España se enfrenta a gravísimas crisis y amenazas, que ponen en gravísimo peligro su futuro como sociedad. Muchas de ellas están continuamente en los titulares y comentarios como la crisis nacional por el avance hacia una semiindependencia parasitaria por parte de los partidos separatistas. También la crisis de una inmigración descontrolada con el peligro de perder la identidad nacional. Otra amenaza debida la sumisión lacaya de nuestra clase política a los poderes globalistas, por ejemplo, en la OTAN donde regalamos miles de millones a Ucrania en un conflicto que no nos afecta, mientras permitimos que la OTAN no proteja nuestro flaco débil (Ceuta, Melilla…). Y por no citar más que las más graves, la crisis demográfica que nos condena a la desaparición a medio plazo si no se corrige el rumbo, y nuestros políticos y nuestra sociedad si acaso lo empeora con las nulas medidas y la guerra cultural antifamilia que padecemos.
Pues bien, hoy vamos a analizar otra crisis/amenaza que para muchos pasa desapercibida pero que puede resultar gravísima y fatal para nuestra sociedad: la generacional unida a la injusticia socioeconómica que se está produciendo en nuestra nación.
Siempre ha habido crisis entre las distintas generaciones por sus distintas formas de ver la vida, pero la estructura familiar aseguraba una convivencia natural que las soportaba. Hoy, esa estructura familiar se va debilitando a pasos agigantados, mientras que el crecimiento desmesurado del estado absorbe muchas de las funciones que tradicionalmente desempeñaba la familia. Una de ellas es el aseguramiento económico de la vejez mediante el sistema de pensiones público. En principio, planteado como un sistema “justo”, donde ibas aportando unas cantidades durante tu vida laboral para luego cobrar esa pensión cuando te jubilaras, la mayoría de la gente lo consideraba un gran avance y lo valoraba como un sistema muy beneficioso.
En España, como en la gran mayoría de nuestro entorno se optó por un sistema de reparto con lo que, inevitablemente, el alargamiento de la vida y la crisis demográfica lo van haciendo cada vez más descompensado y difícil de mantener en el futuro. Unido a estas graves circunstancias la demagogia de nuestros políticos, especialmente en la última reforma del gobierno Sánchez donde se ha optado por el electoralismo más egoísta y descerebrado, optando por incrementar las pensiones (al asegurar su revalorización automática, incrementar su monto al jubilarse, prolongar hasta la edad de jubilación la cotización pública de las aportaciones de los parados de larga duración, disminución de los recortes en la prejubilación, aumento de las pensiones mínimas, etc.). es decir, ante un sistema deficitario no sostenible y con perspectivas de empeorar en el futuro, ¡se ha optado por aumentar los gastos! Como solución, se ha decidido aumentar los ingresos: aumenta de las cotizaciones sociales, destope de las cotizaciones máximas, etc.
En definitiva, para ayudar a los pensionistas a recibir una pensión cada vez más alta que la que correspondería a sus aportaciones reales (eso sin contar con unas generosísimas pensiones no contributivas cada vez cercanas a las contributivas), se incrementa cada vez más la aportación de los trabajadores en activo. La ecuación está servida. Las generaciones mayores cada vez viven más a costa de las más jóvenes. Y eso no puede más que crear un sentimiento de injusticia entre los adultos y de forma más acusada entre los más jóvenes, que además sienten cada vez más improbable que ellos puedan llegar a cobrar una pensión, especialmente en las condiciones actuales. Eso sin contar con otros muchos otros privilegios concedidos a los mayores, desde transporte gratuito, servicios más baratos, etc. que en muchos casos no tienen relación con su situación física.
Si a esta situación le sumamos la atomización social que una sociedad cada vez más afamiliar está produciendo lleva a un sentimiento de frustración e injusticia que puede llevar fácilmente a graves problemas en el futuro. Sólo hace falta ver el creciente abstencionismo político de muchos jóvenes (frente a la tendencia a votar de los mayores) que puede desembocar en graves problemas futuros y que auguran rupturas sociales de consecuencias imprevisibles. Un sistema político como el nuestro con una clase política cortoplacista es el peor escenario para augurar medidas eficaces que puedan resolver esta situación.
Pasando al terreno personal, un hombre joven, que podemos tomar como una muestra de los sentimientos que muchos tienen o pueden ir desarrollando, me comentaba no hace mucho que lo justo seria que los pensionistas no votasen, como una medida lógica. Argumentaba que no tiene sentido que alguien que reciba sus ingresos pueda decidir él mismo sobre esos ingresos. Fuera de lo conveniente o no de esta idea, muestra de alguna forma esa sensación de injusticia de soportar un gasto desmesurado por parte de los trabajadores que cada vez son menos. Las perspectivas de que en unas décadas la relación pensionista/cotizante se reduzca aún más hace más oscuro esta situación que puede explotar algún día de formas que no podemos vislumbrar.
 Mariano Martínez-Aedo es Presidente del Instituto de Política Familiar (IPF) |
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