España no invierte en las familias. Aunque duela decirlo, es la triste realidad. Las administraciones ningunean a las familias y su problemática. Y, como consecuencia de ello, la prestación social dirigida a este ámbito no es prioritaria para las administraciones con respecto a otras ayudas. Nuestro país cuenta con unas medidas de protección a la infancia muy escasas- casi nulas-, a diferencia de la mayoría de los países de la Unión Europea. Por eso- aunque no es la única causa- se produce una caída persistente y drástica de la natalidad año tras año, así como una población en su mayoría envejecida, con un problema evidente de la quiebra del Estado de Bienestar y el desafío futuro de sostener las pensiones.

En 2022 va camino de superar el mínimo histórico en natalidad en España. El INE acaba de publicar sus últimas estimaciones del número de nacimientos en el país el pasado mes de noviembre. Según los cálculos provisionales – pueden ser incluso peores-, alrededor de 302.290 nacimientos tuvieron lugar entre enero y noviembre de 2022. Y  es que pese el aumento poblacional en los últimos años, el estado español se encuentra en situación de natalidad crítica.

A nivel del índice de fecundidad (1,23), España lleva desde 1981 con una tasa menor de 2,1 e, incluso, desde 1987 no se ha superado 1,5 hijos por mujer. De esta manera, no sólo está muy lejos del nivel de reemplazo generacional (2,1), sino también, del ratio de la Unión Europea  y de la media mundial (2,3 hijos/mujer en 2020).

Evolución de las Políticas Familiares

Dentro de este contexto, España se encuentra a la cola en ayudas a la maternidad. El sistema de protección social a la infancia es débil, a diferencia de la mayoría de los países de la UE, por ejemplo, no cuenta ni con leyes ni con planes de apoyo a la familia. Nuestro país tan sólo invierte el 1,3% del PIB a estas prestaciones a la familia y a la infancia; lejos de la media europea del 2,2% y todavía más alejado de la inversión de países como Francia, que dedica un 2,4% de su PIB o Dinamarca, con el 3,5%. Según los últimos datos de Eurostat, nuestro Estado se coloca como uno de los países del continente que menos ayudas monetarias otorga. De cada 18 € que España dedica a gastos sociales, solo 1 euro se dedica a la familia.

Características de las prestaciones

Los subsidios familiares que posibilita el Estado español son diversos. En primer lugar, la ayuda familiar por hijo o menor acogido a cargo ha desaparecido. Ya no existe la asignación económica por cada hijo o menor de 18 años sin discapacidad o con un grado de discapacidad inferior al 33%. Esta prestación pasó a integrarse desde el 1 de enero de 2020 dentro del Ingreso Mínimo Vital.

Asimismo, la prestación por nacimiento y cuidado de menor para personas trabajadoras por cuenta ajena o propia, siempre que se encuentren en situación de alta y disfruten de los periodos de permiso por nacimiento y cuidado de menor. Sumado a esto, la deducción por maternidad, por el que las madres trabajadoras tienen derecho a una deducción de 1.200 euros anuales en el IRPF por hijos menores de tres años nacidos en territorio español. 

Del mismo modo, a partir del 1 de enero de 2022 se incluyó una ayuda de hasta 100 euros mensuales por hijo a cargo para quienes reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o tienen ingresos económicos bajos. Además de una reducción de jornada por lactancia y una bonificación del 45% para las familias numerosas que contraten a un empleado del hogar para ayudar a conciliar la vida familiar y laboral.

Invierno demográfico

España está en pleno invierno demográfico. Según estimaciones, en 2050, por cada 3 mayores de 65 años sólo habrá 5 personas en edad activa y las mayores de 85 años serán el mayor segmento de edad. Se producirá una gran desproporción con respecto a la población activa, que pondrá en riesgo el sistema público de pensiones y protección social, obligando a cambios drásticos en el modelo de sociedad.

Propuestas

Organismos como el Instituto de Política Familiar abogan por adoptar medidas que reviertan esta tendencia, como, por ejemplo, la elaboración de una ley de Protección a la Familia, maternidad y natalidad que asegure e incorpore la Perspectiva de Familia en toda la legislación y actuación pública. Además de promover medidas y programas de conciliación laboral y la convergencia gradual con la UE27.

(Con información de VozPopuli)