Terremoto político: La Comisión Europea acusa al Gobierno de impulsar una amnistía “contraria al Estado de Derecho”

La Comisión Europea califica de «autoamnistía» y nefasta la ley pro-Puigdemont de Sánchez

La ley de amnistía “contraria al Estado de Derecho y promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez para los responsables del golpe separatista catalán del 1O ha cruzado definitivamente las fronteras nacionales.

La Comisión Europea, en un informe demoledor presentado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha detallado varios elementos que ponen en entredicho tanto su legitimidad como su compatibilidad con los principios comunitarios: califica la norma como una “autoamnistía” y considera que es “contraria al principio del Estado de Derecho”.

En primer lugar, el documento señala que la ley ha sido diseñada para beneficiar directamente a quienes facilitaron su aprobación: los partidos separatistas y golpistas catalanes cuyos votos resultaron decisivos para investir a Sánchez. . Tal y como recoge el texto: “los votos de sus beneficiarios han sido fundamentales para su aprobación en el Parlamento español” y se trata claramente de “parte del acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno”.

Esto supone una perversión de la democracia parlamentaria: el beneficio penal a cambio de apoyo político. En lugar de velar por el interés general, el Gobierno de Pedro Sánchez ha antepuesto la supervivencia de su mandato a los valores constitucionales y europeos.

Terremoto político

Esta toma de posición supone un auténtico terremoto político y ha puesto patas arriba las intenciones de Sánchez. Bruselas no solo pone en entredicho la constitucionalidad interna del texto, sino que subraya su posible incompatibilidad con los valores fundacionales de la Unión Europea.

Advertencias de Bruselas y condena del Parlamento Europeo

La Comisión Europea también subraya que la ley de amnistía española no responde a un fin legítimo conforme a los estándares de la Unión Europea. Desmonta así uno de los principales argumentos del PSOE, que ha tratado de vestir de reconciliación lo que en realidad es una claudicación política.

Además, se critica la tramitación urgente de la norma, ignorando recomendaciones clave como las del informe de la Comisión de Venecia, que exigía mayor debate y consenso institucional. Esta precipitación legislativa ha sido una constante en el gobierno de Sánchez, especialmente cuando se trata de medidas que desafían el marco constitucional.

Otro aspecto especialmente grave es la presión que se ejerce sobre el poder judicial. La ley impone plazos restrictivos —dos meses— para que los jueces resuelvan sobre los casos afectados, lo que impide un análisis profundo y garantiza la impunidad.

Una vulneración flagrante del Estado de Derecho

El Parlamento Europeo, en un hecho sin precedentes, ha aprobado una condena formal a la ley. El texto no deja lugar a dudas: “Lamenta los ataques al Estado de Derecho y la separación de poderes perpetrados por el Gobierno español”. Esta condena deja en evidencia la gravedad del atropello cometido.

El dictamen europeo interpreta la norma como un intento del Ejecutivo para borrar las consecuencias legales del golpe de estado del 1O con fines estrictamente políticos. Lejos de promover la paz, la ley genera una fractura aún mayor en la legalidad y credibilidad del sistema.

El Constitucional dividido y Europa vigilante

Mientras la Eurocámara y la Comisión Europea han sido claras en sus críticas, en España el debate continúa. El Tribunal Constitucional, presidido por el socialista Cándido Conde-Pumpido, enfrenta una división interna sobre la constitucionalidad del texto.

Algunos magistrados han solicitado suspender cualquier decisión hasta que el TJUE se pronuncie de forma definitiva. Informes técnicos internos advierten del peligro que esta ley representa para el orden jurídico nacional.

La moneda de cambio: votos separatistas por impunidad

Pocos dudan ya de que la ley de amnistía española fue la condición exigida por los separatistas para investir a Pedro Sánchez tras las elecciones. Incluso desde Europa se ha reconocido esa relación directa entre amnistía e investidura.

El Parlamento Europeo ha sido contundente: la amnistía es parte del acuerdo político entre el PSOE y las fuerzas separatistas. Este vínculo invalida cualquier intento de justificar la medida como parte de un proceso de reconciliación. La ley de amnistía no busca la paz social, sino la permanencia en el poder a cualquier precio.

La ley de amnistía española representa uno de los mayores atracos a la legalidad jurídica y al Estado de Derecho en España. Su aprobación ha provocado una ruptura con los principios fundacionales de la Unión Europea y una grave erosión del equilibrio de poderes.