La Asamblea del régimen pretende mostrar como una novedad lo que está expresamente señalado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999, y que ha sido violentada en cientos de casos y desde hace por lo menos 17 años
“A partir del momento en que esta Ley sea promulgada, los civiles solo podrán ser juzgados en tribunales civiles y los militares seguirán siendo juzgados en tribunales militares si incurren en una falta o delito”, dijo Jorge Jesús Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional de la dictadura chavista, en relación a cinco leyes que supuestamente estarían demostrando la reforma del sistema judicial venezolano.
Reforma que No es ninguna novedad ya que está en la Constitución
Rodríguez pretende mostrar como una novedad, lo que está expresamente señalado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999, y que ha sido violentada en cientos de casos y desde hace por lo menos 17 años.
El artículo 49 de la Constitución vigente en Venezuela, desde 1999, dice textualmente: “Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso”.
Agrega que “toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley”, más adelante expresa “ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad”. Es decir, todo violentado por los cuerpos de inteligencia y los tribunales.
Práctica violentada desde hace años
Ahora los parlamentarios de la dictadura venezolana pretenden ignorar que había casi 400 civiles detenidos en el marco de las protestas, presentados ante tribunales militares venezolanos. .
De hecho, ya en 2018 la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), con sede en Suiza, compuesta por 60 jueces y abogados de todo el mundo, publicó un documento donde reveló el juicio de civiles por tribunales miliares en Venezuela, destacando que “a partir del 2014, el juicio de civiles por tribunales militares se ha convertido en una práctica generalizada en Venezuela”.
Se viola la Constitución
En el 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató que “decenas de civiles detenidos en el marco de las manifestaciones estarían siendo procesados y/o juzgados en la jurisdicción penal militar, la cual no cumple con el requisito de independencia e imparcialidad. Además, se imputarían los delitos de ‘traición a la patria’, ‘rebelión’ y ‘ataque al centinela’, en contravención del principio de legalidad”.
Antes de que llegara Michelle Bachelet, quien ha sido tibia ante la tortura, el asesinato, los ajusticiamientos y la violación de los derechos humanos en Venezuela, la Oficina del entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reveló que entre el 1° de abril y el 31 de julio de 2017, más de 600 civiles detenidos en el marco de protestas y marchas estaban siendo procesados por tribunales militares, acusados de delitos como rebelión y traición previstos en el Código Orgánico de Justicia Militar.
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En la publicación que hizo CIJ destaca que “en la mayoría de los casos, a los abogados defensores se les limita el acceso a las salas de audiencia, sólo están autorizados a hablar unos pocos minutos, antes de las audiencias, con sus defendidos y se les restringe el acceso al expediente penal”.
¿Y los muertos y torturados?
El diputado Pedro Miguel Carreño dijo que con el Proyecto de Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico de Justicia Militar, “nunca más un ciudadano civil será juzgado en una jurisdicción militar. Cada uno será remitido a los tribunales pertinentes para garantizar el debido proceso”. Olvida el parlamentario mencionar que la Constitución se violentó con la cantidad de civiles juzgados en tribunales militares y de militares juzgados en tribunales ordinarios.
Lo que no ha dicho Pedro Carreño ni ninguno de los parlamentarios es qué pasará con los funcionarios que han violado la Constitución, los responsables de la muerte y tortura de militares y civiles que estaban en manos de los cuerpos de seguridad e inteligencia como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Uno de esos hechos atroces es el del concejal Fernando Albán.
La Asamblea Nacional en manos de la dictadura chavista
En esa sesión la Asamblea Nacional aprobó los proyectos de leyes de reforma del: Código Orgánico Procesal Penal, Código Orgánico Penitenciario, Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, Código Orgánico de Justicia Militar y Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación Científica, Penal y Criminalística.
La Asamblea Nacional (AN), está compuesta en la actualidad por la casi totalidad de diputados oficialistas y algunos que han mantenido estrecha relación con el chavismo, ha pretendido demostrar, a través de los medios de propaganda del Gobierno de turno, que la reforma de cinco de esas leyes es un avance en materia de derechos humanos, mientras hay gran cantidad de civiles detenidos en cárceles militares, unos juzgados en la justicia militar o en los tribunales de terrorismo.
