El órgano abogó por que se legisle para regular hasta dónde pueden llegar las plataformas

La Junta Electoral Central abordó esta semana uno de los debates que han ido marcando la agenda a nivel internacional en los últimos tiempos: el poder de las redes sociales para decidir qué es tolerable y qué debe ser censurado. El órgano falló en contra de Vox en una demanda contra Twitter por haber suspendido parcialmente su cuenta en la campaña para las elecciones catalanas, pero se mostró a favor de que sea el Congreso de los Diputados el que se implique en este asunto y se abra a regular un tema que apunta a ser clave en los años venideros.

«Cuestión distinta es que esta materia deba ser objeto de regulación por el legislador«, reza el escrito en el que se resuelve en contra de Vox al considerar que los hechos denunciados no son de extrema gravedad. Pese a esto, enfatiza que la «Junta es consciente de los peligros y riesgos que pueden suponer algunas decisiones de los responsables de las redes sociales durante la campaña electoral». Y en esta misma línea apostilla que no sería «exagerado» entender que estas prácticas pudieran limitar «seriamente» la campaña de los aspirantes a un cargo público.

En este sentido, va más allá y ahonda en un elemento que resulta fundamental en estas denuncias: las opciones del demandante para poder apelar. «Dada la perentoriedad de los periodos electorales, apenas tendrá tiempo para obtener una tutela judicial eficaz frente a esas decisiones», insiste la JEC en la documentación a la que tuvo acceso este medio. «Tampoco resulta satisfactorio que decisiones de esta naturaleza se adopten de plano sin oír con carácter previo a las personas perjudicadas», esboza sobre los procedimientos que emplea Twitter en estos casos.

«Todas estas cuestiones deben ser abordadas por el legislador», concluye la Junta Electoral. En el texto, con fecha del pasado jueves 25 de febrero, el órgano se escuda en que sus capacidades son limitadas ante la ausencia de una regulación clara al respecto. Así, indica que solo podría posicionarse contra la red social si se produjera «una vulneración grave de los principios de pluralismo político, transparencia, objetividad o igualdad entre las candidaturas electorales», algo que a su parecer no se da en este caso concreto.

Se trata de un debate que ha suscitado grandes dudas a nivel nacional, ya que una empresa privada puede decidir sin respaldo judicial alguno lo que una persona puede decir o no. Sus defensores defienden que sin este tipo de prácticas los discursos del odio cabalgan a sus anchas por la red sin ningún tipo de freno y que si no se atajan de forma rápida y eficaz pueden causar daños a la población, tanto físicos como mentales.

(Javier Bocanegra|Ángel Alonso Giménez. El Confidencial)

Por Redaccion

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