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El alto tribunal reprocha a la Administración no haber depurado el censo CERA
El Tribunal Supremo ha propinado un golpe judicial devastador a los planes de ingeniería electoral de Sánchez.. El alto tribunal mantiene la suspensión cautelar de los efectos electorales para miles de extranjeros nacionalizados a toda prisa – y sin cumplir los requisitos- de la nefasta Ley de Memoria Democrática, bautizada popularmente como la ley de nietos. Con las elecciones generales del 29 de noviembre a la vuelta de la esquina, este veredicto sitúa de nuevo el Censo Electoral de Residentes Ausentes -CERA- en el ojo del huracán político, desbaratando la desesperada estrategia del socialismo para alterar las mayorías parlamentarias desde el extranjero.
El dictamen no cuestiona la concesión de la nacionalidad en sí misma, sino el asalto deliberado al censo electoral sin las debidas garantías legales. El Supremo no retira la condición de españoles a los beneficiarios, pero congela cautelarmente su derecho a sufragio de cara a los comicios de noviembre. Los magistrados ordenan una investigación exhaustiva para aclarar si la gestión de la Administración socialista pisoteó los procedimientos de verificación obligatorios con el único fin de fabricar una bolsa de votantes afines en el exterior.
El origen del fraude censal en Iberoamérica
La batalla legal comenzó a fraguarse el pasado 8 de septiembre. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimó los recursos urgentes que presentaron Vox e Iustitia Europa contra las resoluciones permisivas de la Junta Electoral Central. El alto tribunal detectó un riesgo evidente y manifiesto para la objetividad, la transparencia y la limpieza de los comicios generales. Por ello, fulminó los efectos electorales de aquellas inscripciones tramitadas bajo la Disposición Adicional Octava de la ley de 2022.
La normativa del Gobierno permite a los descendientes de emigrantes y exiliados reclamar el pasaporte español. Sin embargo, el sanchismo transformó un derecho histórico en una maquinaria de emisión masiva de identidades en los consulados de Iberoamérica, saturando los registros civiles sin fiscalización real. El gobierno de Sánchez pretendía convalidar miles de altas sospechosas en el censo exterior antes del cierre del periodo electoral, inyectando al sistema miles de votos imposibles de auditar antes del paso por las urnas.
La Abogacía del Estado calcula que la suspensión ordenada por el alto tribunal afecta directamente a 163.020 personas. No obstante, otras proyecciones de expertos electorales elevan la cifra real hasta los 170.000 afectados. Los denunciantes sostienen que permitir el voto de miles de personas sin expedientes validados dinamita la credibilidad de la democracia española.
La desesperada carrera de Bolaños hacia el Tribunal Constitucional
Ante el desplome de su plan de captación exterior, el Gobierno socialista ha reaccionado de forma histérica. El Ejecutivo exigió la anulación inmediata de la suspensión cautelar bajo un pretexto puramente logístico: la supuesta imposibilidad material de revisar los expedientes individuales antes de los comicios. La Fiscalía General del Estado, sumisa a los intereses de la Moncloa, respaldó la petición gubernamental exigiendo que los nuevos inscritos votaran a ciegas, prefiriendo desproteger el censo antes que frustrar las expectativas electorales del presidente.
El Tribunal Supremo, sin embargo, ha plantado cara a las presiones del poder político. Los magistrados sostienen con firmeza que la prisa de una convocatoria electoral anticipada jamás justifica la demolición de las garantías democráticas elementales. El calendario express diseñado por Pedro Sánchez no puede servir de salvoconducto para validar un censo fraudulento o inflado de manera artificial.
El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha dejado al descubierto el pánico que impera en los pasillos de la Moncloa. El ministro advirtió con tono amenazante que, si los tribunales no cedían, España acudiría a las urnas el 29 de noviembre con un «censo alterado». El sanchismo prepara ya el asalto definitivo: un recurso de urgencia ante el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido. El objetivo del Gobierno pasa por conseguir que el tribunal de mayoría izquierdista enmiende la plana al Supremo y devuelva el voto a los 170.000 nacionalizados a toda prisa, cometiendo un atropello sin precedentes a escasas semanas del balotaje.
Un Constitucional a la medida de las necesidades del Gobierno
El desembarco en el Tribunal Constitucional no garantiza un éxito automático, pero evidencia la sumisión institucional que persigue el presidente. El tribunal de garantías tendrá que admitir a trámite el recurso gubernamental y dictaminar una suspensión provisionalísima basada en una urgencia excepcional inventada por el gobierno. La estrecha ventana temporal introduce una tensión institucional asfixiante entre los dos estamentos judiciales más importantes del país, divididos entre el rigor de la ley y el auxilio al gobernante.
El fondo de este conflicto retrata a un presidente obsesionado con controlar el escrutinio. El sanchismo sabe perfectamente que, en unas elecciones reñidas, un puñado de escaños baila por apenas unos miles de votos procedentes del extranjero. Diseñar nacionalizaciones exprés en países de Iberoamérica persigue un fin partidista evidente: condicionar la gobernabilidad de la nación desde miles de kilómetros de distancia con electores que jamás pagarán un impuesto en suelo español.
La oposición acusa al presidente de orquestar una estafa democrática masiva mediante la aplicación negligente de la Ley de Memoria Democrática. Pedro Sánchez solo ha reaccionado cuando el Supremo ha levantado el velo de su maniobra censal. El Gobierno reduce la limpieza democrática a una mera discusión administrativa de ventanilla, olvidando que esa ventanilla define la legitimidad misma de las Cortes Generales.
Las consecuencias de un censo bajo sospecha
La firmeza del Tribunal Supremo dibuja un panorama de incertidumbre jurídica absoluta para las próximas semanas. Salvo que el Tribunal Constitucional ejecute el rescate exprés que Bolaños le exige, el voto de estos nuevos nacionalizados permanecerá completamente congelado. Esta parálisis obligará a la Junta Electoral Central y a los funcionarios consulares a aplicar protocolos de extrema complejidad en un tiempo récord, con el consiguiente riesgo de colapso en las oficinas del exterior.
A 48 días de las urnas, el Supremo ha dejado la llave del voto de más de 163.000 personas en manos de los consulados. Si estos certifican el exilio de sus ascendientes, podrán votar; si no, su papeleta quedará en suspenso. El tribunal ya ha dejado escrito el porqué: la legitimidad de los elegidos “puede ser puesta en entredicho si existe la más mínima duda de irregularidad”.
La sentencia definitiva del Tribunal Supremo llegará mucho después del 29 de noviembre, pero su sombra inhabilitará la legitimidad moral del resultado si el sanchismo logra consumar su trampa a través de los magistrados de izquierdas del Tribunal Constitucional. El Supremo ha puesto en pausa el mecanismo del fraude, salvaguardando la dignidad de los electores españoles frente a las urgencias de un presidente dispuesto a todo para conservar el poder.
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