Un nuevo informe que acaba de entregarse a la Asamblea General de la ONU por parte de la Secretaría General de la institución pide que se sancione penalmente a quien critique la ideología de género, la orientación sexual, la transexualidad e incluso la educación sexual que sigue los parámetros del nuevo orden mundial.
El informe de septiembre, elaborado por Víctor Madrigal-Borloz, que trabaja bajo los auspicios del Consejo de Derechos Humanos, sostiene que existe una importante «reacción» contra los avances en materia de derechos humanos conseguidos por los homosexuales y transexuales, y que esta reacción amenaza y perpetra violencia contra estas personas.
Madrigal-Borloz señala que esta reacción proviene de un «fuerte aumento de los líderes políticos ultraconservadores y de los grupos religiosos que utilizan sus plataformas para promover el fanatismo, deshumanizar a las personas… y fomentar el estigma y la intolerancia entre sus electores».
Acusa a la Iglesia Católica
Uno de los pocos grupos que Madrigal-Borloz menciona por su nombre es la Iglesia católica. Madrigal-Borloz dice que «la doctrina de la complementariedad de la Santa Sede… sostiene que las mujeres no son iguales sino que tienen roles sociales complementarios…» Madrigal-Borloz argumenta que la forma de entender la familia por parte de la Iglesia Católica es una violación de la legislación vigente en materia de derechos humanos.
Madrigal-Borloz afirma que tales opiniones «crean un riesgo significativo para la promoción de los derechos de la mujer y pueden fomentar la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género». Cita los esfuerzos realizados en Estados Unidos para garantizar que los niños con confusión de género no practiquen el deporte de las niñas.
El informe se refiere a estas creencias como «narrativas excluyentes» que equivalen al discurso del odio e incluso a la violencia. Tales narrativas «explotan las ideas preconcebidas, el estigma y los prejuicios para crear una atmósfera de pánico y preocupación moral y crea el riesgo de perpetuar la violencia y la discriminación».
Que sean tratados como delitos de odio
Madrigal-Borloz pide a los Estados miembros de la ONU que «adopten medidas decisivas y concertadas para contrarrestar las prácticas excluyentes que amenazan con socavar los marcos internacionales, regionales y nacionales de derechos humanos y de género…» En especial, afirma que «las prácticas de exclusión no son conformes con el derecho internacional de los derechos humanos y deben ser tratadas en consecuencia, incluso… incluyéndolas en el marco jurídico de la incitación al odio y los delitos de odio».
El informe de Madrigal-Borloz es un documento de objetivos que no tiene fuerza de ley, pero que sin duda será utilizado por otros actores de la ONU para promover estas ideas. También puede ser utilizado por los gobiernos nacionales para hacer ilegal incluso la crítica a la ideología de género.
(Con información de Infocatólica)
