La ley de Vivienda prohíbe actualizar las rentas al IPC como pactaron propietario e inquilino. ¿Seguridad jurídica?
En aplicación de la autonomía de la voluntad, propietario e inquilino pactaron una renta por
el uso de un bien y la actualización de dicha renta conforme al IPC. Pero ocurre que a mitad
de partido el gobierno aprueba una ley que impide cumplir con esa voluntad pactada y limita
la revalorización de la renta. ¿Dónde queda la seguridad jurídica?
El gobierno argumentará que se trata de proteger al débil en una relación contractual
desigual. Señala también que es una decisión “excepcional” ante una situación excepcional.
Bla, bla, bla.
Lo que está detrás de esta medida es una desconfianza en la voluntad de las partes y
una confianza ciega en la capacidad pública de regular la convivencia. Y eso a pesar de que
la realidad es tozuda y que cada vez que se interviene se estropea. Da igual. La ideología
pesa más que la realidad.
Todos los ejemplos internacionales de países de nuestro entorno y comparables como
Alemania ponen en evidencia la realidad de que regular el mercado de alquiler no ayuda al
inquilino a acceder de manera más fácil y barata a la vivienda sino que genera bolsas de
fraude, mercado negro y retirada de producto del mercado.
Pero es que tenemos el ejemplo en casa y cercano en el tiempo. El gobierno decidió
topar la revalorización de los alquileres por la pandemia. ¿Y qué ocurrió? Que los
alquileres se dispararon incluso por encima del IPC. ¿Conclusión? Si quieres facilitar el
acceso a la vivienda la evidencia te enseña que la regulación no es el camino eficaz.
¿Cuál es el camino adecuado? La seguridad jurídica. Garantiza los derechos del
propietario y se verá incentivado a sacar su producto al mercado. Y si las viviendas
vacías salieran al mercado, el precio bajaría por la sencilla ley de la oferta y la demanda.
¿Verdad que era fácil? Pues nada. Seguimos protegiendo al inquiokupa con la excusa de
proteger al vulnerable. Seguimos condenando al propietario que cierra el agua y la luz del
okupa por supuesto delito de coacciones…
Sin derecho de propiedad no hay progreso posible. El buenismo está muy bien cuando
se practica sobre los derechos de otros. Proteger al vulnerable es estupendo. Pero no se
entiende por qué razón lo debe de hacer el pequeño propietario que se esforzó para
comprarse una vivienda que complementara sus rentas.
Si al buenismo le sumamos esos axiomas ideológicos como que la okupación no existe y
tenemos el ‘combo’ perfecto del desastre. Y si la ‘solución’ es más intervención, mejoramos
la perfección del caos. ¿Cuándo aprenderán que gobernar sobre la realidad es más fácil y
eficaz?
Luis Losada Pescador | Periodista
