El Gobierno está casi muerto y culmina este curso de la legislatura con un balance de casi paralización legislativa. Desde el inicio de la legislatura solo han conseguido aprobar tres leyes, y sin embargo ha tenido 33 votaciones perdidas.
El Gobierno de Sánchez pretende aprobar casi un centenar de leyes este año para cumplir con Europa y recibir los fondos comunicativos correspondientes – ya se sabe que quien paga, manda-, pero los revolcones parlamentarios le ha impedido sacar adelante gran parte de la agenda que tenía previsto.
Como recordarán, el gobierno consiguió convalidar dos decretos leyes en enero, pero le fue imposible aprobar un tercero impulsado por los comunistas de Sumar tras el «no» de los también comunistas Podemos a la reforma del despido incluido en el macroproyecto por la guerra interna entre ellos. También consiguieron dar luz verde a extender las medidas anticrisis que vienen extendiéndose desde la pasada legislatura para paliar el impacto de la pandemia del coronavirus y la guerra en Ucrania.
33 votaciones perdidas
Pero más allá de las leyes que han conseguido la luz verde de la Cámara Baja, el Gobierno ha perdido un total de 33 votaciones.
Y es que el 23-J dibujó un escenario más que incierto: a la compleja suma de mayoría de la pasada legislatura, que aunaba a los comunistas de Unidas Podemos, y los separatistas de PNV y Esquerra Republicana y a los proetarra de Bildu, y Teruel Existe, se ha sumado los también separatistas catalanes de Junts. La formación liderada por el expresident golpista Carles Puigdemont ha tensado al máximo la cuerda, llevando al límite cada negociación y tumbando iniciativas fundamentales de la legislatura.
El pasado martes, el Gobierno perdió sus últimas dos votaciones: el reparto de menores inmigrantes pactado con el Ejecutivo canario y el techo de gasto, el primer paso para la aprobación de los presupuestos generales del Estado —la ley más importante de cada curso político—.
Evitar impulsar medidas en el primer semestre
Sánchez ya renunció a elaborar y presentar unas cuentas estatales para este año tras el adelanto electoral en Cataluña. En Moncloa consideraban inviable poder pactar unos presupuestos con todos sus socios en mitad de una elecciones autonómicas en sus respectivos territorios. El carrusel electoral del primer semestre de 2024 puso el freno a la agenda legislativa del Gobierno, que ha evitado enfrentarse a cualquier votación en el Congreso.
Galicia celebró los comicios regionales en febrero, en abril las elecciones vascas, con PNV y Bildu luchando por liderar Euskadi, en mayo las catalanas —en pleno enfrentamiento entre ERC y Junts— y, por últimos, las europeas, cruciales para medir el apoyo al Gobierno de coalición.
«Va a ser una legislatura de pocas leyes», aseveraba un ministro en noviembre, tras la tercera investidura de Sánchez, pero no esperaban un primer año con solo tres leyes aprobadas y tres decretos leyes convalidados.
Tres normas aprobadas y polémicas
Las normas que sí ha conseguido aprobar el Congreso y el Senado no han servido para coger fuerza en las encuestas. De las tres normas aprobadas, dos de ellas han sido de entrega y cesión a los separatistas. Así, el Ejecutivo reformó el artículo 41 de la Constitución para permitir a los parlamentarios intervenir en las lenguas cooficiales —catalán, euskera, gallego…—. Por otra parte, después impulsó la ley de amnistía que ha dejado sin efecto cualquier causa judicial vinculada al golpe de estado catalán desde finales de 2011 hasta noviembre de 2023. La última de las iniciativas, libre de polémica, busca regular las enseñanzas artísticas superiores.
Fuente: Iker Vega | El Confidencial Digital
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