La frialdad de los números de Eurostat en su edición 2025 de «La vivienda en Europa» es el certificado de defunción de la política de vivienda del sanchismo. Desde que Sánchez habita en la Moncloa, el esfuerzo necesario para adquirir un hogar ha crecido un 15% en España, una cifra que sonroja si se compara con el raquítico 5% de media en la Unión Europea. Es decir, la dificultad para acceder a la propiedad en nuestro país crece tres veces más rápido que en el resto del continente.
Mientras en potencias como Francia o Italia la asequibilidad ha mejorado gracias a políticas que incentivan la oferta y protegen la propiedad privada, en España el indicador de esfuerzo creció un 2,3% solo en el último año, justo cuando en la UE descendía un 1,7%. Estamos ante una anomalía ibérica provocada por un intervencionismo feroz que, lejos de ayudar al vulnerable, lo expulsa del mercado. El encarecimiento de los pisos en la última década ha sido del 80% en España, frente al 16% de Italia o el 27% de Francia. La brecha no es circunstancial; es el resultado directo de una gestión que prefiere el titular ideológico a la solución habitacional.
La brecha entre salarios y precios: el empobrecimiento de la clase media
El relato gubernamental sobre la subida de los salarios se estrella contra el muro de la inflación inmobiliaria. Aunque la renta disponible per cápita en España ha crecido un 47% en la última década, este aumento es papel mojado frente al incremento del 80% en el precio de la vivienda. El español medio es hoy más pobre en términos relativos porque el coste de su necesidad más básica —el techo— ha devorado cualquier ganancia salarial.
En el último año, el crecimiento de los precios en España (12,5%) ha doblado la media de la Unión Europea (5,5%). Esto significa que un joven español tiene que trabajar el doble de tiempo o endeudarse el doble de lo que lo haría un joven alemán o francés para alcanzar la misma meta. La pasividad del Ejecutivo ante esta realidad, centrada únicamente en atacar al «gran tenedor» y sobrerregular el alquiler, ha generado un efecto bumerán que ha secado la oferta de compra y ha disparado los precios por falta de stock.
Cae la construcción de edificios: el colapso de la oferta bajo el sanchismo
Cualquier estudiante de primero de económicas sabe que, ante una demanda creciente, si la oferta no aumenta, los precios se disparan. El Gobierno de Sánchez parece ignorar esta máxima o, peor aún, torpedearla deliberadamente. Según Eurostat, la construcción de edificios en España se ha desplomado un 33% desde 2021, mientras que en la UE el descenso apenas ha sido del 8%.
¿Cómo es posible que en plena crisis de vivienda la construcción caiga de esta forma? La respuesta está en la inseguridad jurídica. La Ley de Vivienda de Sánchez, que protege al okupa y al inquilino moroso por encima del propietario legítimo, ha ahuyentado la inversión y ha paralizado nuevos proyectos. Nadie construye si no tiene la certeza de que podrá gestionar su propiedad. Además, el porcentaje de inversión pública en vivienda sigue estancado en un ridículo 0,2% del PIB desde 2019, una cifra marginal que demuestra que las promesas de «vivienda pública» son poco más que humo electoralista. Mientras Italia alcanzaba un 4% de inversión pública para paliar la crisis, Sánchez se limitaba a dar ruedas de prensa anunciando pisos que nunca se llegan a levantar.
Una nación de propietarios al borde del impago
A pesar de los obstáculos, los españoles mantienen una fuerte cultura de propiedad (73%), superior a la media europea. Sin embargo, esta propiedad está hoy más amenazada que nunca. España registra retrasos en el pago de hipotecas en el 5,2% de la población, casi el doble que el 3% de la media comunitaria.
La combinación de tipos de interés altos, una inflación que no da tregua y una política fiscal voraz ha puesto a las familias contra las cuerdas. El Gobierno, en lugar de deflactar el IRPF o reducir los impuestos asociados a la compra de vivienda (como el ITP o el IVA, que en España son de los más altos de Europa), prefiere mantener la presión fiscal mientras el ciudadano medio dedica más de la mitad de su sueldo solo a pagar la hipoteca.
Un modelo agotado e ideologizado
La política de vivienda de Pedro Sánchez es un catálogo deliberado de fracasos encadenados. Al centrar su estrategia en el castigo al mercado y la protección de los que atentan contra la propiedad privada, ha destruido la confianza de los inversores y ha asfixiado a los compradores. Los datos de Eurostat son la prueba irrefutable de que el «modelo de Sánchez» de vivienda es hoy el hazmerreír de Europa y el calvario de sus ciudadanos.
No se trata solo de que la vivienda sea cara; se trata de que el Estado, con sus leyes ideologizadas y sectarias, está impidiendo activamente que se construya más y que los precios bajen por la vía de la abundancia. Mientras el resto de las grandes economías del euro corrigen el rumbo y mejoran su asequibilidad, España sigue anclada en una espiral de encarecimiento y falta de oferta que solo beneficia a quienes ya tienen el patrimonio asegurado, condenando al resto a una vida de alquiler precario o endeudamiento perpetuo. La vivienda es el mayor fracaso social de esta legislatura y la evidencia más clara de que Sánchez gobierna de espaldas a la realidad económica de las familias españolas.
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