Mientras, según fuentes sindicales, un runrún resuena cada vez con más fuerza: si la reforma, en los términos que plantea el equipo de Díaz, fracasa, la vicepresidenta segunda abandonará el Gobierno. El entorno de la titular de Trabajo lo niega, pero ese es uno de los mensajes que circulan. Además, según estas fuentes, sería el pistoletazo de salida de las movilizaciones que anunció el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, de la mano de la UGT de Pepe Álvarez.
El proceso de movilización, aunque sea suave, ya se está produciendo y ambos sindicatos dicen que si la derogación de la reforma laboral no avanza, las manifestaciones serán crecientes. Y pese a que los sindicatos insisten en que la decisión de salir a la calle se toma en sus órganos de dirección, donde oficialmente no se ha tratado el asunto, la realidad es que un movimiento de tan hondas implicaciones políticas no se tomaría sin conocimiento de Díaz y, probablemente, sin su visto bueno.
Huelga general

En el mundo sindical tiene sentido la idea de que se convoque hasta una huelga general en caso de gatillazo en la reforma, aunque ese es un campo de minas que abocaría a las dos grandes centrales a debate y a tensión dado el fuerte vínculo de la UGT con los socialistas.

La vicepresidenta, explican estas fuentes, no permanecería al frente de Trabajo con los sindicatos en armas contra el Gobierno porque el golpe político que sufriría sería considerable en un momento en el que Díaz tiene en su agenda conformar el «frente amplio» con el que competirá electoralmente con el PSOE de Pedro Sánchez. «Si la reforma fracasa, habría una crisis de Gobierno y supondría el fin de la coalición», vaticinan.

Optimismo sindical

Comisiones Obreras como UGT aguardan con cierto optimismo. Pero los cuarteles sindicales están movilizados y alineados con Díaz. Las dos principales centrales han ido elevando poco a poco el tono en la calle desde el verano pasado. Sin ir más lejos, el pasado 11 de febrero convocaron protestas en toda España contra la política económica del Ejecutivo, al que exigieron la subida del salario mínimo y la derogación de las reformas laboral y de pensiones.

«De momento vamos a ver cómo va esta metodología que ha puesto el Gobierno en sus propias negociaciones. Nosotros estamos instalados en que en este mes de noviembre tiene que llegar el acuerdo. Más allá de eso, ahora mismo, no vamos a entrar. Seguimos teniendo la confianza de que en noviembre este acuerdo esté hecho», precisa a este diario una fuente oficial de UGT.

Unai Sordo, de Comisiones Obreras, también quitó importancia al diseño del Gobierno para hablar de la reforma: «A nosotros cómo se organice el Gobierno internamente no es una cuestión que nos competa«. Eso sí, su sindicato, más próximo a Izquierda Unida, presiona más que UGT. Y señala el camino al Gobierno: en caso de que la patronal se baje del acuerdo, tiene que «tirar para adelante con el que haga con los sindicatos».

El papel de Yolanda Díaz es complicado, porque deberá garantizar un acuerdo que pondrá a prueba el cordón umbilical que le une al movimiento obrero. Para entenderlo solo hay que tener en cuenta que la vicepresidenta segunda es abogada laboralista e hija de Suso Díaz, el exsecretario general de Comisiones Obreras en Galicia.