Organizaciones provida han rechazado de plano la nueva ley del aborto de la comunista Irene Montero y han avisado de la inconstitucionalidad así como que la nueva ley del aborto que permite abortar a menores de 16 años sin permiso paterno «rebaja la protección» de las menores, atenta «contra su salud pública» y las «abandona a sufrir presiones».
El Vicepresidente del Instituto de Política Familiar (IPF), Mariano Martínez-Aedo, ha señalado a Adelante España que «Otra ley tremendamente negativa ya que: No sólo quita la patria potestad para los padres de menores en un tema tan grave como el aborto, sino que condena a muchas de esas adolescentes que se encuentren en esa situación a presiones y traumas terribles; Avanza en la estigmatización de los médicos y sanitarios que no quieran participar en esos asesinatos; Otra vez en contra de los padres, quiere imponer un adoctrinamiento en temas sexuales para adoctrinar a los niños; Elimina la información a las mujeres de las ayudas existentes para seguir con su embarazo, en una demostración mas de desprecio para, esas mismas mujeres cuyos derechos dicen defender». «En definitiva, otro paso más hacia un estado proaborto, antimujeres y antifamilia».
Por su parte, la presidente de la Asociación de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha sido muy tajante al afirmar: «Es inconstitucional. Solo regulan para los magnates del aborto. Es evidente que sólo quieren aumentar » la clientela» de los abortorios aunque para ello tengan que incumplir la Constitución y el Código Civil«.
Por su parte, Fundación Madrina ha denunciado que la norma atenta «contra la salud pública del menor», fomenta las enfermedades de transmisión sexual (ETS) «letales» y «consolida la violencia contra la menor embarazada» y, es por eso que exige que «haya un Defensor del Menor y una policía especializada para adolescentes y menores en general y embarazadas en particular«.
«A un menor se le exige la firma de los padres o la del tutor legal para ir de excursión, comprar alcohol o tabaco. Tampoco se le permite sacar el carnet de conducir. Sin embargo, para pedir medicación en la farmacia se exige receta y autorización médica«, ha denunciado la entidad.
Para la directora general de la Fundación Redmadre, Amaya Azcona, ha advertido, en declaraciones a Europa Press, de que la norma es una «mala noticia» para las menores, que van a ser «abandonadas a sufrir presiones para abortar».
Desde Fundación +Vida, su presidente, Álvaro Ortega, ha alertado de que una menor «no tiene la madurez suficiente para saber lo que implica un aborto«. Igualmente, se ha mostrado preocupado por las consecuencias psicológicas de esta «liberalización» del aborto en edades tempranas, más cuando «los problemas de salud mental aumentan entre los adolescentes». Por otro lado, Ortega ha calificado de «escandaloso para la salud de la mujer» que se vaya a distribuir la píldora del día después de forma gratuita en los centros de salud, como recoge la norma. Por último, ha pedido al Gobierno que se pregunte porque «tan pocos médicos» están dispuestos a practicar abortos.
Al respecto, la portavoz de Derecho a Vivir, Inmaculada Díaz, ha tildado de «cacería» la creación de listas de médicos objetores de conciencia. «Esta ley lo único que hace es empeorar aún más la ley del aborto vigente (…). Coloca en un situación aún más vulnerable a la mujer, y especialmente a las menores», ha añadido.
También ha condenado que se va a «socavar la potestad de los padres» con el reparto de anticonceptivos en institutos «como si fueran chucherías», y que se eliminen los tres días de reflexión por parte de las madres antes de abortar. «Un acto tan importante y tráfico, que marca a las personas de por vida, despachado en una hora», ha alertado.
