El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves, con los votos de PSOE, Podemos y sus socios de la mayoría Frankenstein, el polémico real decreto ley que ampara las okupaciones ilegales de viviendas sin «violencia» e «intimidación» durante el estado de alarma por la pandemia de coronavirus. Un controvertido texto que tanto PP como Vox ya han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional.
Además, se da la circunstancia que fue Podemos, con el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, a la cabeza, quien impulsó una corrección del Real Decreto-ley 37/2020 para exigir «violencia» o «intimidación» a la hora de desalojar a los okupas, mientras que hasta entonces sólo se podía proceder al desalojo «si la entrada era un delito». El cambio se plasmó en el nuevo Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que ha defendido este jueves desde la tribuna el ministro de Consumo y miembro de Unidas Podemos, Alberto Garzón.
Frente a lo ocurrido la semana pasada con el decreto ley de reparto de fondos europeos, donde el Gobierno de Pedro Sánchez temió su derogación hasta la abstención de Vox, hoy el Ejecutivo socialcomunista no ha tenido problema para sacar adelante el texto con el apoyo de nacionalistas e independentistas, si bien se tramitará con urgencia como proyecto de ley con posibilidad de que se incorporen enmiendas en la letra pequeña. No obstante, en lo mollar, la legalización de estas okupaciones permanecerá inalterable. En lugar de ser devuelto al Gobierno, el texto mantiene su vigencia con el aval del Congreso en una votación (188 a favor, 154 en contra y 8 abstenciones) que se ha producido en plena campaña de las elecciones a la Generalitat el 14 de febrero.
Precisamente, Cataluña, presidida de forma interina por el candidato de ERC, Pere Aragonès, es la comunidad donde se producen más okupaciones, por encima de las 6.000 en el último año, quintuplicando así las identificadas por la Policía en la Comunidad de Madrid. Por provincias, es Barcelona la que se sitúa a la cabeza, con más de 4.500. Cabe recordar que su capital está gobernada por la ex portavoz de la PAH y líder de Catalunya en Comú, Ada Colau, aliada de Podemos.
En «barrios mejores»
En el debate parlamentario celebrado este jueves en la Cámara baja, precisamente el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha denunciado que las okupaciones se han disparado en el «cinturón rojo de Barcelona», mientras los socialistas y los populistas de Podemos «deben vivir en barrios mejores y en chalets grandes, donde no sufren la okupación, no la ven, y por tanto, la niegan», ha cuestionado. «Es lamentable, es inmoral. La propiedad privada no es un delito», ha subrayado Bal.
Además, el ex abogado del Estado purgado por Pedro Sánchez ha criticado que PSOE y Podemos legislen contra el artículo 245 del Código Penal, el del delito de usurpación de bienes inmuebles. «Para usted es legítimo algo que el Código Penal dice que es delito», ha señalado a Garzón. «En mi vida como jurista he visto semejante disparate», ha remachado.
Por su parte, la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, ha exigido al ministro de Consumo que se deje de «demagogia» al «convertir la okupación en un mecanismo más de acceso a la vivienda y que oficializa la premisa del buen comunista: comprar, alquilar o okupar». «No se ampare en las personas vulnerables y la dramática situación sanitaria, social y económica que vive España y que padecen millones de españoles, para dar carta blanca a la ocupación. A un okupa no se le desahucia, se le desaloja, y al vulnerable, se le protege», ha aseverado la dirigente del PP.
En este contexto, Gamarra ha incidido en que «un desalojo es la recuperación posesoria de un bien que pertenece a otra persona física o jurídica, porque en este país se okupan 40 viviendas al día, y los únicos beneficiarios de normas como esta del Gobierno serán las mafias y los okupas».
«Expropiar»
Desde Vox, su portavoz en la Comisión de Agenda Urbana del Congreso, Cristina Esteban, ha recalcado que este decreto «atenta frontalmente contra el artículo 33 de la Constitución, el derecho a la propiedad privada, que es un derecho fundamental en democracia. Es más, sin propiedad privada no hay democracia», ha destacado. «Expropiar las viviendas de los españoles para dar cobertura a los okupas, es lo que ustedes entienden como ‘escudo social’» frente a la pandemia, ha reprochado Esteban a socialistas y comunistas.
«No queremos leyes que amparen la okupación ilegal, lo que necesitamos son más viviendas sociales para los españoles sin recursos y que de verdad lo necesitan», ha apostillado.
(Segundo Sanz. Ok Diario)
