Ética, moral y derecho a la vida | Eusebio Alonso

La ética es una rama de la filosofía que estudia y sistematiza los conceptos del bien y del mal. Esta disciplina tiene como objetivo definir de forma racional qué constituye un acto bueno o virtuoso, con independencia de la cultura en la que se enmarque.

Por otro lado, la moral se define como el conjunto de normas que rigen el comportamiento de las personas que forman parte de una sociedad determinada, de modo que puedan contribuir al mantenimiento de la estabilidad y de la estructura social.

La moral se encarga de determinar qué conductas son adecuadas y cuáles no en un contexto determinado, mientras que la ética se refiere a los principios generales que definen qué comportamientos son beneficiosos para todas las personas. Es decir, la moral matiza e incluso podría llegar a pervertir, según conveniencia social, los principios de la ética.

En determinados momentos de la historia y en determinadas sociedades, la moral se ha apartado de la ética por razones de interés, usando para ello rebuscadas argumentaciones. Cuando surge el inevitable conflicto entre valores, se opta por una solución basada en el establecimiento de prioridades entre aquellos valores enfrentados. Como esto suele resultar insuficiente para dar consistencia a la solución escogida y tranquilizar las conciencias, se adereza con argumentos seudocientíficos que refuerzan el diseño moral y buscan dar una racionalidad incuestionable a la solución escogida. Tenemos un par de ejemplos que son de rabiosa actualidad.

El primero de ellos es el aborto. El aborto contraviene el derecho a la vida con el agravante de indefensión. Sin embargo, puede resultar socialmente conveniente para tratar una serie de supuestos como el embarazo que es resultado de una violación, cuando el feto trae algún tipo de discapacidad o tara física o psíquica, cuando el embarazo puede afectar gravemente a la salud corporal o psicológica de la embarazada, o simplemente por decisión voluntaria sin que concurra ninguno de los casos anteriores siempre que el aborto se realice antes de que se supere un determinado número de semanas de gestación.

El conflicto con el derecho a la vida se produce respecto al supuesto “derecho” de la libertad de la embarazada a decidir libremente sobre lo que atañe a su cuerpo. Argumento muy cuestionable ya que no todo el mundo considera que el feto que lleva en su vientre la embarazada es parte del cuerpo de esta, sino un ser diferente, aunque totalmente dependiente del cuerpo que lo alberga. Para zanjar el conflicto, resulta muy conveniente argumentar que el feto no se considera humano hasta alcanzadas unas determinadas semanas de gestación, por lo que cualquier actuación antes de alcanzado este plazo no produciría conflicto alguno entre valores.

En el caso de la discapacidad o tara física del feto podría argumentarse que el embarazo a término produciría un ser con una calidad de vida lastrada e incapaz de alcanzar una vida plena, excusa al fin, por no argumentar que el coste social y familiar de llevar ese embarazo a término serían excesivamente elevados.

El aborto tras violación quedaría justificado por el daño psicológico que produce el embarazo durante toda la gestación, así como el desafecto que la madre podría tener con un niño fecundado de forma violenta e indeseada.

Está claro que alguno de los supuestos anteriores llevaría asociado un debate interminable de argumentos, según sensibilidades, en uno y otro sentido. Sin embargo, lo que más sorprende es que la sociedad no ofrezca más que una alternativa para dar solución a un embarazo no deseado o inconveniente. Siendo así, si tienes un problema y solo te dan una solución para resolverlo, es fácil entender que aceptes esa “solución” como mal menor sin cuestionar nada más. No resulta sorprendente que detrás de esta “solución” haya un negocio muy rentable. Supongo que es por aquello de hacer de la necesidad virtud.

Hay muchos estudios, que con frecuencia nuestra sociedad prefiere silenciar, sobre el impacto psicológico que tiene el aborto provocado en la madre. Impacto que le va a dejar secuelas durante toda su vida. Si se ofrecieran alternativas al aborto como la adecuada y puntual información sobre métodos anticonceptivos, ayudas a las embarazadas con dificultades, un sistema de adopción eficiente, protección y amparo adecuado por parte del estado de los niños repudiados, etc… el número de abortos descendería de forma significativa. La ratio de abortos en una sociedad es, sin duda, una medida de la falta de madurez y de la decadencia de ésta, por mucho que se quiera disfrazar de éxito social argumentando que en las sociedades con más abortos hay menos criminalidad ¡Vaya paradoja!

El segundo tema es la eutanasia. La eutanasia es otro paradigma más de adaptación conveniente de la moral, en el que se repiten sistemáticamente los mismos esquemas que con el aborto.

Con la eutanasia el valor atacado vuelve a ser el derecho a la vida cuando la persona afectada no puede decidir libremente, sino que son con frecuencia sus allegados, en base a una opinión facultativa, los que toman la decisión sin el consentimiento expreso del interesado. El conflicto se produce entre el derecho a la vida y la propuesta de evitar un sufrimiento innecesario cuando la enfermedad aboca de forma irreversible a la persona a una muerte segura. De esta manera, la eutanasia se viste de solución “piadosa”.

La eutanasia trataría pues, de dar solo una solución, la más rápida y más económica para la sociedad. Existen otras soluciones para evitar el sufrimiento del que se ve en ese trance, sin que hubiese necesidad de acelerar su paso al otro mundo, como son los cuidados paliativos, pero por desgracia éstos no están al alcance del 100% de la población ni hay una legislación que los regule. Obviamente, si pasas por el trance de una enfermedad dolorosa e irreversible y no te ofrecen más que una alternativa, es más que probable que la aceptes. Supongo que esa decisión tendría escasa validez ética al haberse tomado sin la libertad de poder elegir otra alternativa razonable.

El derecho a la vida lo defiende el artículo 15 de nuestra Constitución y el artículo 3 de la declaración universal de Derechos Humanos. ¿Quién tiene autoridad para decidir por otro, si una vida, por muchas limitaciones que tenga, vale la pena o no? ¿No estaremos abriendo un precedente peligroso que se acabará volviendo tarde o temprano en contra de nosotros mismos? La sociedad española debería reflexionar, por encima de cualquier interpretación de conveniencia, si ha escogido el camino adecuado.