Sánchez crea un grupo censor contra la libertad de expresión que vigilará las redes sociales y eliminará opiniones que ellos consideren “inapropiadas”.
Vigilancia estatal con apoyo de las grandes tecnológicas
El régimen de Pedro Sánchez da un paso más hacia el control total del discurso público. Bajo la excusa de combatir el “discurso de odio”, ha creado un grupo censor contra la libertad de expresión, con la misión de vigilar permanentemente lo que los ciudadanos publican en redes sociales.
La medida fue anunciada tras una reunión liderada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, con representantes de gigantes tecnológicos como Meta, Google, TikTok y X (antes Twitter).
La excusa oficial es “garantizar un entorno digital más seguro y respetuoso”, pero en la práctica será el propio gobierno quien decidirá qué contenidos son aceptables y cuáles deben desaparecer del debate público. Pura censura. Pura dictadura.
El nuevo grupo de seguimiento: censura disfrazada de protección
El resultado de este encuentro ha sido la creación de un grupo censor contra la libertad de expresión —eufemísticamente llamado “grupo de seguimiento permanente”— que operará como una especie de policía ideológica en la red.
Este organismo monitorizará mensajes, publicaciones, comentarios y cuentas en redes sociales, en colaboración directa con las plataformas. Ellas estarán obligadas a eliminar los contenidos considerados ofensivos, peligrosos o, simplemente, disidentes.
No estamos ante una política de convivencia, sino ante la instalación de una estructura de censura institucionalizada al servicio de un gobierno cada vez más autoritario.
Datos oficiales que confirman la deriva totalitaria
Durante la reunión, Elma Saiz presentó los informes elaborados por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE). Esta institución pública ya está elaborando listados de publicaciones potencialmente “delictivas”.
En 2024, el observatorio notificó casi 3.000 publicaciones, de las que un 35 % fueron eliminadas. En lo que llevamos de 2025, ya se han detectado más de 500.000 mensajes etiquetados como “discursos de odio”. Un tercio de ellos han sido borrados.
Esto confirma que la censura ya está en marcha, y el nuevo grupo solo servirá para ampliarla, con la legitimidad de los algoritmos y el respaldo de las tecnológicas.
“Trusted flaggers”: delación digital autorizada por el Estado
Uno de los pilares de este sistema será el uso de los llamados “trusted flaggers”: organizaciones designadas por el Gobierno para señalar contenidos a eliminar. Estas entidades, homologadas ideológicamente, tienen influencia real en el ecosistema digital.
Estas entidades —con la bendición del poder— tienen casi tres veces más éxito a la hora de lograr que una publicación desaparezca. En otras palabras: el derecho a quejarse ya no es igual para todos.
Así, se institucionaliza un sistema de delación digital, donde lo importante no es la verdad, sino si la opinión es funcional o no al discurso oficial.
El verdadero objetivo: acallar a los críticos del sistema
El pretexto es “luchar contra el odio”. Pero lo que se está instalando es una maquinaria de censura. El grupo censor contra la libertad de expresión no se orienta a combatir delitos reales, sino a eliminar el disenso, las críticas y hasta las bromas políticamente incorrectas.
Cualquier contenido que cuestione la ideología de género, el multiculturalismo forzado, la inmigración descontrolada o los excesos del Gobierno puede ser tachado de “discurso de odio” y eliminado sin más.
Esto ya no es solo control político. Es un ataque directo a la libertad de pensamiento, donde el Estado se erige en árbitro y juez de lo que puede o no decirse. Una lógica propia de dictaduras, .
