El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha reconocido que le «parecería bien» desmilitarizar el cuerpo de la Guardia Civil. Preguntado por este extremo durante la rueda de prensa desde la Moncloa posterior al Consejo de Ministros, ha respondido que «como líder de mi partido le daría que el hecho de que la Guardia Civil pueda reunirse, manifestarse o sindicarse, como han reivindicado las asociaciones profesionales, me parecería bien«. Eso sí, acto seguido ha matizado que como vicepresidente segundo del Ejecutivo prefiere no hacer comentarios al respecto, añadiendo que además «competencialmente no me corresponde«. Iglesias comparecía este mediodía, junto a la ministra portavoz María Jesús Montero y el titular de Sanidad, Salvador Illa, para dar cuenta de la nueva ley de infancia aprobada por el Consejo de Ministros y promovida desde su departamento.
Las declaraciones se producen en un contexto en el que las relaciones entre el Gobierno y una parte de los mandos del instituto armado no pasan por su mejor momento, después del cese del coronel Pérez de los Cobos. En una nota interna, la directora general del cuerpo, María Gámez, reconoció por escrito que el mando fue relevado por “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”. Así consta en la propuesta oficial de destitución de Pérez de los Cobos, a la que tuvo acceso El Confidencial. Fernando Grande-Marlaska, en cambio, ha defendido que se trata de una simple “reestructuración” de equipos para darle “un impulso a la Guardia Civil”.
La formación morada llevaba en su programa electoral una medida para «reconocer los derechos sindicales y civiles negados a los y las guardias civiles». Concretamente, se comprometía a «reconocer la condición de sindicatos de las distintas asociaciones de la Guardia Civil y derogaremos las normas que prohíban a sus miembros la participación en la vida sindical». Al mismo tiempo, se apostaba por garantizar «sus derechos laborales y la capacidad de organización para defenderlos, con lo que se mejorará el servicio que prestan a toda la ciudadanía». Y finalmente se abogaba por «suprimir la aplicación del Código Penal Militar a la Guardia Civil, con el fin de separarla del ámbito militar y constituirla como una verdadera fuerza civil de seguridad pública».
Gestión de las residencias en Madrid
Iglesias ha vuelto a cargar nuevamente contra la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso por los protocolos de triaje mediante los que se decidió qué usuarios de residencias de mayores podían ser ingresados en hospitales por covid-19 y cuáles no. Una decisión sobre la que dijo que esta «lógico que genere preocuopación y escándalo», basándose en que fue la consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid «quien dijo que la orden, acreditada por los medios de comunicación, de no aceptar ancianos procedentes de residencias en hospitales madrileños era inmoral, sino eventualmente ilegal».
En esta línea insistió en que fue el consejero Alberto Reyero quien señaló «un escándalo evidente que puede tener consecuencias legales». De hecho, añadió a este respecto que son las familias de los fallecidos quienes ya habrían emprendido acciones legales. En ello se reiteró durante las sucesivas preguntas de los medios incidiendo en estas acusaciones que también han tenido como consecuencia una división entre los socios del Ejecutivo madrileño, puesto que la consejería de Reyero es de Ciudadanos.
Respecto al papel ejercido desde la vicepresidencia en lo referente a la gestión de las residencias de mayores, Iglesias lo resumió en un aumento de las competencias de las comunidades autónomas «para que pudieran intervenir e inspeccionar, en su caso, las residencias privadas», en una partida de 300 millones de euros destinada a las administraciones autonómicas para que pudiesen contratar más personal en las residencias, y el hecho de considerar estos trabajadores como servicios esenciales.
Ley de Infancia
La Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia pretende establecer un nuevo paradigma de prevención y protección común en todo el territorio del Estado «frente a la vulneración de derechos que significa la violencia sobre la infancia y la adolescencia». Concretamente, se busca realizar «una aproximación integral con la que dar respuesta a un problema que tiene una naturaleza multidimensional» y priorizar la prevención «como vía para evitar la violencia contra las personas menores de edad».
ntre las principales novedades que introduce, destaca la nueva regulación que se da a los delitos de odio, incorporando la edad como causa de discriminación, tanto sobre los niños, niñas y adolescentes como sobre las personas de edad avanzada, e incluyendo la aporofobia y la exclusión social dentro de estos tipos penales. Asimismo, se extiende el tiempo de prescripción de los delitos más graves cometidos contra las personas menores de edad, modificando el día de comienzo de cómputo del plazo: el plazo de prescripción se contará a partir de que la víctima haya cumplido los 30 años de edad. De esta forma, las víctimas de abusos pueden presentar acusación hasta que cumplen 45 años para los casos de delitos más graves.
Otro de los nuevos tipos delictivos que se introducen tiene que ve con evitar la impunidad de conductas realizadas a través de medios tecnológicos y de la comunicación, debido a que producirían graves riesgos para la vida y la integridad de las personas menores edad, así como una gran alarma social, como las que promuevan el suicidio, la autolesión o los trastornos alimenticios entre personas menores de edad.
(El Confidencial)
