Leyes en conserva y manipulación | Mariano Martínez- Aedo

El anterior gobierno socialista-podemita contó entre sus geniales iniciativas legislativas con un proyecto de ley de familias donde daban rienda a sus delirios antropológicos antihombre y antifamilia.  Un proyecto elaborado, por otra parte, de forma totalmente anómala y manipuladora por el ministerio podemita.  En efecto, lejos de contar con aportaciones sociales, de debate con organizaciones familiares o de intentar pulsar las necesidades y opiniones sociales mediante debates públicos, el proyecto se elaboró en el más estricto secreto.  Y además aprovechando recursos de organismo internacionales (previamente aportados por España, claro) para asegurarse el aislamiento informativo.  Más allá, cuando ya se anunció su presentación, se siguió manteniendo el secreto, no divulgando su contenido hasta el último momento.

Por fin, se presentó causando el estupor y la indignación, pues dogmatizaba sobre los tipos de familia que ellos decidían existían, llegando hasta casos tan singulares como definir una familia especial cuando los cónyuges por trabajo viven separados parte del tiempo, mientras que las familias numerosas eran borradas.  Por supuesto, su ideología de género (o woke) se reflejaba en sus definiciones.

Gracias a Dios, se produjo el adelanto electoral y el proyecto decayó. Con la victoria del multiverso Frankenstein que mantuvo a Pedro Sánchez en la Moncloa, ha llevado a que su gobierno, esta vez socialista-sumarita, vuelva a presentar el mismo proyecto de ley antifamilia. Como siempre hablando de urgencia, buscando eludir todos los controles e informes complementarios de los órganos consultivos, que pudieran molestarles al detectar ilegalidades e incoherencias.

Pues bien, este proyecto, aprobado por el consejo de ministros en febrero de este año, llegó al congreso, empezó los trámites y por decisión política (bien por no contar con los votos necesarios o por dejarla para el mejor momento propagandístico) de la mayoría gubernamental se paralizó.  De forma vergonzosa, como suele proceder este gobierno y su mayoría, manipulando de forma insultante los procedimientos, normas y organismos públicos, han procedido a prorrogar el plazo de enmiendas ¡24 veces ya!.  No se trata de que estén negociando enmiendas, de que haya un debate, simplemente proceden a usar un mecanismo organizativo de forma abusiva (más de 7 meses de aplazamientos hasta ahora) en lugar de retirar el proyecto, como sería lo lógico.

La mayoría de las medidas positivas que contenía la ley, y que básicamente era la adaptación legal a normas europeas como ampliación de permisos, etc.  ya se promulgaron por decreto ante las elecciones legislativas de 2023.  Por tanto, lo que quedaría por aprobar de la ley sería sólo los bodrios ideológicos que, por ejemplo, eliminan las familias numerosas, pero definen más de veinte “tipos” de familia al gusto de la ideología antifamiliar de los comunistas y socialistas.

Por una vez, al menos, sus manejos están retrasando la aprobación de una ley nefasta, pero no hay debate alguno relacionado con estos temas, la oposición tampoco reacciona a esta prórroga infinita como si fuera razonable.  En definitiva, esta ley antifamilia permanece congelada hasta el momento en que les parezca conveniente a sus promotores sin que se haga nada por remediarlo, o por lo menos ofrecer alternativas.  Es significativo que en 46 años de vigencia de la Constitución actual, ningún gobierno ha hecho una ley de familia que desarrollara las normas constitucionales sobre sus derechos y protección, a pesar de que era un deber de desarrollo constitucional y que las asociaciones Profamilia lo han solicitado repetidamente.

En esta dinámica tenemos todas las de perder, cuando gobiernan los antifamilia proceden a implantar medidas que desarrollan sus ideologías antifamiliares y, cuando no gobiernan, los contrarios se abstienen de tomar medidas profamilia, y mucho menos de derogar siquiera una coma de esas medidas tan negativas.

Por tanto, la mejor defensa no es el silencio, a ver si se “olvidan” de ese proyecto de ley nefasto, sino que debería combatirse abiertamente y promover una auténtica ley de familia que desarrolle todos los derechos reconocidos en la constitución a la familia y establezca las grandes líneas de una política familiar que obligue a todos los gobiernos.

No es de recibo que la estabilidad matrimonial, el derecho a la intimidad familiar, a la propia imagen, a decidir sobre la educación de los hijos y a tutelarlos, etc. sigan al albur de cualquier norma nacional, autonómica o local, ya que no hay desarrollo constitucional de estos derechos fundamentales para las familias y para la sociedad.

Mariano Martínez-Aedo es Presidente del Instituto de Política Familiar (IPF)