La insostenible permanencia del Fiscal General: Un daño irreparable a las instituciones

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La situación de Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado ha llegado a un punto de absoluta insostenibilidad. Su permanencia en el cargo no solo desafía cualquier lógica institucional, sino que representa un golpe directo a la credibilidad de la justicia en España. Si García Ortiz tuviera un mínimo de decoro, debería presentar su dimisión de inmediato. Sin embargo, parece que ha aprendido bien la lección de Pedro Sánchez: aferrarse al poder sin importar el daño que se cause a las instituciones.

Cuando un alto cargo carece de dignidad, honor y coherencia, el resultado es el que hoy presenciamos: un Fiscal General imputado por revelación de secretos que se niega a dimitir pese a la evidente crisis que ha generado en la institución que encabeza. Y lo más revelador es que no solo la oposición exige su salida, sino también sectores más afines, que le han retirado su apoyo ante la gravedad de la situación.

Uno de los datos más significativos es el rechazo creciente dentro del propio entorno socialista. Según una encuesta de Sigma-Dos, el 43,4% de los simpatizantes del PSOE piden la dimisión de García Ortiz, una cifra que supera en tres puntos al porcentaje de socialistas que creen que debe continuar en el cargo (40,8%). Este dato es demoledor, ya que refleja que ni siquiera el electorado que aún respalda al Gobierno considera sostenible la situación del Fiscal General.

Este rechazo masivo no es producto de una campaña política, sino del evidente desgaste que ha provocado la conducta de García Ortiz. Su imputación en el Tribunal Supremo ha agravado aún más una crisis de credibilidad que solo podría frenarse con su inmediata dimisión. Sin embargo, parece decidido a seguir el mismo guion que su mentor político, haciendo caso omiso a la opinión pública y protegiendo su permanencia en el poder a cualquier precio.

Pero la presión no solo viene del exterior. Dentro de la propia Fiscalía, el malestar ha alcanzado niveles críticos. Hasta 13 fiscales de la Junta de Fiscales de Sala han solicitado la dimisión de Álvaro García Ortiz, argumentando que su situación es «insostenible» y que está causando un «daño intolerable» a la institución. En una carta dirigida directamente a García Ortiz, estos fiscales exigen su «imprescindible» renuncia debido a su «actitud impropia» ante el proceso judicial en su contra.

El mensaje de los fiscales es claro: la permanencia de García Ortiz no solo daña la imagen de la Fiscalía General del Estado, sino que también socava la confianza de los ciudadanos en la justicia. La preocupación dentro del propio cuerpo fiscal es una prueba irrefutable de que la situación ha llegado a un límite insostenible.

El caso de Álvaro García Ortiz es un reflejo de la degradación institucional que atraviesa España bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. La resistencia a dimitir, a pesar de estar imputados y con claras evidencias de prevaricación, demuestra la falta de principios de quienes hoy dirigen el país.

La Fiscalía General del Estado no puede estar encabezada por una persona que arrastra un proceso judicial por un presunto delito de revelación de secretos. La justicia española no puede permitirse un escándalo de esta magnitud sin que ello tenga consecuencias. Si aún queda un mínimo de respeto por las instituciones, Álvaro García Ortiz debe renunciar de inmediato. De lo contrario, la crisis de confianza en la justicia seguirá profundizándose, con efectos devastadores para el Estado de derecho en España.

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