Los cuatro fiscales de Sala del Tribunal Supremo Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza y Jaime Moreno del Procés han enviado su informe en contra de conceder el indulto a los condenados por el 1-O, tal como adelantó OKDIARIO en septiembre. Los cuatro han terminado de redactar el escrito esta misma mañana y, tras firmarlo, lo han elevado al Alto Tribunal. En su escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, se deniegan los indultos «por la enorme gravedad de los hechos».
Los fiscales han mantenido el mismo criterio que tenían hasta ahora con respecto a los presos, que cumplan en prisión la parte que les corresponda de la pena impuesta, que en el caso del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras supera los 13 años de prisión. Los cuatro han emitido doce informes, uno por preso, ya que no todos ellos tienen el delito de sedición.
Motivos
Explican desde el Ministerio Público que, “el mecanismo del indulto pretende atemperar el rigor de las penas impuestas en aquellos excepcionales casos en los que la estricta aplicación de la ley conduce a una respuesta punitiva absolutamente desmedida y desproporcionada, generalmente como consecuencia del transcurso de elevados períodos de tiempo entre la comisión del delito y la ejecución de la pena (siempre que no sean imputables al penado), situación que evidentemente no se ha producido en el presente caso”.
Y añaden que “una de las condiciones mínimamente exigibles para su otorgamiento es la constatación de una aceptación manifiesta de la responsabilidad por el delito cometido y el decidido propósito de no reincidir como muestras de acatamiento a la legalidad conculcada”, pero que “ninguna de estas circunstancias se ha acreditado en el presente caso”.
Desproporción de la pena
Respecto de una posible desproporción de la pena, el informe señala que: “Como venimos señalando de forma reiterada a lo largo de este proceso, los hechos objeto de enjuiciamiento fueron de una enorme gravedad. Bastaría para rechazar tal alegación con reparar en que la ilícita conducta del condenado no agredió solamente al orden público, sino que también intentó quebrar el orden constitucional, además de afectar a la integridad patrimonial de la Administración pública mediante el uso ilegal de fondos públicos”.
El hecho de que ninguno de los condenados haya mostrado un arrepentimiento sobre lo sucedido, tal como ocurrió con los terceros grados, ha pesado en la decisión de los fiscales. Otro de los factores determinantes es la gravedad de los delitos cometidos, en este caso sedición en concurso con malversación de caudales públicos.
Los representantes del Ministerio Público se han opuesto a todas las peticiones. En este caso las del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los ex consejeros del Gobierno catalán Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa; Josep Rull y Joaquim Forn, Santi Vila, Carles Mundó y Meritxel Borrás; la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell y los líderes de la ANC y de Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
La Medida de gracia fue solicitada desde tres frentes diferentes. Por un lado, lo hizo el abogado catalán, Francesc de Jufresa, por otro UGT, y en tercer lugar también lo solicitaron para Carmen Forcadell los expresidentes del Parlament Núria de Gispert, Ernest Benach y Heribert Barrera.
Elecciones catalanas
Pese a que desde la Fiscalía se ha enviado el informe antes de que finalice el 2020, el hecho de que falten el resto de partes por informar, así como que una vez estén todos los informes, el Tribunal Supremo debe tomar una decisión, hacen inviable que el Gobierno pueda decidir antes de las elecciones catalanas.
Pese a todo, desde el independentismo no quieren un indulto sino una amnistía para todos los condenados por el Procés, algo inviable según las fuentes del Gobierno de Pedro Sánchez. El motivo es que ni el presidente, ni el PSOE pueden hacer frente al coste político que significaría decretar la amnistía.
(Loreto Ochando. Ok Diario)
