La escuela concertada, en la que estudia uno de cada cuatro niños en España, observa con desolación la nueva deriva de la reforma de la «ley Celaá» que empieza a tramitarse en el Congreso. Sólo PSOE y Unidas Podemos han pactado más de un centenar de enmiendas que fueron registradas ayer, algunas de las cuales suponen un endurecimiento del proyecto de ley, que ya eliminaba el principio de «demanda social», es decir, que veta el aumento de plazas, aunque los padres lo pidan, si hay en un colegio público. Las enmiendas presentadas ahondan más en ese cerco a la escuela subvencionada con propuestas que pretenden que se supriman por ley los conciertos para los colegios que educan a niños y niñas en aulas separadas (educación diferenciada). «Queremos que no haya ningún centro sostenido con fondos públicos que pueda segregar por motivos de sexo y género», dijo ayer el portavoz en educación de la formación morada, Javier Sánchez. Los partidos que sostienen al Gobierno de coalición matizan el artículo 88.1 del proyecto de ley sobre las cuotas en estos centros, que sólo pueden ser voluntarias. Ahora se pretende introducir que las actividades complementarias (visitar un museo, ir a una granja escuela…) también tengan que ser gratuitas y, además, sean obligatorias, lo que ha llevado a pensar a la concertada que esas actividades al final acaben siendo talleres de sexualidad y de ideología de género con el argumento de que forman parte de la programación. Las propuestas introducidas abogan por un incremento de los puestos escolares en la educación pública y por que se fomente la escolarización de proximidad. De esta manera se abre la puerta a que las familias no sólo presenten sus solicitudes en los centros, sino también ante la Administración educativa, que podrá centralizar el proceso. También se pretende que cada centro deba tener un porcentaje equilibrado de inmigrantes para evitar guetos.
La portavoz del PSOE, Luz Martínez Seijo, avanzó que una de las grandes propuestas de su grupo es dotar de mayor autonomía a los centros para que organicen sus espacios y horarios. Es más, propone que tengan un 10% de autonomía curricular y se pretende reforzar las funciones de la inspección educativa de tal manera que hagan labores de asesoramiento «porque nos va a dar más certidumbres al conjunto de la sociedad para evitar desigualdades», dijo. También se busca poner coto a la repetición de curso de tal manera que los alumnos puedan hacerlo dos veces como máximo en toda su vida académica.
Por su parte, el Grupo Popular presentó 156 enmiendas al articulado que «tratan de garantizar la libertad de elección de las familias, pretenden evitar el cierre de los centros de educación especial y reconocen el derecho al concierto a todos los centros que imparten enseñanzas obligatorias y cumplen los requisitos que exige la Administración», manifestó ayer su portavoz en Educación, Sandra Moneo.
Entre sus propuestas figuran también un MIR para el profesorado, que un 65% del currículo sea común en toda España, que el castellano sea la lengua vehicular y, donde haya lenguas cooficiales, que se implante el trilingüismo. Además, defiende una EVAU igual para toda España y «reforzar la Alta Inspección contra el adoctrinamiento».
(Rocío Ruiz. Diario La Razón)
