El magistrado emérito del TC analiza las consecuencias de la segunda fuga del expresidente catalán para la Justicia española
Jorge Rodríguez-Zapata -ex magistrado del Tribunal Supremo y emérito del Tribunal Constitucional- sigue mostrando al público su posición en algunos de los temas que marcan la agenda de nuestro país a nivel jurídico y político.
La periodista Cristina García Vázquez le entrevista para Voz Populi. por su interés reproducimos dicha entrevista
– Se cumple un año de la segunda fuga de Carles Puigdemont, ¿qué lectura jurídica hace de aquel episodio y sus consecuencias?
Esto es un fallo del sistema judicial español y del sistema policial, una vergüenza para la soberanía española. Es un indicador de la situación kafkiana que estamos viviendo en España, pero me parece un caso vergonzoso, lo que pasa es que ya nos hemos habituado a este tipo de situaciones. Deja en ridículo al ejercicio de la soberanía del Estado español para evitar el delito y perseguir delincuentes.
– ¿Cómo valora que Puigdemont siga residiendo en el extranjero sin haber comparecido ante la Justicia española?
También nos hemos habituado a que la política española se decida negociando en Suiza con el señor Santos Cerdán, que también está en prisión, o con el señor Rodríguez Zapatero. Es vergonzoso que en cualquier democracia europea las decisiones que forman una mayoría parlamentaria como la investidura o la amnistía, se decidan fuera de España y con una persona que está perseguida por la Justicia española.
– ¿Considera que el uso reiterado de euroórdenes ha sido eficaz o contraproducente para la imagen de la Justicia española de cara a Europa?
Yo creo que la imagen de la Justicia española en Europa es mala. Y es mala no solamente por las euroórdenes, sino también por la misma promulgación de la ley de amnistía. Atenta contra la sentencia de la Sala Segunda sobre el ‘proces’ que está pendiente aún de la evaluación del tribunal.
«¿Cómo puede salir bien parada la Justicia de un país que amistía a quienes han intentado un golpe de Estado? Esto nos recuerda que estamos ante un sistema judicial fallido»
– La reciente sentencia de la amnistía del Tribunal Constitucional ha sido criticada por juristas y expertos en Derecho Constitucional. ¿Qué le parece el papel del Tribunal Constitucional en todo esto?
La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía yo la critiqué antes de que saliese, ya que como otros juristas considero que es inconstitucional. El Tribunal constitucional ha dicho lo contrario, pero si se lee la sentencia, no hay ningún argumento de peso en el que se base para decir que la amnistía es constitucional. Se basa en que el artículo 66 de la Constitución dice que las Cortes Generales tienen todas las potestades y, por tanto, también tienen una potestad que no figura en la Constitución, que es la potestad de amnistiar. Eso es una estupidez. Por ello, espero que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo corrija.
– Uno de los puntos de esta ley que muchos juristas critican es que vulnera presuntamente el principio de igualdad ante la ley, ¿comparte esa preocupación?
Toda amnistía vulnera el principio de igualdad. No hay nada más incierto que una ley de amnistía en la que los beneficiarios hacen que se apruebe la misma. Carles Puigdemont recurre en amparo al Tribunal Constitucional, porque considera que él ya está amnistiado, porque él mismo redactó su propia ley de amnistía. Ellos redactaron la ley que les exonera y luego favorecieron su aprobación en el Congreso a cambio de siete votos. Tanto es así, que hasta el señor Turull declaró que esto se trata de una auto-amnistía. No obstante, redactaron tan mal la ley que la malversación queda excluida de la aplicación de la norma, según el Tribunal Supremo.
– ¿Cree que el Constitucional se entromete en la interpretación jurisdiccional del Supremo, máximo intérprete de la ley?
Sin duda alguna. El Tribunal Constitucional lo hizo con las sentencias de los ERE de Andalucía, donde el Tribunal Constitucional consideró que una interpretación que da la Sala Segunda del Tribunal Supremo de la legislación ordinaria, es una interpretación totalmente contraria a la jurídica. El Tribunal Constitucional se entromete y corrige la interpretación de la ley que ha hecho la Sala de lo Penal y que también hemos hecho en la Sala Tercera del Tribunal Supremo desde hace 25 años. La fundamentación del órgano de garantías de las sentencias de los ERE de Andalucía es estúpida.
– ¿Le preocupa que el Tribunal Constitucional pueda estar perdiendo su papel como garante neutral del orden constitucional?
Me da muchísima pena, porque yo he sido miembro del Tribunal Constitucional y cuando la ley de amnistía se ha dado a toda velocidad y apenas se delibera, como dicen los votos particulares, no es un buen síntoma. La esencia del Tribunal Constitucional siempre han sido largas deliberaciones en las que 12 juristas llegan a una solución ponderada.
«Cuando se debate a toda velocidad, como se ha debatido la ley de amnistía porque políticamente interesa, no estamos ante un Tribunal Constitucional, estamos ante un tribunal político»
– ¿Carles Puigdemont podrá volver a España?
Yo creo que no. Está pendiente un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pero la jurisprudencia del órgano de garantías es que es prematuro cualquier recurso de amparo que pretenda interponerse cuando está abierta la vía judicial. Entonces, la vía de recurrir a un tribunal constitucional amigo no es una forma de volver a España. Y la interpretación de las leyes no le corresponde al TC, sino que le corresponde a los tribunales de Justicia. Por ello, yo creo que el señor Puigdemont, como dijo Pedro Sánchez, si vuelve es para ingresar en prisión.
– Otro de los temas que han marcado la agenda en los últimos meses ha sido el procesamiento de García Ortiz, ¿debería dimitir?
Tenía que haber dimitido hace muchísimo tiempo y que espero que el Tribunal Supremo le suspenda, porque es realmente kafkiano que un fiscal, aquel que tiene que ser impasible con la ley, que tiene que perseguir la aplicación de la ley, sea un delincuente.
– El Tribunal Constitucional y el Ministerio Público han perdido la confianza de ciertos sectores de la sociedad. ¿Cómo se puede restaurar esa confianza en las instituciones?
Es necesario equilibrar el Tribunal Constitucional, que ahora está totalmente desequilibrado. También hay que lograr que las resoluciones estén fundadas en derecho, no sean resoluciones políticas, como ha pasado con las últimas resoluciones, así podemos volver a recuperar la confianza de la ciudadanía. Respecto a la Fiscalía, hace falta una reforma constitucional para lograr que el Ministerio Fiscal tenga las mismas garantías que tienen los jueces.
