Le atribuyen presuntos delitos de prevaricación y cohecho por no haberse marchado pese «a estar incurso en una causa legal de abstención obligatoria»
Abogados Cristianos ha presentado una querella contra Conde-Pumpido por no abstenerse en las deliberaciones del Tribunal Constitucional sobre la inconstitucional Ley de Amnistía. Esta actuación vulnera, según la organización, principios esenciales de la independencia judicial y evidencia la politización de la justicia al más alto nivel.
La participación de Cándido Conde-Pumpido en esta causa, a pesar de una clara causa legal de abstención obligatoria, pone en tela de juicio la legitimidad del órgano judicial que preside. La denuncia, presentada por Abogados Cristianos, atribuye al presidente del TC presuntos delitos de prevaricación y cohecho, configurando un nuevo caso de abuso de poder por parte del entorno de Pedro Sánchez.
¿Por qué se acusa a Conde-Pumpido de prevaricación?
La base jurídica de la querella contra Conde-Pumpido se apoya en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que exige la abstención cuando concurre interés directo o indirecto. En este caso, el vínculo conyugal con Clara Martínez de Careaga, magistrada del Supremo y exvocal del CGPJ, se convierte en el epicentro del escándalo.
Martínez de Careaga emitió un informe favorable a la Ley de Amnistía el 21 de marzo de 2024. Dicho informe, aunque no vinculante, compromete gravemente la imparcialidad del presidente del TC. La propia presencia de su cónyuge en la emisión de un documento sobre el mismo asunto que posteriormente debe resolver Conde-Pumpido afecta la confianza pública en el Tribunal Constitucional.
Abogados Cristianos insiste en que el presidente del TC debía haberse apartado de la votación. El hecho de no hacerlo vulnera el principio de imparcialidad judicial. Además, recuerda que el magistrado José María Macías sí fue recusado por un caso semejante, a instancias de la Fiscalía General del Estado.
Una justicia al servicio del poder político
La independencia judicial en España vive uno de sus momentos más críticos. Lo ocurrido con la querella contra Conde-Pumpido demuestra que la separación de poderes es hoy una ficción y una farsa. Abogados Cristianos denuncia que Conde-Pumpido se ha convertido en el brazo judicial de Pedro Sánchez, legalizando por la vía de los hechos lo que es ilegal en derecho.
«Pumpido ha sido el brazo judicial de Sánchez para legalizar todas las concesiones a los secesionistas y poder mantenerse en el poder«, afirmó sin rodeos Polonia Castellanos, presidenta de la Fundación Española de Abogados Cristianos.
Este caso se suma a una larga lista de escándalos judiciales protagonizados por jueces que responden más a intereses partidistas que al imperio de la ley. La querella contra Conde-Pumpido no es un hecho aislado, sino una manifestación más de una justicia colonizada por el PSOE y sus socios separatistas.
Sociedad civil en pie contra la corrupción del PSOE
Ante la claudicación de las instituciones, es la sociedad civil quien está dando la batalla. Desde Hazte Oír a Manos Limpias, o el Observatorio para la Libertad Religiosa, numerosas organizaciones defienden la democracia, la verdad y la justicia. Hoy, el protagonismo lo toma Abogados Cristianos, cuyo compromiso con la legalidad y la independencia judicial se ha hecho evidente.
El escrito de denuncia pide la comparecencia de Conde-Pumpido como investigado, la declaración de su esposa y de otros magistrados del TC, y que se aporte su historial penal completo. También solicita diligencias urgentes para evitar el deterioro del caso por influencia política.
¿Qué consecuencias legales puede tener esta querella?
La acción judicial emprendida por Abogados Cristianos se sustenta en los artículos 446.3 y 447 del Código Penal (prevaricación judicial), 404 (prevaricación administrativa) y 420 (cohecho). De probarse estos hechos, Conde-Pumpido podría enfrentarse a penas de inhabilitación e incluso prisión.
No es la primera vez que se cuestiona la actuación del presidente del Tribunal Constitucional. Sin embargo, es la primera vez que una organización cristiana y civil se atreve a llevarlo a los tribunales con una querella tan sólida.
La defensa de la legalidad constitucional no puede depender de quién gobierne. La ley debe ser igual para todos, incluidos quienes la interpretan. Por eso, la querella contra Conde-Pumpido debe marcar un antes y un después en la regeneración de la justicia en España.
