La Virgen de los Desamparados y el bien común | Álvaro Gutierrez

Este pasado abril, el Cardenal Cañizares respondió al ya famoso vídeo “devolvednos la Misa” con una llamada a la prudencia. A los fieles que estamos ya algo hartos del desierto sacramental no nos hizo demasiada gracia, pero fue un documento que nos puede dar la pauta del camino que deberíamos seguir en adelante en política los católicos españoles. El señor Cardenal nos advirtió que una Iglesia en tiempos de unos neroncillos animosos debería actuar con prudencia. La ley permitiría sin duda la apertura de los templos con condiciones mínimas de seguridad, pero el gobierno, desesperado por echar las culpas del fuego que nos asola a quien sea menester, podría aprovecharlo para recortar la libertad de la Iglesia de forma quizá permanente, amén de desautorizarla ante la opinión pública.

Ya empezada la desescalada, me permitiré desescalar mi norma autoimpuesta de dar latitud al gobierno en mis críticas públicas y diré que el temor no es para nada infundado. Desde el inicio del estado de alarma en España se ha visto intentos, como el desafortunado de Rosa Montero, de echar culpas a la Iglesia del Covid para distraer de las imágenes tan vistosas del 8-M. Primero el problema es que no hace nada la Iglesia para estar del lado de quienes lo sufren. Luego, tras recibir centenares de respuestas con los esfuerzos de congregaciones, conventos, asociaciones, parroquias o grupos de fieles haciendo todo lo posible por paliar las necesidades del prójimo el problema no es la Iglesia ampliamente entendida sino específicamente los obispos. Después, tras otras tantas explicaciones de las iniciativas diocesanas (y el apunte de que Cáritas precisamente es iniciativa de los obispos) el problema pasó a ser que antes del estado de alarma la gente iba a misa y se daba la mano en signo de paz. Y por fin, tras señalar muchos que no se conoce caso alguno de contagio por asistencia a misa y que los obispos mandaron omitir o sustituir la señal de la paz y otras medidas preventivas mientras el gobierno aún aseguraba que en España no habría más que algún contagio aislado la Sra. Montero guardó un decoroso silencio. Otros, que bien podrían haber seguido su ejemplo, se han dedicado a criticar sin rubor bendiciones con el santísimo, atención de sacerdotes a enfermos y moribundos e incluso misas celebradas en balcones.

Pero si la cosa se quedara en que medios anticlericales u opinadores con miedo de que su tribu lleve el sambenito del contagio no sería tan grave. El problema es que desde las instituciones, tanto las delegaciones del gobierno como algunas autoridades municipales, se ha visto esta misma tendencia. Tres (que yo sepa) son las denuncias interpuestas ya ante delegaciones del gobierno por posible delito de interrupción de culto a pesar de que las celebraciones religiosas jamás han estado prohibidas por la ley. Al mismo Cardenal Cañizares, cuya carta nos ocupa, fue investigado por la policía local por dejar asomar a la puerta de la puerta de su Basílica a la Virgen de los Desamparados ante unos pocos fieles que la veneraban en formación casi militar, con amplia distancia entre uno y otro devoto congregado. Al no haber delito alguno, la amenaza es de pasar informe a la Delegación del Gobierno –otra– de Valencia por si decidieran multarle al Cardenal.

Poder, pero no derecho

Gladden Pappin, editor de American Affairs, compartió una noticia de la investigación al Cardenal Cañizares con una cita de otro Cardenal, Henry Edward Manning. «No le niego al estado», dice, «su poder de violar todo derecho Divino sobre la tierra. Podrá abusar con licencia de su voluntad –imperial, real, burocrática, democrática. Niego únicamente su derecho [a hacerlo].» Lo que estaba en juego cuando del Cardenal Manning dijo estas palabras es lo mismo que está en juego ahora que se pretende investigar a Cañizares: la libertad de la Iglesia y la relación que deben tener entre si los poderes temporal y espiritual. Y librar esta batalla requiere toda la prudencia que nos pide a los católicos que pedíamos volver a tener acceso a los sacramentos.

La Iglesia y el Estado ambas ejercen su autoridad sobre una única comunidad humana. Cada una persigue el bien común de esa comunidad, pero cada una con arreglo a su propio fin. El fin del poder temporal es el bien común temporal, la paz entendida como tranquilidad en el orden y orientada al florecimiento y auténtica felicidad humana. Esto depende de la visión de la felicidad humana que se tenga, que depende precisamente de la visión espiritual de una sociedad. El poder espiritual, además de dar contenido a esa visión espiritual, tiene el fin propio de llevar a esas mismas personas a la felicidad eterna. En otros momentos, esos poderes se han concentrado en una única autoridad, en el Califa en el orden teocrático o en el Partido Comunista en uno ateo. Pero en la civilización occidental que instaura la Cristiandad se distingue entre ambos. No están estos fines contrapuestos, como no deben estar contrapuestos la Iglesia y el Estado, y tampoco están mezclados, como no debe dejar de distinguirse entre la Iglesia y el Estado. El fin del bien común temporal está encaminado el espiritual, e ir en contra del segundo nunca podrá conducir a la consecución del primero. E igual que el Estado, si entiende bien su fin, no podrá oponerse a la Iglesia, ésta siempre deberá colaborar con el Estado, como dice el Cardenal Cañizares, a conseguirlo. «Hemos de ayudar en lo que es justo y en el bien común. Hemos de ayudar a los Gobiernos y a los representantes de la autoridad, y rezar por ellos».

Y es ésta, al final, la solución al problema que planteé en mi anterior artículo. Ante la pregunta de qué finalidad debe plantear la derecha española para su acción política surge la respuesta propiamente española. España, que se engrandeció cuando los poderes temporal y espiritual ejercieron respectivamente de Espada de Roma y luz de Trento, debe perder el miedo a la trascendencia. Y no está sola. Esta respuesta, lejos de ser aspiración ingenua de alguna tertulia entre susurros en la sacristía ha saltado a la palestra en la academia jurídica y los círculos mediáticos en EEUU.  Adrian Vermeule defiende precisamente esto en su artículo sobre el Constitucionalismo del Bien Común. Dice en él que el “originalismo” (postura interpretativa de la constitución con la que el conservadurismo Americano quiso defenderse del empuje liberalizador igual que el nuestro se refugió en el consenso muerto del 78) debe dejar lugar a una nueva doctrina, que se base en la búsqueda del bien sustantivo del hombre. La interpretación legal debe «empezar en los principios morales sustantivos que conduzcan al bien común […] Estos principios incluyen el respeto a la autoridad del gobierno y los gobernantes; respeto a las jerarquías necesarias para que funcione la sociedad; solidaridad en y entre familias, grupos sociales y sindicatos, asociaciones de trabajo y profesiones; subsidiariedad apropiada, o respeto por los papeles legítimos de los cuerpos y asociaciones en todos los niveles de la sociedad; y una cándida disposición por “legislar la moralidad” -es más, un reconocimiento de que toda legislación se funda necesariamente en una concepción sustantiva de la moral, y que la promoción de la moralidad es una función central y legítima de la autoridad».

La crisis presente desenmascara las tendencias que ya existían. Por una parte tenemos una izquierda que entiende que tiene legitimidad para promover su «concepción sustantiva de la moral», una antimoral que disuelve los lazos naturales y nos aleja de nuestro bien común tanto temporal como espiritual. Por la otra tenemos una derecha timorata, con miedo de hablar siquiera de que existan cosas buenas o malas, convencida de que si tan solo pudiesen lograr que el Estado fuese neutral, los hombres por su cuenta se harían virtuosos. El tenue equilibrio ya empieza a desmoronarse en favor de los primeros, pero algunas reacciones, de las que podremos hablar más adelante, nos demuestran que, tanto aquí como en otras partes del mundo, un cambio de rumbo es posible. Y en momentos decisivos como éste o bien proponemos nosotros el rumbo o bien serán otros quienes nos lo propondrán.