Pedro Sánchez obedece a Bill Gates y la Agenda de Davos: el mercado de la carne será intervenido

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 Cuando hace unos días el ministro ausente Albero Garzón arremetió contra la carne de las vacas española, y la polémica consiguiente que se creo parecía que era solo la voz de un ministro comunista desfasado y trasnochado. La realidad es que, simplemente ha puesto en voz y ante un medio extranjero, lo plasmado por escrito por el Gobierno español que no es otra cosa que  la desaparición de la carne tal como se lo exige Bill Gates y la élite globalista

El Gobierno planea que los españoles dejen de comer carne de aquí a 2050.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado su Plan 2050 para España basado en las exigencias del magnate Bill Gates y los «mandamientos» de la Agenda de Davos y su Great Reset (Gran Reseteo) creado por el presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab.

El documento de 700 páginas es una biblia de objetivos a largo plazo que pasan por aumentar el gasto público, subir impuestos y crear nuevos eco-tributos bajo el pretexto de cuidar la salud de los humanos. Entre las decenas de medidas presentadas como «resilientes y sostenibles», se encuentra la de reducir el consumo de carne de aquí a 2050.

El pasado mes de febrero de 2021, Bill Gates había exigido a las naciones ricas que intervinieran el mercado de la carne, mediante nuevas legislaciones, debido a que, según el fundador de Microsoft, «las ganaderías elevan los gases de metano e influyen perjudicialmente en el Cambio climático«. Sin embargo, detrás de esta teoría refutada científicamente, se encuentran los intereses económicos del multimillonario y sus numerosos colegas de las tecnológicas que han realizado enormes inversiones en la producción de carne artificial. Y como no hay demanda de su producto pues no les queda otra que imponerlo a la ciudadanía usando sus gobiernos, que regularán a favor del lobby tecno-verde. ¿Cómo? Penalizando el consumo mediante impuestos y más impuestos hasta asfixiar al sector ganadero.

El Plan 2050 de España, por lo tanto, intenta hacer ver que no comer carne es una idea genial por el bien de tu cuerpo: «Esta reducción de ciertos consumos no provocará un empeoramiento de las condiciones de vida ni del bienestar de la ciudadanía. De hecho, probablemente ayudará a mejorarlas. Numerosos estudios señalan que el consumo de carne de la población española es entre dos y cinco veces superior al recomendable, que el 55% cambia de móvil cuando el anterior que tenía aún seguía funcionando, y que el consumo de energía es muy superior al necesario», refleja uno de los apartados del informe 2050.

La cuestión es que comer un bocadillo de filete artificial no será una opción más, sino una imposición que viene desde Bruselas. La regulación del mercado de la carne traerá consecuencias nefastas, el entrecot, por ejemplo, subirá exponencialmente de precio y será un manjar solo permitido para las élites de Davos y las clases más pudientes.

Si bien, este plan va en consonancia con las «nuevas medidas alimentarias ecológicas y sostenibles que, a lo tonto va aprobando la Comisión Europea (CE). Cabe recordar que recientemente, la CE reconoció el pasado 5 de mayo como nuevo alimento a los gusanos amarillos secos y autorizó su comercialización en la Unión Europea. Según los euroburócratas, los gusanos suponen una fuente alta en proteínas y servirá para «apoyar la transición hacia un sistema alimentario más sostenible».

Castilla-La Mancha prohíbe la construcción y ampliación de macrogranjas hasta 2025

Y este contexto de ir eliminando la carne de acuerdo con la agenda 2030, las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves una moratoria para la instalación de granjas de ganado porcino en la región hasta el 31 de diciembre de 2024. Además, no se van a autorizar las ampliaciones existentes.

Esta regulación en la edificación de macrogranjas, que se ha aprobado por 19 votos a favor y 14 en contra, se establece para los proyectos de explotaciones de porcino que precisen Autorización Ambiental Integrada, o lo que es lo mismo, para aquellas que superen las 2.000 cabezas, y no se tramitarán proyectos nuevos ni modificaciones de otros ya existentes que supongan superar esa cifra.