El Ejecutivo descafeína el orden del día del Pleno con el que el Congreso cerrará el curso el martes 22 sin llevar la reforma de la ley Bolaños.
El Pleno del Congreso del 22 de julio cerrará el curso legislativo posponiendo la reforma judicial de la Ley Bolaños que no llegará al Pleno por falta de acuerdo con Junt, pero, sin embargo, aprobará normas para sancionar a medios y periodistas incómodos. Deja claro que otra prioridad que tiene es controlar a la prensa crítica en España.
El Ejecutivo descafeína el orden del día. Solo los reales decretos menos conflictivos entrarán para no perder ninguna votación antes del verano. Así aparenta normalidad, aunque del trilero y mentiroso compulsivo de Sánchez se puede esperar cualquier cosa a última hora.
Se paraliza la Ley Bolaños: un golpe de Estado judicial frustrado
La gran buena noticia es que el Congreso no debatirá la reforma judicial del ministro Félix Bolaños. El golpe judicial se retrasa Esa ley, que pretendía controlar el Poder Judicial mediante reformas exprés, ha sido bloqueada por el desacuerdo con Junts. Es una paralización de gran importancia: suponía un golpe de Estado judicial en toda regla.
Este frenazo es una victoria directa para el Estado de Derecho y la separación de poderes. Gracias a ello, los casos judiciales abiertos por corrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez podrán seguir su curso sin manipulación. por lo menos hasta septiembre-octubre. La justicia mantiene su independencia frente al asalto del Ejecutivo, de momento.
Se trata, sin duda, de un éxito para la sociedad española, para la ciudadanía que aún cree en las instituciones y en el papel imparcial de los jueces. La reforma pretendía politizar la Fiscalía y eliminar cualquier control judicial real sobre los actos del Gobierno. Su paralización merece ser celebrada.
El control de los jueces queda pendiente pero destaca el avance en la otra prioridad real del Gobierno: castigar al periodismo desde la Cámara Baja.
Sancionar sin juicio
La Mesa del Congreso controlará la concesión de acreditaciones y su renovación. Esto otorga poder discrecional sobre quién puede ejercer periodismo parlamentario. La medida pretende imponer control político sobre periodistas con efectos reales ya en verano.
La censura política a periodistas generará autocensura entre corresponsales. Muchos evitarán preguntas incómodas para no perder credenciales. Se institucionaliza un ambiente de miedo en el periodismo.
La norma no solo regula: reprime. No protege el orden: impone su visión. No exige rigor: sanciona la independencia.
Sabor agridulce
La jornada del 22 de julio dejará un sabor agridulce. La paralización de la Ley Bolaños es, sin duda, una gran noticia para España. Se frena, aunque sea momentáneamente, un auténtico golpe de Estado judicial impulsado por el Gobierno para someter a jueces y fiscales a sus intereses partidistas. Este parón debe celebrarse como lo que es: una victoria de la sociedad civil y del Estado de Derecho. Es la demostración de que, aún en un régimen de propaganda y pactos oscuros, la justicia puede seguir su curso y los casos de corrupción gubernamental no serán enterrados sin más.
Pero frente a esa buena noticia, se ha consumado una mala noticia de gran gravedad institucional: el Congreso aprobará la censura política a los periodistas. Esta reforma del reglamento abre la puerta a un sistema de control ideológico disfrazado de orden parlamentario. Mientras los jueces resisten, los periodistas críticos pasan a estar oficialmente amenazados. Es un ataque directo a la libertad de expresión, y quienes lo avalan, lo saben.
