La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha rechazado este martes archivar la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, como solicitó la Abogacía del Estado y la Fiscalía. Asimismo mantiene la declaración de Franco prevista para mañana.
La Abogacía del Estado había pedido archivar la investigación de la manifestación del 8M al estimar que no se ha encontrado “el más mínimo indicio delictivo” y que el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, actuó correctamente, pues, de haber prohibido ese evento con la información de la que disponía, habría prevaricado.
En un escrito registrado en el juzgado de instrucción número 51 de Madrid y en representación de José Manuel Franco, investigado por presunta prevaricación por haber permitido la manifestación, la Abogacía vuelve a cargar contra la jueza y contra los informes de la Policía Judicial, convencida de que se ha realizado una investigación prospectiva y de carácter general.
“La instrucción tenía por objeto no investigar indicios de delito, sino encontrarlos”, denuncia la Abogacía, que acusa a la jueza instructora, Carmen Rodríguez-Medel, de no haber practicado por sí misma “ni una sola diligencia de instrucción; todo ha sido encomendado a la Policía Judicial”.
En este sentido, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado que exigirán responsabilidades políticas después de que el Gobierno hiciera “caso omiso” de las advertencias relativas a impedir las manifestaciones del 8 de marzo que recogen informes como el del médico forense y ha achacado esa actuación a que estaba centrado en su “agenda ideológica”. Dicho esto, ha recalcado que el Ejecutivo “algo está intentado tapar” del 8M y ha subrayado que cuenta con “una fiscal patriótica” al “servicio del PSOE” como Dolores Delgado. En una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, García Egea ha calificado de “gravísimo” ese informe forense porque, según ha destacado, “se dice que los propios ministros y el Centro de Alertas Sanitarias no hicieron caso de algunos informes que estaban sobre la mesa y que aconsejaban tomar decisiones en determinadas materias”. En concreto, el segundo informe del médico forense adscrito al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid afirma que “la hecatombe en España” que ha devenido en la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus “se veía venir” desde semanas antes del 8 de marzo y que tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, conocían la situación.
(Diario La Razón)
