“Nacionalizar” las residencias costaría 10.000 millones

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Superado, al menos de momento, el mayor pico de la epidemia sanitaria del coronavirus, Podemos ha situado el foco del debate en lo sucedido en estos meses en las residencias para personas de avanzada edad. Una estrategia que el partido morado desarrollará en varios frentes y con especial atención a lo sucedido en dos comunidades gobernadas por el Partido Popular: Madrid y Castilla y León.

La formación del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha planteado en ambas regiones la creación de sendas comisiones de investigación que sirvan para aclarar lo sucedido en los centros de mayores durante la pandemia. El propio Iglesias ha insistido en estas semanas en poner el foco en la responsabilidad de los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso y de Alfonso Fernández Mañueco, ambos dirigentes populares, en estos hechos.

Pero al margen de la confrontación política –cuyas consecuencias se han vuelto a ver esta semana en el duro enfrentamiento que mantuvo Iglesias con el secretario general del PP, Teodoro García Egea–, el plan de Podemos se asienta también sobre una ofensiva contra las empresas privadas que gestionan la mayor parte de las residencias de nuestro país. Tanto Iglesias como el portavoz del partido en la Cámara Baja, Pablo Echenique, avanzaron hace semanas que defenderían en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica su propuesta para tratar de limitar la presencia del sector privado en la asistencia residencial de los ancianos. Las líneas maestras de esta propuesta son cuatro.

Gestión directa o colaboración con el Tercer Sector. La Proposición No de Ley de Podemos sobre las residencias resume el plan que los de Iglesias pretenden acometer en estos centros mediante la progresiva limitación del sector privado.
Gestión directa o colaboración con el Tercer Sector. La Proposición No de Ley de Podemos sobre las residencias resume el plan que los de Iglesias pretenden acometer en estos centros mediante la progresiva limitación del sector privado./Foto: La Razón/La Razón

En primer lugar, el impulso de «un sistema de residencias público, universal, de calidad y de gestión directa o en colaboración, mediante diferentes fórmulas, con el Tercer sector», recoge la propuesta morada. Es aquí en donde los de Iglesias abre la puerta a una reversión al sector público de las residencias privadas. Lo que viene a plantear Podemos con esta propuesta es una suerte de «nacionalización» o de vuelta al sector público de este servicio, aunque dejando la puerta abierta a la colaboración con entidades sin ánimo de lucro, como, por ejemplo, fundaciones. Dejando fuera al sector privado. Tampoco aclara Podemos en su propuesta si su reversión a la público incluiría también a las residencias 100% privadas o únicamente aquellas en las que existe un concierto.

En nuestro país existen actualmente 372.985 plazas en residencias; de las que más del 72 –un toral de 271.696– pertenecen a centros privados. Otras 101.289 están en residencias públicas (un 27,1%). Dentro del negocio privado, el número de plazas concertadas supera ligeramente la cifra de las 87.000 y otras 35.000 son gestionadas en concesión. A partir del escenario que dibujan estas dos últimas cifras, actualmente las arcas públicas «financian» 112.000 plazas para que, según el diagnóstico de Podemos, «el servicio lo presten otros actores».

Fuentes jurídicas especializadas en este sector señalan que la complejidad del proceso sería distinto en función del alcance final de la reversión. «Hemos visto el ejemplo de lo que quiere hacer y ha inició el año pasado el Gobierno de la Comunidad Valenciana (un tripartito entre el PSOE, Compromís y Podemos). Quieren devolver a lo público las residencias concertadas una vez finaliza el plazo de duración del contrato. En ese momento, los centros retornan a la administración para su gestión directa. Nacionalizar el conjunto de las residencias es casi inviable». Las complicaciones del plan que Podemos lanzará en el Congreso en las próximas semanas se derivan también de una cuestión competencial: son las comunidades autónomas las responsables de estas instalaciones.

El coste para las arcas públicas de este proceso oscilaría entre los 6.000 y los 10.000 millones de euros, según esas mismas fuentes: «Podría incluso superar los 10.000 millones, en función de las indemnizaciones que se determinasen». Y es que según los informes del sector de las residencias privadas –en concreto, el elaborado por DBK– la facturación de las empresas que lo integran ascendió a los 4.500 millones de euros: «El 59% del mercado total correspondió a ingresos derivados de la gestión de plazas privadas puras, con 2.655 millones de euros.

Por su parte, el negocio de gestión de plazas concertadas generó 1.370 millones de euros (30,4%), mientras que la gestión privada de plazas públicas reunió el 10,6% restante», señala el informe. De hecho, a las millonarias indemnizaciones que las administraciones tendrían que asumir, es necesario añadir el coste de dinero público que para el Estado o las comunidades supondría hacerse cargo, en sus propios presupuestos, de los centros privados o concertados, a nivel de instalaciones, servicio y personal.

Al margen del proceso de reversión del sector a lo público, el plan de Podemos para las residencias también contempla un endurecimiento de los mecanismos de vigilancia y control en toda la red de residencias. También la transparencia en su gestión y en la comunicación. En este contexto se plantea elaborar un Programa de Acreditación de Calidad de Residencias de Mayores, en colaboración con las comunidades autónomas.

Asimismo, se propone mejorar la «coordinación y asignación conjunta en las prestaciones entre Salud y Servicios Sociales, aplicando un modelo de cuidados que respete la autonomía, dignidad y preferencias de cada persona, evitando así modelos que lo institucionalicen». Por último, desde Podemos consideran crucial mejorar las condiciones laborales y el salario de los trabajadores de estas residencias.

(Pablo Gómez. Diario La Razón)