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Mientras España elimina la protección 21 de los 27 Estados de la UE protegen los sentimientos religiosos
El panorama de las libertades civiles en España se enfrenta a una de sus reformas más regresivas y nefastas. Los partidos del Gobierno de coalición, PSOE y los comunistas de Sumar, han pactado suprimir el artículo 525 del Código Penal, el precepto legal que hasta ahora sancionaba penalmente las ofensas y los escarnios públicos dirigidos contra los sentimientos religiosos. Esta medida, justificada por el Ejecutivo bajo una supuesta homologación europea y la defensa de una libertad de expresión ilimitada, ha encendido todas las alarmas en los sectores civiles y jurídicos.
El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) ha alzado la voz contra este pacto, desvelando las falsedades argumentales de la coalición gubernamental y denunciando el desamparo legal en el que quedarán millones de creyentes en España. Con esta reforma, la ultra izquierda gobernante no solo rompe un consenso social histórico, sino que sitúa a España en la periferia legal de un continente que, mayoritariamente, blinda la fe de sus ciudadanos frente a las agresiones verbales y simbólicas.
El pacto de PSOE y Sumar contra el artículo 525 del Código Penal y la fe
La decisión de eliminar el artículo 525 del Código Penal responde a una vieja agenda ideológica ultraizquierdista compartida por el PSOE y Sumar. Ambos partidos han desmantelado de forma progresiva la protección jurídica de las confesión católica. El texto actual tipifica como delito el escarnio público de los dogmas, creencias o ceremonias de una confesión, así como la ofensa pública a quienes las profesan o no las profesan.
Al erradicar este artículo, el Ejecutivo capitanea una preocupante deriva antirreligiosa en la que se otorga carta blanca al insulto, la mofa y la vejación pública del hecho religioso. Bajo la premisa de que todo está permitido en el debate público, PSOE y Sumar confunden deliberadamente la crítica legítima con la agresión sistemática a las convicciones más íntimas de la persona. Esta reforma penal no amplía las libertades del ciudadano común; por el contrario, restringe el derecho de los creyentes a no ser hostigados ni humillados públicamente por motivo de su fe.
Europa desmiente al Gobierno: 21 de los 27 países de la UE sí protegen la religión
Para justificar esta polémica supresión, el relato oficial de Moncloa insiste falsamente de forma recurrente en que la legislación española es una anomalía retrógrada en comparación con los países del entorno europeo occidental. Sin embargo, los datos objetivos y el análisis normativo internacional desmontan por completo esta narrativa oficialista. El OLRC ha recordado al Gobierno la existencia de un riguroso informe jurídico que analiza de forma pormenorizada todos los códigos penales de la Unión Europea.
Los resultados son incontestables: 21 de los 27 Estados de la UE protegen los sentimientos religiosos en sus respectivas legislaciones nacionales. Países de profunda tradición democrática y estrictos estándares de libertades civiles mantienen en sus códigos mecanismos punitivos contra las ofensas a la religión. Al falsear deliberadamente esta realidad, el PSOE y Sumar construyen un discurso sesgado y falaz que aísla a España del sentido común legislativo imperante en la Unión Europea, demostrando que la reforma responde únicamente a un sectarismo partidista y no a una necesidad de homologación internacional.
«Mienten cuando dicen que nuestro modelo es superior»
La respuesta desde los sectores civiles en defensa de la libertad de conciencia ha sido inmediata y sumamente crítica. María García, presidenta del OLRC, ha desmontado con dureza los argumentos esgrimidos por el bloque gubernamental para sostener la reforma. «Mienten cuando dicen que el modelo español de protección penal de la libertad religiosa es muy superior al de los países de nuestro entorno«, ha manifestado de manera tajante, denunciando la manipulación informativa empleada por el aparato de propaganda gubernamental.
La presidenta del Observatorio subraya que el argumento de la coalición carece de cualquier rigor comparado. La insistencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez en consumar este atropello legislativo evidencia que la medida no busca perfeccionar el ordenamiento jurídico, sino satisfacer las demandas de los socios más radicales del Gobierno. Para el OLRC, la eliminación del artículo 525 supone un retroceso democrático inaceptable que degrada el ecosistema de convivencia multicultural de la España contemporánea.
Las personas y no las ideas abstractas son las titulares de los derechos fundamentales
Una de las falacias teóricas más extendidas por los defensores de la derogación penal es que las religiones, al ser sistemas de ideas, no deben gozar de protección jurídica frente a la ofensa. Ante esta manipulación doctrinal, María García ha recordado un principio elemental del Derecho constitucional y de los Derechos Humanos: «Las ideas o creencias no son titulares de derechos fundamentales, pero las personas sí son titulares del derecho a la libertad religiosa».
La protección penal de los sentimientos religiosos no pretende blindar un dogma teológico de la crítica científica o filosófica; lo que protege es la dignidad del ser humano, cuya identidad y conciencia están indisolublemente unidas a sus convicciones espirituales. Cuando se ataca, se escupe o se veja un símbolo religioso con el único fin de humillar, no se está debatiendo una idea, se está agrediendo la integridad moral del creyente. Al desproteger el sentimentio religioso, el Gobierno de Sánchez y su equipo se empeñan en recortar un derecho fundamental que pertenece a millones de ciudadanos españoles, dejándolos en una situación de vulnerabilidad jurídica intolerable.
Unanimidad de todas las confesiones religiosas frente al laicismo beligerante de Sánchez
La oposición a los planes del Gobierno no proviene de un único sector social o de una sola sensibilidad espiritual. El rechazo a la supresión del artículo 525 del Código Penal ha logrado un hito histórico de transversalidad y consenso en la sociedad civil española. Líderes de las principales confesiones con arraigo en el país —católicos, evangélicos, ortodoxos, anglicanos, judíos y musulmanes— estamparon de manera conjunta su firma en una declaración de oposición absoluta a esta reforma penal.
Esta unidad de acción de comunidades tan diversas demuestra que la preocupación no responde a un privilegio corporativo, sino a la legítima defensa de un espacio de respeto mutuo. María García han enmarcado con claridad esta agresiva reforma legal en una estrategia coordinada y persistente por parte del Ejecutivo de coalición: el intento deliberado de imponer una «religión de Estado» basada en un laicismo beligerante y excluyente. Este laicismo de corte radical busca arrinconar el hecho religioso al ámbito estrictamente privado y doméstico, eliminando cualquier rastro de trascendencia del espacio público y penalizando simbólicamente a quienes disienten del dogma ideológico oficial de la Moncloa.
Recogida de firmas del OLRC: la movilización ciudadana en defensa de la libertad religiosa
Ante la inminencia del trámite parlamentario y la sumisión de los partidos del Gobierno a sus compromisos ideológicos, el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia ha decidido trasladar la batalla al terreno de la movilización social. El OLRC ha lanzado campaña de recogida de firmas, dirigida directamente a los diputados del Congreso para exigirles que voten en contra de la supresión del artículo 525.
Esta iniciativa busca apelar a la responsabilidad individual de los legisladores, recordándoles que su deber constitucional es proteger los derechos fundamentales de todos los españoles, no servir de cómplices en el desmantelamiento de las libertades civiles. La campaña del OLRC se presenta como el último dique de contención democrático frente a una reforma penal arbitraria que, lejos de consolidar libertades, abre la puerta al odio, la intolerancia y la quiebra de la paz social y religiosa en España.
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