La libertad de expresión y de prensa en España atraviesa uno de sus momentos más oscuros, no por la falta de medios, sino por la persecución quirúrgica y sectaria que se ejerce desde las instituciones más altas del gobierno de Sánchez. La mesa del Congreso de los Diputados, bajo el mandato de Francina Armengol, se ha transformado en un tribunal de excepción donde la disidencia se paga con la expulsión. La noticia de que la Cámara Baja centra toda su actuación disciplinaria exclusivamente en Vito Quiles y Bertrand Ndongo es la prueba definitiva de que la Mesa del Congreso, liderada por el rodillo de PSOE y los comunistas de Sumar actúan como el brazo ejecutor de una izquierda que no tolera preguntas incómodas. Son los nuevos comisarios políticos de la checa del Congreso.
El embudo de la disciplina: Solo para los críticos
Resulta estadísticamente imposible y políticamente revelador que, entre los cientos de profesionales acreditados en la Cámara, solo dos periodistas vinculados a medios críticos con el gobierno tengan expedientes abiertos. Esta exclusividad en la represión no responde a criterios de conducta, sino a una clara voluntad de silenciar voces que han roto el cómodo consenso de la sala de prensa parlamentaria. La Mesa ha acordado suspender cautelarmente y de forma indefinida las acreditaciones de ambos, una medida de censura y represión que busca amedrentar a cualquier otro comunicador que ose salirse del guion oficialista.
La decisión, impulsada personalmente por Francina Armengol, ha salido adelante gracias a la alianza natural entre socialistas y comunistas. Es la constatación de que para el bloque de poder actual, el Congreso no es la casa de la palabra, sino su cortijo privado. Mientras se permite que otros periodistas actúen como auténticos comisarios políticos al servicio del Gobierno, se persigue con saña a quienes incomodan al poder con su presencia y sus preguntas en las ruedas de prensa.
El procedimiento administrativo invocado para esta suspensión, apoyado en la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, es simplemente el envoltorio legal para una decisión puramente represora y política. Aunque la suspensión es cautelar, el daño ya está hecho: se impide el ejercicio del periodismo a pie de calle —o de escaño— mientras se tramitan más de una docena de expedientes que parecen redactados de antemano para concluir en una sanción definitiva. Los afectados ya han anunciado que acudirán a los tribunales, donde se espera que la Justicia ponga freno a este delirio autoritario de la Mesa.
El Consejo Consultivo: El ministerio de la verdad
La creación del Consejo Consultivo de Comunicación, tras la reforma del Reglamento en 2025, ha resultado ser el instrumento perfecto para la purga. Este organismo, que cuenta con representantes de grupos parlamentarios y asociaciones de periodistas afines, actúa como un «Ministerio de la Verdad» orwelliano. Bajo el pretexto de regular la actuación profesional, lo que se ha creado es un filtro ideológico. La Mesa alega un «intolerable nivel de violencia verbal», una excusa subjetiva y elástica que la izquierda utiliza siempre que alguien le afea la conducta o le pregunta por sus escándalos de corrupción.
Es irónico que quienes hablan de «normal funcionamiento de la Cámara» sean los mismos que la han bloqueado, degradado y utilizado para tramitar leyes de nula constitucionalidad. La verdadera «violencia» en el Congreso no viene de las preguntas de un periodista, sino de la degradación institucional a la que el PSOE y Sumar someten a diario a la sede de la soberanía nacional. Quiles y Ndongo, con su fuerte presencia en redes sociales, han logrado saltarse el filtro de los medios tradicionales, y eso es precisamente lo que el régimen no puede perdonar.
Un precedente peligroso para la democracia
La persecución contra EDA TV y Periodista Digital, medios por los que acceden los sancionados, es un aviso a navegantes. Si no eres un medio que recibe subvenciones o que baila al son de la Moncloa, tus periodistas están en el punto de mira. Este sectarismo represor no solo afecta a dos personas; hiere de muerte el pluralismo necesario en cualquier democracia que se precie de serlo. La Mesa del Congreso está estableciendo un sistema de «licencias de buen comportamiento político» que nada tiene que ver con la ética periodística y todo con la supervivencia del relato gubernamental.
La frontera entre el periodismo y el activismo es el nuevo campo de batalla que utiliza la izquierda para deslegitimar a los críticos. Sin embargo, en un Congreso donde la mayoría de las preguntas están pactadas y los silencios son cómplices, la irrupción de voces que rompen la monotonía es un acto de salud democrática, guste más o menos el estilo de los interlocutores. La represión actual es la prueba de que el poder tiene miedo a la verdad y a la exposición pública de sus contradicciones.
El final de la libertad en la Cámara
El espectáculo ofrecido por la Mesa del Congreso es lamentable. Mientras el país observa cómo se desmantelan los controles al Ejecutivo, la prioridad de Armengol y sus socios es expulsar a dos periodistas y comunicadores por «molestos» a la dictadura de Sánchez. España no puede permitirse que su Parlamento sea un lugar donde se persigue la libertad de expresión.
La historia juzgará este periodo como aquel en el que el sectarismo se convirtió en ley y la censura en reglamento, siempre bajo la falsa bandera de la convivencia y el respeto.
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