¿Y ahora qué?: La Eurocámara aprueba el informe que pide más de un 25% de docencia en español en las aulas catalanas

El comité de Peticiones de la Eurocámara ha aprobado el informe sobre la inmersión lingüística, y ha instado a las autoridades catalanas y españolas a que aseguren que la enseñanza en las escuelas de Cataluña dé el mismo trato al español y catalán «en las horas de enseñanza y curriculares» y a que a ningún niño se le discrimine por ser hispanoparlante.

La recomendación va más allá de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y establece la obligación de que al menos un 25 % de la docencia se imparta en español a todos los alumnos del sistema educativo de Cataluña, principal argumento legal esgrimido por las familias que acudieron a la comisión de Peticiones de la Eurocámara.

Se han aprobado asimismo varias enmiendas que refuerzan la preocupación por el modelo de inmersión lingüística y el respeto de los derechos fundamentales de los alumnos catalanes, entre los que destaca el deber del Ejecutivo catalán de garantizar el español en igualdad de trato con el catalán como lengua de enseñanza.

Español vehicular y en materias troncales

Esta es una de las conclusiones finales del informe sobre la misión a Cataluña que llevaron a cabo en diciembre de 2023 una docena de eurodiputados para examinar la inmersión lingüística en las escuelas de la comunidad, que endurece el tono del primer borrador debatido en esta comisión hace un mes y añade, entre otras advertencias, su preocupación por que el régimen lingüístico catalán limite en la práctica la libertad de circulación europea.

En efecto, las enmiendas finales aprobadas también subrayan, por un lado, que el objetivo de la misión era evaluar sobre terreno el modelo de inversión y sus consecuencias en las familias que se trasladan a Cataluña o que residen en ella, así como el multilingüismo, la no discriminación y el cumplimiento del Derecho Internacional y europeo.

El uso del español en la enseñanza es un «derecho» constitucional

Por otro lado, se refuerza el uso del español en la enseñanza como un «derecho» recogido en el artículo 3 de la Constitucional española, que incluye tanto su oficialidad como que las Comunidades Autónomas tengan, a la par, sus lenguas oficiales. Una observación que ya quedó recogida en las conclusiones del informe de la misión que lideró la eurodiputada estonia Yana Toom y que ahora enfatiza que recibir enseñanza en español está consagrado en la Carta Magna nacional al considerar que el sistema educativo debe tratar por igual el español y el catalán.

La redacción final aprobada con las enmiendas también recuerda que el Estatuto catalán utilizó la posibilidad para establecer el catalán como lengua cooficial pero que eso no excluye el trato igualitario en el «marco del currículo o el horario lectivo y que el sistema educativo debe adoptar las medidas necesarias para compensar las deficiencias en cualquiera de las lenguas». El texto añade que no puede permitirse una «exclusión de las lenguas oficiales como lenguas vehiculares en materias troncales, porque en ningún caso el uso de la lengua oficial en extraescolares u asignaturas que no tienen tanto peso en las competencias básicas puede «computarse» como una troncal, ya sea, por ejemplo, matemáticas o historia.

Condena por «limitar la libre circulación» y protocolo de defensa

El texto refuerza la idea de la preocupación de la UE en el modelo de inmersión lingüística por la posibilidad de que «genere graves disfunciones para los alumnos con necesidades especiales cuya lengua materna es el español». Añade en este punto que este derecho, que debe respetarse por las autoridades y que la misión recogió tras escuchar a familias afectadas en Cataluña, queda recogido por la Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos fundamentales de la Unión. El redactado final también ha aprobado una sexta enmienda bis donde condena directamente que el régimen lingüístico limite en la práctica la libertad de circulación, que perjudica a las familias que se trasladan a Cataluña estudiar en español, «lo que afecta a sus derechos y restringe sus opciones de búsqueda de empleo».

En el informe aprobado, la Eurocámara expresa «su preocupación por la exclusión, las controversias y las reacciones en la opinión pública que este asunto está provocando en la sociedad catalana, incluidos casos de exclusión social, intimidación y acoso contra niños y padres», condena los discursos de odio y exige a la Generalitat que vigile «de cerca este comportamiento inaceptable y sancione a los autores». 

Además, el Parlamento «pide a las autoridades regionales y nacionales que establezcan un protocolo de defensa y protección para las personas en situación de riesgo, incluidas las familias que recurren al sistema judicial para que se ejecute la sentencia de 16 de diciembre de 2020», tal y como queda recogido en la enmienda 14.

En defensa del 25% de español

Como ya observó la misión de la UE y redactó en su informe, se constató el incumplimiento de las sentencias del 25% del castellano en las aulas por parte de la Generalitat. En esta línea, el Comité de Peticiones ha aprobado también una enmienda que refuerza la idea de que se está vulnerando un derecho fundamental. «Recuerda que el respeto del Estado de Derecho es una de las piedras angulares de la Unión y está consagrado en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea; considera que el incumplimiento de las resoluciones judiciales por parte de las administraciones públicas española y catalana vulnera este principio fundamental», reza el texto.

Tras la aprobación del informe sobre la exclusión del español en la educación catalana, ha quedado patente que Cataluña tiene que permitir el 25% en español, evitar la intimidación a niños y familias hispanohablantes y “entablar un diálogo constructivo” con ellos.

¿Y ahora qué?

Este informe será enviado ahora a la Generalidad de Cataluña, a las autoridades nacionales españolas, incluido el Ministerio de Educación, al Defensor del Pueblo español, al Síndic de Greuges de Cataluña, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y al Tribunal Constitucional. También será remitido al Grupo de Seguimiento del Estado de Derecho y de los Derechos Fundamentales de la comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara.

Pero para tener en cuenta lo que va a pasar a partir de ahora hay que señalar quienes han votado en contra. Así, los eurodiputados que han votado en contra han sido la republicana Diana Riba, la eurodiptada de los verdes, del mismo grupo de Riba, Magrete Auken, la eurodiputada de Podemos, Esther Sanz, la eurodiputada socialista Cristina Maestre, y los eurodiputados no inscritos Alexis Georgoulis y Tatjana Zdanoka, actualmente señalada por haber trabajado para el Kremlin como espía rusa.

Esto es, el gobierno socialista y sus socios han votado en contra lo que constata que no tienen ningún interés en cumplirlo. Se quedará en agua de borrajas.

Beatriz Jiménez Nácher | Voz Populi |