La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por parte de la Audiencia Nacional, bajo cargos que erosionarían los cimientos de cualquier democracia sana —organización criminal y tráfico de influencias—, no ha provocado en Ferraz la respuesta contundente que el código ético del partido exige. Al contrario, lo que hemos presenciado es el despliegue de una alfombra roja de impunidad y una complicidad que delata la verdadera naturaleza del sanchismo: la ley solo se aplica al enemigo o al peón sacrificable.
La decisión de no suspender de militancia a Zapatero no es solo una anomalía administrativa; es una quiebra total del criterio de ejemplaridad que Pedro Sánchez utilizó como bandera para llegar al poder. El PSOE ha decidido que existen militantes de primera y de segunda, y que el carné del partido es un escudo protector si quien lo porta es una pieza indispensable para el mantenimiento del actual ecosistema de poder en La Moncloa.
Una doble vara de medir que insulta a la inteligencia
El contraste con el historial inmediato del partido es sencillamente obsceno. Cuando el fango de la corrupción salpicó a José Luis Ábalos, el aparato del partido no tardó ni veinticuatro horas en empujarlo hacia el abismo. A Ábalos se le exigió el acta, se le repudió públicamente y se le convirtió en el chivo expiatorio de una trama que, como estamos viendo ahora, tiene ramificaciones mucho más profundas y elevadas. En aquel momento, la narrativa oficial era la de la «tolerancia cero». Sin embargo, esa tolerancia cero se ha convertido en «protección total» cuando el imputado es el mentor político de Sánchez.
La lista de agravios comparativos es extensa y demoledora. Hemos visto cómo se suspendía de militancia a concejales en Aragón, como Alfonso Gómez Gámez, o a miembros del comité regional basándose meramente en audios o sospechas iniciales. Vimos la caída fulminante de Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias ‘Tito Berni’, apartado al instante para evitar que el hedor de las fiestas y los sobornos llegara al despacho presidencial. Incluso en casos de denuncias anónimas por acoso, como los de Antonio Navarro o Paco Salazar, el PSOE aplicó una guillotina preventiva sin esperar siquiera a la imputación judicial.
¿Por qué con Zapatero sí se espera? ¿Por qué para el expresidente no rige el principio de precaución que se aplicó con saña a cuadros medios y locales? La respuesta es tan evidente como desoladora: el PSOE no combate la corrupción, gestiona el daño que esta le hace a su imagen. Y Zapatero, el hombre que susurra a los oídos de Puigdemont y que actúa como «coach» electoral de Sánchez, es demasiado valioso para ser tratado como un simple mortal sujeto a las reglas del partido.
El refugio del «lawfare»: el último clavo ardiendo
Para justificar esta complicidad, la factoría de ficción de Moncloa ha rescatado el manido argumento del «lawfare». Según esta teoría conspiranoica, el juez Calama no está investigando una trama de desvío de dinero público y tráfico de influencias, sino que forma parte de una conjura judeomasónica-derechista para abatir a un referente de la izquierda. Es un insulto a la separación de poderes y a la lógica más elemental.
Intentan reducir la investigación a una querella de Manos Limpias, ocultando deliberadamente que lo que el juez investiga son hechos tangibles: las relaciones de Zapatero con Análisis Relevante, la empresa de su íntimo Julio Martínez, y los presuntos pagos por consultorías que terminaron en mercantiles vinculadas a las propias hijas del expresidente. No son «recortes de periódico», son rastros de dinero, facturas y adjudicaciones bajo sospecha en el polémico rescate de Plus Ultra, una aerolínea con apenas actividad que recibió 53 millones de euros del erario público mientras miles de pymes españolas echaban el cierre.
Zapatero: el arquitecto de la corrupción
La razón por la cual nadie en la cúpula de Ferraz se atreve a pedirle el carné a Zapatero es porque él es el soporte vital de Pedro Sánchez. Zapatero no es un expresidente en el retiro; es el negociador en la sombra, el puente con el independentismo y el principal activador de la base electoral más radicalizada. Apartarlo significaría reconocer que el corazón del sanchismo está infectado por las mismas prácticas que el partido denunció en la moción de censura de 2018.
Pedro Sánchez ha dado la orden directa de «defender su nombre». Al hacerlo, ha vinculado su destino personal y el de todo el Gobierno al resultado de esta investigación judicial. Es una apuesta suicida que arrastra al PSOE a una posición de complicidad sistémica. El mensaje que se envía a la sociedad es nefasto: si eres útil al líder, las normas no van contigo. Si eres el guardián de los secretos de Ginebra y el aliado de Caracas, la Audiencia Nacional es solo un «ruido mediático» que se puede ignorar con soberbia tiránica.
Un partido en quiebra moral
La crisis de Plus Ultra y la imputación de Zapatero son la traca final de una legislatura marcada por el asedio a las instituciones. La complacencia del PSOE ante estos hechos demuestra que el partido ha perdido su brújula ética si es que alguna vez la tuvo. Lo que hay es una estructura dedicada a la supervivencia, donde la lealtad al jefe puntúa más que la honradez y donde la corrupción se clasifica según quién la cometa.
En conclusión, el caso Zapatero es el espejo donde se refleja el fracaso moral del socialismo en general y del sanchismo en particular. Al romper el criterio aplicado a Ábalos y otros cargos, el PSOE confirma que su discurso contra la corrupción es meramente instrumental. Es mentiroso y falaz. La impunidad de la que goza el expresidente es el síntoma de un partido que ha decidido atarse al mástil de un barco que hace aguas, prefiriendo hundirse con sus referentes antes que limpiar su propia casa. La hipocresía ha dejado de ser una táctica política para convertirse en la seña de identidad de un socialismo que no tiene lecciones que dar a nadie.
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