Podemos no quiere a la Guardia Civil tal y como es. La quiere sin independencia para escapar al poder político. Y las últimas demostraciones de respeto a la ley de los agentes en la instrucción del juicio por el 8-M han terminado de convencer a Pablo Iglesias de esta postura. Por ello, el vicepresidente social ha exigido a Pedro Sánchez que acabe con la característica que hace diferente a la Benemérita: su estructura militar.
Se trata de una vieja aspiración del partido de Pablo Iglesias. Y una tan obstinada que el Gobierno socialcomunista de PSOE y Podemos ha tenido ya que contestar a dos preguntas parlamentarias de Vox sobre sus intenciones con respecto al futuro de la Guardia Civil.
El Gobierno mantiene oficialmente que no prevé «suprimir el carácter militar». Pero fuentes del citado Cuerpo han confirmado a OKDIARIO que la presión de Pablo Iglesias es creciente y que los últimos capítulos vividos con el purgado coronel Diego Pérez de los Cobos y el resto de dimisiones y ceses en la Guardia Civil a causa de las intromisiones políticas del ministro Fernando Grande-Marlaska en la instrucción judicial por la nefasta gestión del coronavirus han ido de la mano de un incremento de la presión de Podemos.
Porque lo cierto es que Iglesias ha dejado claro que quiere un control de la Guardia Civil y un control de las principales instrucciones judiciales.
Pregunta de Vox en el Congreso
El pasado mes de febrero Vox llegó a preguntar por este asunto en el Congreso. Las preguntas apuntaron sin rodeos al centro de los deseos de Podemos: «¿Está el ministro del Interior en condiciones de garantizar que este Gobierno va a mantener el carácter militar de la Guardia Civil?». «¿Está el ministro del Interior en condiciones de garantizar que este Gobierno no va a plantearse una hipotética unificación de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía como sí se trató esa posibilidad durante el Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero?».
La respuesta del Ejecutivo de Sánchez difícilmente podría haber sido más corta: «En relación con la pregunta formulada, se indica que el Gobierno no tiene la previsión de suprimir el carácter militar de la Guardia Civil, así como tampoco de unificarla con la Policía Nacional».
Pero lo cierto es que la previsión quien sí la tiene es Podemos. Es más, «la presión ha crecido. Porque Iglesias sabe que el carácter militar del Cuerpo es una barrera en sus planes de control», señala la misma fuente conocedora de los objetivos de los morados.
Podemos no ha ocultado sus deseos en los programas electorales. El texto presentado de cara a las elecciones del 10-N, de hecho, incluía su deseo en el apartado denominado «Garantías de Justicia Laboral y Pensiones», donde se señalaba el siguiente compromiso: «Reconocer los derechos sindicales y civiles negados a los y las guardias civiles». El cambio albergado bajo estos eufemismos es profundo: «Reconoceremos la condición de sindicatos de las distintas asociaciones de la Guardia Civil y derogaremos las normas que prohíban a sus miembros la participación en la vida sindical», lo que exige la desmilitarización. «Al mismo tiempo, garantizaremos sus derechos laborales y la capacidad de organización para defenderlos, con lo que se mejorará el servicio que prestan a toda la ciudadanía», lo que huele a lo mismo.
«Por otro lado, suprimiremos la aplicación del Código Penal Militar a la Guardia Civil, con el fin de separarla del ámbito militar y constituirla como una verdadera fuerza civil de seguridad pública», concluye. En un abierto mensaje ordenado a esa desmilitarización.
Cargo de confianza del ministro Marlaska
El plan de descuartizamiento de la estructura militar de la Guardia Civil, de hecho, se ha acelerado gracias a que Podemos cuenta ahora con un vigilante de honor en el Ministerio del Interior: y es que el ex diputado de Podemos José Antonio Delgado Ramos desempeña ahora el papel de asesor del Ministerio del Interior, el departamento de Fernando Grande-Marlaska.
Se trata del guardia que cobró protagonismo por su cercanía a Pablo Iglesias y que ahora disfruta de un cargo de confianza equiparable al de un funcionario de Nivel 30 (el grado máximo). Y su papel es precisamente el de insistir en ese objetivo: el de desmilitarizar el cuerpo benemérito.
(Carlos Cuesta. OK Diario)
