpetración de atentados yihadistas ejecutados por terroristas infiltrados a propósito durante la invasión inicial, lo que destruirá por completo la paz social y creará un caos absoluto junto a un miedo generalizado y constante entre la población civil de Ceuta y Melilla.
Este clima de inseguridad crónica tiene un impacto económico devastador, provocando pérdidas millonarias en el comercio local, la hostelería y el turismo, que sostienen la actividad económica de ambas ciudades autónomas. El abandono estatal empuja a muchos residentes históricos a liquidar sus negocios y huir hacia la península, iniciando un preocupante proceso de despoblación y descapitalización social. El Gobierno de España se desentiende por completo de su obligación de restablecer el orden público, permitiendo que la degradación social y el desgaste diario minen las fuerzas y la resistencia de los ciudadanos ceutíes y melillenses.
Tercera fase: La falsa solución de la soberanía compartida
El objetivo último de este abandono institucional se manifestará en la tercera fase del proceso, donde se planteará una solución tramposa ante una opinión pública ya agotada y asustada. Si la ciudadanía y las instituciones locales se muestran totalmente vencidas por las circunstancias, el desenlace será la entrega definitiva e íntegra de ambas plazas a la soberanía marroquí.
Sin embargo, si se mantiene la resistencia social, la hoja de ruta contempla una solución intermedia y de transición a medio plazo: la cogobernabilidad o soberanía compartida entre el Gobierno español y el de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, bajo la burda excusa de cooperar de forma bilateral para garantizar la seguridad y el orden público. Esta propuesta, tras un necesario teatro de rechazo inicial por parte de la clase política española, contará con el aval definitivo del sistema bipartidista PP-PSOE. Con el paso de unos pocos años y el posterior refrendo de la Unión Europea y Estados Unidos, se consumará la anexión total e irreversible por parte de Marruecos.
Este es el alarmante futuro que aguarda a Ceuta y Melilla tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista si no se produce un giro radical e inmediato en la defensa de la patria.
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